Zacatecas. Habrá 241 diputadas federales y 63 senadoras; el último jalón fueron reglas para garantizar el derecho Constitucional en lo federal y estatales

Hazel Zamora Mendieta

Cimacnoticias | Ciudad de México

Escalaron entre resistencias de un sistema de cuotas, hasta ver materializada su presencia igualitaria con sus pares varones en el Congreso de la Unión. Así, en la LXIV Legislatura que toma posesión en septiembre, habrá 241 diputadas y 63 senadoras, se quedaron a un solo un punto de asegurar la paridad.

Por vez primera el Congreso mexicano tendrá más representación femenina. Cimacnoticias realizó un recorrido por los 25 años que ha costado al movimiento de mujeres alcanzar la paridad, apoyadas en artículos y libros de las expertas en participación política de las mujeres como Clara Scherer, Adriana Ortiz Ortega, Blanca Olivia Peña y Cecilia Lavalle.

DEL LLAMADO A LOS NÚMEROS

El sufragio femenino de 1953 permitió a algunas mujeres ocupar paulatinamente escaños en el Legislativo Federal. Estas pioneras abrieron camino a otras legisladoras, pero fue hasta 1990 que las feministas pugnaron por las cuotas de género inspiradas en el movimiento de Argentina que logró en ese tiempo la Ley de Cupos (30-70).

En 1993, las mexicanas obtuvieron la primera conquista. Se reformó el artículo 175 del Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales (Cofipe) para que los partidos políticos promovieran “una mayor participaron de mujeres en la vida política del país, a través de su postulación a cargos de elección popular”. 

Para sorpresa de ellas el llamado fue atendido en la LVI Legislatura. La presencia de las mujeres como diputadas aumentó 5 por ciento y en el Senado 8; aunque en las elecciones de 1994 incrementaron los escaños de senadurías (pasaron de 64 a 128), conocidos como primera minoría.

Las legisladoras no se conformaron con un exhorto. Apoyadas en los acuerdos de la Conferencia Mundial de Beijing (1995), argumentaron, discutieron dentro de sus partidos y convencieron. El 22 de noviembre de 1996 comenzó el sistema de cuotas de género, se precisó en la fracción XXII del artículo 5º  del Cofipe, que las candidaturas a diputaciones federales y senadurías no debían exceder 70 por ciento de un mismo género.

El año siguiente, los partidos políticos postularon a más mujeres, pero en las suplencias.

COMIENZAN SANCIONES

Esta fue también una constante en las elecciones del 2000, los partidos no tenían la intención de cambiar la asimetría del ejercicio del poder, las colocaban en las suplencias o al final de las listas de candidaturas.

Las resistencias llevaron nuevamente a las legisladoras a organizarse y avanzaron. El 24 de junio de 2002 se reformó la ley electoral; en principio, el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) volvió a reiterar que los partidos y –agregó- coaliciones políticas, en ningún caso podían incluir más de 70 por ciento de candidaturas propietarias del mismo género, y sumó: “las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de tres candidaturas. En cada uno de los tres primeros segmentos de cada lista habrá una candidatura de género distinto”. Las modificaciones las presentó la diputada del PRD, Hortensia Aragón, con aliadas multipartidistas del PAN y PRI.

A quien contraviniera la ley, el Consejo del IFE le requería modificar el registro de candidaturas hasta cumplir con la cuota 70-30, o de lo contrario, ameritaban sanciones que iban desde una amonestación pública, a la negativa del registro de las candidaturas.

Los resultados fueron visibles, la cámara baja pasó del 16 a 23 por ciento de ocupación de mujeres.

CUOTA 40-60

Las presiones de las legisladoras se volvieron a mostrar en 2007, cuando aún con un sistema de cuotas eran despojadas de sus cargos para dejar en su lugar a los suplentes varones. Las diputadas Martha Tagle, Elsa del Conde y Marisela Contreras, reclamaron por la presentación 50-50 pero sólo consiguieron la cuota 40-60.

El 14 de enero de 2008 se publicaron las nuevas modificaciones al Cofipe: se llamó a los partidos a procurar alcanzar la paridad de género; se ajustó la cuota de 70 a 60 por ciento de candidaturas de un mismo género; la integración de las listas de representación proporcional se modificó por segmentos de cinco candidaturas en las que se colocara alternamente un mujer seguida de un hombre o viceversa; asimismo se añadió el deber de los partidos de destinar dos por ciento de sus recursos para la capacitación de liderazgos femeninos.

Sin embargo, en las elecciones de 2009 los partidos se burlaron de la ley y a escasos días de tomar posesión, 8 diputadas “desistieron” de sus cargos para que los ocuparan los hombres.

SENTENCIA 12624

Ante este panorama las legisladoras y el movimiento de mujeres se organizaron como observadoras del proceso electoral 2012. Crearon la Red “Mujeres en Plural”, impulsada por Patricia Mercado, Clara Scherer y Alejandra Latapí, entre otras.

Pero el Acuerdo del Consejo General del IFE afectaba su derecho para ser registradas como candidatas a diputaciones federales y senadurías por el principio de mayoría relativa, por lo que 10 legisladoras encabezadas por la feminista María Elena Chapa Hernández presentaron una demanda para impugnarlo.

El 30 de noviembre de 2011, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió la histórica sentencia 12624 donde estipula que la cuota 60-40 no es una recomendación, sino una obligación; definió numéricamente que cada partido debía presentar por el principio relativo 120 candidaturas a diputaciones y 26 al Senado del mismo género; en el caso de las candidaturas de representación proporcional, mínimo 40 por ciento debían ser del mismo sexo.

Los partidos presentaron las listas de candidaturas sin cumplir los lineamientos de la sentencia, por lo que el Consejo General del IFE les dio 48 horas para que corrigieran las postulaciones. El resultado: la Legislatura 2012-2015 alcanzó la representación femenina más alta: 184 diputadas y 43 senadoras.

LA PARIDAD

El último paso a la paridad para estas elecciones fue la reforma del 5 de diciembre de 2014 cuando en el contexto del “Pacto por México” que contemplaron modificaciones en materia político-electoral la cámara baja aprobó la iniciativa presidencial que exigía la elaboración de una Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (sustitución al Cofipe) y una Ley General de Partidos Políticos, en las que se debían establecer las reglas para garantizar la paridad de género Constitucional, pues no sólo contempló al legislativo federal, sino su exigibilidad se amplió a los congresos locales.

Así, tras 25 años de exigencias del movimiento feminista, las legisladoras federales y locales gozarán de representación en igualdad con los hombres. El reto para ellas será ejercer el poder de la misma manera.