Funcionarios de Guanajuato, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Jalisco y Zacatecas hablaron sobre cómo atacar a la corrupción
La sociedad quiere ver instituciones serias, confiables, profesionales que sirvan al país para evitar actos de corrupción, expresó Francisco Antonio Ordaz Hernández titular de la unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría Función Pública (SFP) federal.
Lo anterior al inaugurar la primera Reunión Regional Centro Occidente de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación (CPCE-F) en el salón de recepciones de Palacio de gobierno.
Aquí, el funcionario federal señaló que los retos para las instituciones de control en el país serán la colaboración, respeto y responsabilidad compartidos para terminar con la corrupción, influyentismo y malas prácticas.
Es indispensable, dijo, tener mejora normativa regulatoria continua en la vigilancia de recursos públicos y su aplicación en programas sociales; además de reglas claras de operación para que no haya lagunas jurídicas que entorpezcan los procesos de vigilancia.
El coordinador nacional de la CPCE-F, Juan Pablo Yamuni Robles, agradeció la presencia de los contralores de Guanajuato, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Jalisco y Zacatecas para discutir el tema de mejora normativa regulatoria.
Yamuni Robles se pronunció por que en las mesas de trabajo de esta primera reunión regional centro occidente surjan decisiones importantes en favor del país y poderlas replicar en todos los estados.
A nombre del gobernador Miguel Alonso Reyes, el Secretario de la Función Pública (SFP) estatal, Guillermo Huizar Carranza, dio la bienvenida a los participantes a la Primera Reunión Regional Centro-Occidente CPCE-F y a las autoridades federales.
Huizar Carranza mencionó que el objetivo es desarrollar líneas de acción establecidas en el programa de trabajo 2015 de la región, en materia jurídica y mejora normativa, para lo cual se crearon dos proyectos divididos, a su vez, en varias líneas de acción.
Zacatecas, dijo, es responsable de promover la revisión y actualización de las legislaciones locales para ampliar plazos de prescripción, facultades para iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa y reducir tiempos para su desahogo.
Esto tiene como objetivo analizar las disposiciones normativas en materia de prescripción para inicio de procedimientos de responsabilidades administrativas vigentes en el país por medio de un cuestionario a los Órganos Estatales de Control (OEC).
Nayarit, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes y Colima se encargarán de líneas de acción para desarrollar e impulsar propuestas de actualización de la normativa aplicable a los programas y fondos federales transferidos a las instancias ejecutoras locales.
También elaborarán un diagnóstico de las legislaciones locales que definen, regulan y sancionan el conflicto de interés y permita presentar un documento con propuestas para incorporar y homologar su contenido en los sistemas legales que lo requieran.
Asimismo, analizarán la normatividad aplicable en todo los órdenes, en materia de registro y control de servidores públicos y particulares, para elaborar un diagnóstico que permita promover la instrumentación de un registro nacional único.
