Zacatecas. Falla el pleno a favor de ciudadano que pide información sobre criterios para basificar y recategorizar en el Congreso estatal

El Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI) resolvió en sesión ordinaria de Pleno cinco inconformidades interpuestas por la ciudadanía ante la Legislatura del Estado, la Fiscalía General de Justicia del Estado, el Tribunal Superior de Justicia y los Ayuntamientos de Villa González Ortega y Guadalupe, así como una denuncia en contra del Ayuntamiento de Calera.

Julieta Del Río Venegas, comisionada, inició la ponencia del recurso de revisión interpuesto en contra de la Legislatura del Estado, derivada de que el sujeto obligado recibió una solicitud que contenía seis preguntas sobre basificaciones y recategorizaciones al personal durante el periodo de septiembre de 2017 a marzo de 2018. Ante la solicitud, la Legislatura emitió su respuesta en tiempo.

Sin embargo, el solicitante se inconformó ante la falta de contestación a una de sus preguntas, en torno a los criterios empleados para basificar o recategorizar al personal de septiembre del 2017 a marzo del 2018.

Por lo anterior, el Pleno declaró parcialmente fundada la inconformidad e instruyó a la Legislatura para que en cinco días proporcione al IZAI los datos que le fueron requeridos, a fin de dar vista de ellos al solicitante.

En el caso del recurso de revisión interpuesto en contra del Ayuntamiento de Villa González Ortega, Del Río Venegas explico que el recurso derivó de la falta de respuesta a una solicitud hecha de manera presencial al sujeto obligado acerca de la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los salarios de los trabajadores sindicalizados.

La Comisionada ponente explicó que, una vez iniciado el proceso, el sujeto obligado omitió manifestar al organismo garante la justificación de su falta de respuesta, por lo que el Pleno declaró fundado el motivo de la inconformidad e instruyó al Ayuntamiento de Villa González Ortega para que conteste si se efectúa la retención del ISR a sus trabajadores agremiados a un sindicato, y en ese caso entregue la información que se le requirió en cinco días.

Acto seguido, bajo la ponencia de Samuel Montoya, el Pleno decidió modificar la respuesta emitida por el Ayuntamiento de Guadalupe a una solicitud del contrato de compra o donación, así como planos correspondientes a un predio en el Barrio de Santa Rita.

El Comisionado ponente explicó que en primera instancia el sujeto obligado declaró la inexistencia del plano y los contratos de la zona al tratarse de un espacio ajeno al Municipio, ante lo cual el ciudadano se inconformó.

Sin embargo, en el proceso de la inconformidad el sujeto obligado manifestó al organismo garante que dicho predio le fue donado, con lo cual se generó una contradicción al propio sujeto obligado en su respuesta inicial.

Ante lo anterior, el Pleno determinó modificar su respuesta y le instruyó para que en cinco días aclare la relación del espacio respecto al Ayuntamiento y, en caso de no contar con los planos requeridos, emita el aval de su Comité de Transparencia para la inexistencia de información.

“La declaración de inexistencia de información por parte de un Comité de Transparencia, debe ser el último recurso luego de que se realice una búsqueda exhaustiva de los datos y se determine que no se localiza en ninguna de las áreas” afirmó el comisionado.

En la otra ponencia del comisionado Montoya Álvarez, el Pleno determinó sobreseer la inconformidad presentada en contra de la Fiscalía General de Justicia del Estado, luego de que entregara información estadística. De igual manera, el comisionado presidente, José Antonio de la Torre Dueñas, fungió como ponente del recurso en contra del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el cual fue desechado, pues derivó de una solicitud ambigua sin las especificaciones necesarias para ser respondida.

Bajo la tercera ponencia de la comisionada Del Río Venegas, el Pleno resolvió la denuncia interpuesta contra el Ayuntamiento de Calera, en la cual un ciudadano declaró que el sujeto obligado no contaba en su portal de obligaciones con la información de remuneraciones del primer trimestre del año. No obstante, la Ley establece que estos datos se actualizarán cada seis meses en la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo que el sujeto obligado aún se encuentra en cumplimiento de sus obligaciones.

Por tal motivo, De la Torre Dueñas, Del Río Venegas y Montoya Álvarez, declararon infundada la denuncia.

En asuntos generales se revisaron varios temas, entre ellos el exhorto que el Pleno del IZAI determinó enviar a los 45 sujetos obligados que no han atendido a la capacitación en materia de datos personales. Así como un oficio de solicitud al Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción, a fin de que en su próxima sesión se aborde el punto de la protección de datos personales en las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de Zacatecas.