Inaceptables, premura e improvisación, señala Alfonso Ramírez; lo más grave es la absoluta marginación del Senado de la República
Peña acelera peligrosamente el proceso de negociación, ante la inminente sucesión, advierte
El pasado 17 de julio el gobierno de Estados Unidos formalizó los temas que le interesan discutir en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Vale recordar que desde la campaña del actual presidente Donald Trump, su compromiso de revisar el Tratado con México y Canadá, provocó un período de gran incertidumbre para la economía, que ha sido puesta en condiciones de gran vulnerabilidad por los últimos gobiernos, declaró en un comunicado el presidente nacional de El Barzón, Alfonso Ramírez Cuéllar.
Todo indica que la decisión del gobierno de Estados Unidos de revisar el TLCAN busca aprovechar la debilidad institucional del país, propiciada por la enorme corrupción que ha caracterizado a los últimos gobiernos y sus congresos comedidamente sometidos, que con una gran irresponsabilidad privatizaron el patrimonio de bienes estratégicos de los mexicanos. No es sólo la evidente corrupción en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es la descomposición de todo el sistema político y administrativo, consideró.
A partir de los lineamientos presentados el 17 de julio, Estados Unidos pretende ser el único beneficiado. Bajo la divisa fundamental de ir disminuyendo su déficit y protegiendo sus productos agrícolas, pecuarios y pesqueros, la manufactura y la industria textil quiere imponer la reducción de las exportaciones mexicanas, precisa el boletín.
Se ha quitado el propósito de establecer aranceles. Pero al imponer el ESQUEMA DEL ACUERDO AZUCARERO”, quieren obligar a reducir las exportaciones de productos y servicios con valor agregado. La afectación de la planta industrial, del empleo y del crecimiento de la economía resultará sumamente negativa.
Además afectando a la comercialización de productos, como el caso del azúcar (disminuyendo las importaciones), en aguacate (cerrando puertas por pretextos fitosanitarios), el caso del atún (con el etiquetado en defensa de los delfines), siendo este último dónde pudo intervenir la Organización Mundial de Comercio OMC, para sancionar a Estados Unidos por frenar el comercio nacional.
Se han limitado a analizar el señuelo enviado por el gobierno de Estados Unidos, en el supuesto falso de que ese país ha sido el perdedor del intercambio comercial del TLCAN. Así, a partir de ese supuesto falso, los funcionarios mexicanos se han limitado a desmentir, a buscar minimizar el posible efectos de nuevas disposiciones en materia de reglas de origen o mejorar las normas fitosanitarias, las operaciones aduanales, todos esos procesos que en realidad no tendrían mayor problema, si los recursos que se generan por el trabajo agregado por los trabajadores mexicanos se reinvierte en mejoras en el país. Eso no sucede.
Pero incluso, en ese aspecto hay temas en los que el gobierno mexicano muestra una gran opacidad. Por ejemplo, en lo relativo al endurecimiento de las reglas de origen del TLCAN, los mexicanos no sabemos realmente cuál es el porcentaje de integración regional de las exportaciones mexicanas o, en su caso, cómo supervisaremos el porcentaje de integración regional de las importaciones estadounidenses.
La propuesta económica del gobierno estadounidense tiene además otras complicaciones, como la que provocaría la reforma fiscal de Trump para reducir las tasas de impuestos a las utilidades y en ese mismo sentido, su negativa, en principio, para firmar la Convención Multilateral para la Implementación de Medidas Relacionadas con Tratados Tributarios para Prevenir la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS) o la intención de influir en los términos de la paridad, como se expresa en el documento que dio a conocer la Casa Blanca, como establecer un mecanismo para evitar que los países del TLCAN manipulen el tipo de cambio para ganar ventajas competitivas. Lo cual es absurdo en nuestra relación con el dólar, cuyos períodos de sobrevaluación no sólo han afectado a Estados Unidos, sino que han tenido un fuerte impacto en México.
A eso se agregar la intención del Gobierno de Estados Unidos, de establecer que en el caso de las inversiones se eliminen todas las barreras a las inversiones estadounidenses y, en lo que se refiere a las controversias relacionadas con el tratado, ya no se apliquen las disposiciones y salvaguardas vigentes, al grado que demandan eliminar el Capítulo 19 del Tratado, referente a solución de controversias.
Los mexicanos no debemos aceptar las negociaciones impulsadas por este gobierno, que en su desprestigio, abuso y falta de legitimidad, está dispuesto a recibir espejitos a cambio de que se les permita entregar el resto del país al extranjero, finalizó Ramírez Cuéllar.
