El logro de paridad de género debe reflejarse en políticas públicas, dicen

ELIUTH TRUJILLO SOTELO

Cimacnoticias 

Hoy se cumplen 60 años de que las mexicanas ejercieron por primera vez su derecho al voto en elecciones federales.

El 3 de julio de 1955 las mujeres participaron en la elección para diputaciones federales que integrarían la 43 Legislatura. En ese proceso resultaron electas cuatro candidatas.

A 60 años de esta lucha, de cientos y cientos de mujeres que han alzado la voz, la igualdad no ha llegado y se avizora (a regañadientes) la equidad de género.

Sin embargo, a pesar de la euforia por los resultados de la reciente jornada electoral a favor de las mujeres, ninguna instancia de gobierno hizo alusión a la fecha y mucho menos recordó o conmemoró el avance.

Pero la lucha inició 71 años antes del primer voto femenino, emitido por cierto por la esposa del presidente de México, Adolfo Ruiz Cortinez, la señora María de los Dolores Izaguirre.

Precisamente Ruiz Cortinez, siendo candidato a la Presidencia, prometió durante un mitin de campaña, ante 20 mil mujeres, la ciudadanía sin restricciones para las mujeres.

El 17 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo texto del artículo 34 constitucional: “Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir”.

En 1953 se reconoció el derecho al sufragio femenino y dos años más tarde, en 1955, se concretiza durante una elección federal.

LA HISTORIA

La lucha femenina por ejercer el derecho al voto en México da sus  primeras manifestaciones importantes en 1884 y 1887, cuando por primera vez una publicación, la revista femenina “Violetas del Anáhuac”, fundada y dirigida por Laureana Wright González y escrita solamente por mujeres, demandó el sufragio femenino.

Hacia 1910 surge el club femenil antireeleccionista “Las Hijas de Cuauhtémoc”, quienes protestaron por el fraude en las elecciones y demandaron la participación política de las mexicanas.

En 1916 se realizó el primer Congreso Feminista, impulsado por el general Salvador Alvarado como gobernador de Yucatán y varias organizadoras, acordando demandar que se otorgara el derecho al voto a las mujeres. 

En 1923 la Sección Mexicana de la Liga Panamericana de Mujeres convocó al Primer Congreso Nacional Feminista, en el que pidió la igualdad civil para que las mexicanas pudieran ser electas en los cargos administrativos, y el decreto de igualdad política y la representación parlamentaria por parte de agrupaciones sociales.

Un mes más tarde, el gobernador de San Luis Potosí, Aurelio Manrique, expidió un decreto en el que se concedía a las potosinas el derecho a votar y a ser electas en comicios municipales.

Hacia 1935, por primera vez, las mujeres participaron en las votaciones internas del Partido Nacional Revolucionario (PNR), y conformaron el Frente Único Pro Derechos de la Mujer (FUPDN), encaminando sus demandas de clase y reivindicaciones de género.

En 1937 el presidente Lázaro Cárdenas envió al Senado la iniciativa para reformar el artículo 34 constitucional, como primer paso para que las mujeres obtuvieran la ciudadanía.

En 1938 la reforma se aprobó y ese mismo año lo fue en la mayoría de los estados. En 1946 la Cámara de Diputados hizo una adición al artículo 115 constitucional, que establecía que en las elecciones municipales participarían las mujeres en igualdad de condiciones que los varones, con el derecho a votar y ser electas.

AVANCES LEGALES

En estos 70 años se iniciaron las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), estableciéndose en 1998 las acciones afirmativas para garantizar espacios en las candidaturas a las mujeres para cargos de representación popular, y con ello se homologaron también las leyes electorales estatales, pese a la resistencia de los órganos de dirección y los liderazgos masculinos en los partidos políticos.

