Zacatecas. Declaró inexistente información de adición del delito de lenocinio y reservó préstamos desde 2016; incumplen Juan Aldama y Calera

En su sesión ordinaria, los comisionados del Instituto Zacatecano de Acceso a la Información (IZAI) resolvieron dos recursos de revisión presentados por ciudadanos en contra de la Legislatura del Estado de Zacatecas.

En primera instancia, bajo la ponencia de la comisionada Julieta Del Río Venegas, se resolvió la inconformidad relativa a una solicitud en la que se requirió la exposición de motivos del dictamen aprobado respecto de la adición del delito de lenocinio al Código Penal de Zacatecas.

Del Río Venegas explicó que el término lenocinio puede definirse como la acción que se realiza al o inducir a una mujer para que explote su cuerpo y agregó que la inconformidad surgió luego de que la solicitante recibió una serie de documentos con datos sobre distintas reformas sufridas por el tipo penal de lenocinio, mas no sobre su adición como delito al Código Penal.

Del Río Venegas explicó que durante el proceso llevado por el organismo garante, la Legislatura manifestó no contar con una exposición de motivos en la materia, razón por lo cual envió a la solicitante los documentos existentes.

Sin embargo, la inexistencia de información debió ser avalada por un Comité de Transparencia, cuyo objetivo es dar certeza a la búsqueda exhaustiva de la información solicitada.

Por lo anterior, el Pleno modificó la respuesta de la Legislatura y le instruyó para que mediante su Comité de Transparencia analice la situación y tome las medidas necesarias para localizar la exposición de motivos solicitada.

Además, en caso de no encontrarla, deberá justificar por qué no se encuentra la información en sus archivos y expedirá una resolución que confirme la inexistencia de la misma.

El Comisionado Samuel Montoya Álvarez, como ponente del siguiente recurso de revisión, explicó que la Legislatura del Estado recibió una solicitud de información acerca de préstamos otorgados por la Legislatura a diputados y trabajadores desde septiembre de 2016 a la fecha.

En su respuesta, el sujeto obligado notificó al ciudadano que la información se encuentra clasificada como reservada, al encontrarse en un proceso de fiscalización por parte de la Auditoría Superior del Estado.

Una vez iniciado el proceso, la Legislatura dio vista al IZAI en sus manifestaciones, de las constancias que avalan el proceso de fiscalización en el cual se encuentra la información correspondiente al ejercicio 2017, por lo que el Pleno confirmó esta clasificación, y solicitó que se verifique si ya concluyó el plazo de reserva sobre lo relativo a la auditoría del periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2016.

Incumplen Juan Aldama y Calera; se inicia proceso

El Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales inició también el proceso de sanción en contra del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Juan Aldama y  dio seguimiento al caso del Ayuntamiento de Calera, tras el incumplimiento a las resoluciones emitidas por el órgano garante.

Los comisionados José Antonio de la Torre Dueñas, Julieta del Río Venegas y Samuel Montoya explicaron que el caso del sistema de agua potable deriva de una denuncia en su contra por no cumplir con las obligaciones de transparencia contenidas en la fracción VIII del artículo 39 correspondiente a remuneraciones de servidores públicos, en la que se le otorgaba un plazo de cinco días para cargar la información.

Al no recibir respuesta alguna, el pleno instruyó a la Dirección Jurídica iniciar el proceso en contra del sujeto obligado para determinar la medida de apremio a la que se hará acreedor quien resulte responsable de no facilitar el acceso a la información, la cual puede ir desde la amonestación pública hasta una multa de 1 500 veces la Unidad de Medida y Actualización.

Con respecto al Ayuntamiento de Calera, el proceso deriva del incumplimiento a las resoluciones de dos recursos de revisión, pues en un plazo de cinco días a partir del 19 de junio, debió haber entregado información sobre el gasto destinado a la actividad denominada Calera 150 años, así como comprobantes de pago realizados al Instituto Mexicano del Seguro Social respecto a las cuotas obrero patronales.

Ante la omisión, los comisionados instruyeron a que en un plazo no mayor a cinco días entregue la información, advirtiendo que en caso de que no se cumpla, se iniciará el proceso para determinar la medida de apremio.