El entonces Instituto Federal Electoral (IFE) implementó las leyes emanadas de esas reformas para la organización de los procesos electorales, exigiendo a los partidos el cumplimiento de las cuotas de género, que si bien nunca fueron suficientes, obligó a que los institutos políticos respetaran la ley que ellos mismos habían aprobado por medio de sus representantes en el Congreso, y con ello se integraron más mujeres a las legislaturas estatales y la federal, principalmente diputadas de representación proporcional.

Sin embargo, la resolución de noviembre de 2011 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que resolvió que los partidos estaban obligados a registrar un mínimo de 40 por ciento de candidatas para diputaciones y senadurías, dio a las mujeres un reconocimiento a su lucha por la igualdad, y con ello en la actual 62 Legislatura la presencia de diputadas y senadoras se incrementó, ocupando 37 y 32 por ciento, respectivamente.

Esta resolución favorable fue resultado de un proceso de inconformidad de 10 mujeres de diferentes partidos ante el TEPJF, demostrando de nuevo que las conquistas políticas son obtenidas por las propias mujeres.

La reforma electoral de febrero de 2014, aprobada por la mayoría de las bancadas partidistas en el Congreso de la Unión, a partir de la reforma constitucional promovida por el Ejecutivo, con la que se crea la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Instituto Nacional Electoral (INE), además de que se estipulan las candidaturas independientes y la paridad de género.

RESULTADOS 2015

Con los resultados de la reciente elección, la próxima Legislatura federal que inicia el 1 de septiembre estará conformada por 210 mujeres (117 de mayoría relativa y 93 plurinominales), que representan el 42 por ciento de las curules.

En los 16 estados de la República donde se realizaron elecciones concurrentes, incluyendo a aquellos donde las mujeres conquistaron la paridad en sus leyes electorales por resoluciones de sus tribunales electorales, 146 mujeres ocuparán escaños de mayoría relativa ocupando 40 por ciento, quedando pendientes las diputaciones plurinominales, pudiendo aumentar este porcentaje.

En los ayuntamientos, a pesar de que no todas las leyes electorales de los 15 estados donde se renovaron las alcaldías se reformaron para establecer la paridad en candidaturas, los logros para las mujeres también fueron positivos: de un total de 871 municipios, 104 serán gobernados por una alcaldesa.

Anteriormente había un recuento de 86 presidentas municipales. Con el aumento, las mujeres representarán ahora 11.9 por ciento de quienes encabezan el total de las alcaldías.

En todos los estados hubo impugnaciones de los partidos contendientes, por lo que estos porcentajes de diputadas y alcaldesas podrían variar.

Mientras tanto en Guerrero, derivado de la reforma electoral de 2014 sobre paridad de género, 384 mujeres ocuparán cargos de elección popular en el estado.

La paridad también llegó a las diputaciones federales: de las nueve curules que representan a Guerrero, cuatro fueron ganadas por mujeres, es decir 40 por ciento.

La presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Marisela Reyes Reyes, informó que de los 81 ayuntamientos, 20 estarán presididos por mujeres, representando 24.7 por ciento del total.

Tras la elección de 2012, 77 ayuntamientos quedaron a cargo de hombres y sólo cuatro fueron ganados por mujeres. Con los resultados del reciente proceso, el número de presidentas municipales tuvo un incremento de 400 por ciento, en comparación con la elección inmediata anterior.

En tanto, en la integración del Congreso local, de 46 curules, 19 serán para las mujeres, lo que significa 41.3 por ciento de presencia femenina.

Sin duda, un progreso muy significativo, ya que en las últimas seis legislaturas (desde hace 18 años) el número máximo obtenido fue de 13 diputadas. En la saliente Legislatura hay nueve mujeres. 

Por otro lado, respecto a la integración de los cabildos, de 86 sindicaturas municipales, 61 corresponderán a mujeres, 70.9 por ciento del total. Mientras que de 586 regidurías, 274 serán para mujeres, es decir 46.7 por ciento.

LAS OPINIONES

Muriel Salinas Díaz, coordinadora estatal de la Red para el Avance Político de las Mujeres de Guerrero, considera que si bien las mexicanas hemos transitado del sufragismo al paritarismo, y hemos alcanzado en este proceso electoral cifras históricas de representación política en el estado, la reforma constitucional de la paridad electoral constituye uno de los progresos más relevantes de la vida democrática nacional.

Agrega que en las entidades federativas la armonización de la paridad de género se logró gracias a las organizaciones civiles por los derechos políticos de las mujeres, y es así como en estados como Guerrero, Morelos, Querétaro, Baja California y Coahuila se conquistó la paridad municipal a golpe de sentencias inapeables, y muy a pesar de los partidos políticos.

Salinas Díaz informó que en Guerrero la Red para el Avance Político de las Mujeres instrumentará junto con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), las vocales ejecutivas del INE y el IEPC, un ejercicio de evaluación participativo y multipartidario del impacto de la paridad en el proceso y los resultados electorales.

“Tenemos que recuperar las experiencias vividas de las ciudadanas que participaron en este proceso como precandidatas y candidatas a cargos electivos, e identificar junto con ellas los principales facilitadores y obstáculos que enfrentaron.

“Construir colectivamente propuestas de solución frente a los obstáculos e integrar una nueva agenda legislativa orientada a consolidar la paridad local y ampliar el marco de los derechos políticos de todas las guerrerenses”, expresó. Para ello se realizarán próximamente cuatro foros regionales.

Por su parte, la diputada local priista Norma Yolanda Armenta comenta que a 60 años de que las mujeres acudieron a las urnas a votar por vez primera, actualmente las mexicanas transitan en una lucha histórica de generaciones por la igualdad, la equidad y ahora por la paridad, para acceder a los puestos de toma de decisiones más importantes, los de elección popular.

“Es ésta una gran lección histórica, que obliga a las mujeres, pero sobre todo a los varones, a pensar y actuar, con perspectiva de género, y a dejar atrás la lucha sexista para vernos de igual a igual”, destacó.

Los resultados electorales reportan que las guerrerenses ganaron cuatro de nueve Distritos electorales federales; 11 de 28 Distritos locales, y 20 de 81 municipios.

Además, de más de 60 síndicas y un mayor número de regidoras, el avance es muy importante, acota Norma Yolanda Armenta, quien ha sido coordinadora regional de la Red de Mujeres Campesinas de la Confederación Nacional Campesina (CNC), y actual secretaria general del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (Onmpri).

Maria Luisa Garfias Marín, integrante de la Asociación Civil Aliadas por la Justicia, considera que la invisibilidad de los derechos políticos de las mujeres en la sociedad, los gobiernos y los partidos generó que los diferentes grupos de feministas, de defensoras de Derechos Humanos y mujeres de los partidos se organizaran y movilizaran exigiendo al gobierno sufragio efectivo, es decir, reconocer también la ciudadanía para ser electas y ocupar puestos de representación popular en igualdad con los varones.

“Larga ha sido la batalla que las mujeres hemos dado porque nos reconozcan como ciudadanas de primera; nuestras conquistas han sido producto de quienes hemos convertido la lucha por nuestros derechos políticos como una bandera fundamental, y de quienes al llegar a las legislaturas construyen alianzas para aprobar las reformas a las leyes electorales; para ello hemos contado también con aliados”, apunta la también ex diputada local.

Finalmente observa que el balance para las mujeres en este proceso electoral reciente, a pesar de que aún no termina, es “positivo”; nos acercamos al 50 por ciento, sin embargo no cantamos victoria, nos falta un largo trecho por andar.

“Requerimos que todas las leyes estatales establezcan la paridad ‘horizontal’ y ‘vertical’; requerimos que las mujeres en la Legislatura federal y las estatales, así como en los ayuntamientos,  legislen y aprueben presupuestos con perspectiva de género y las apliquen. Necesitamos nuevas formas de hacer política, pero también requerimos que la paridad se establezca en los otros poderes, el Ejecutivo y el Judicial”, demanda.