Zacatecas. Emite ultimátum el organismo, pues pese a intervención del gobernador, titular se niega a cumplir con resolución del Instituto de Acceso a la Información
Debido a la persistente negativa de entregar la información que un ciudadano solicitó al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, el pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), determinó enviar un ultimátum para que remita la documentación digital generada durante el proceso de conformación del Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales (Sutsemop) 2017-2020, informaron los comisionados.
La comisionada Julieta Del Río, ponente desde que inició el caso, recordó que la solicitud fue presentada a la Secretaría General de Gobierno al ser el sujeto obligado directo del cual depende administrativamente el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. “Luego de que se le turnara la solicitud como lo informó la Unidad de Transparencia de la Secretaría General y aún durante el recurso de revisión, la magistrada se negó a contestar”, afirmó.
Derivado de ello, el pleno notificó conforme a la Ley de la situación al superior jerárquico de la magistrada, el gobernador Alejandro Tello, quien de manera inmediata realizó lo correspondiente e instruyó solventar esta inconformidad.
Aún después de que el gobernador, el secretario general de Gobierno y el IZAI notificaron al Tribunal, no ha entregado la información a la Unidad de Transparencia para que dé vista de ella al ciudadano, por lo cual los comisionados determinaron apercibir directamente a la magistrada para que conozca que, de no enviar lo requerido en un término de seis días, se le impondrá una medida de apremio.
“El Tribunal tiene autonomía procesal, pero la funcionaria depende en materia administrativa de la Secretaría General de Gobierno y debe responder a través de este sujeto obligado” subrayó Samuel Montoya.
Los comisionados reconocieron la voluntad de la secretaría general de Gobierno a través de su unidad de Transparencia, así como del gobernador y el secretario general, quienes hicieron lo correcto para desahogar este asunto.
Durante la sesión también se resolvieron siete recursos de revisión en contra del Ayuntamiento de Fresnillo, la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Dirigencia Estatal de Morena, los Ayuntamientos de Tepetongo y Pinos, y la Universidad Autónoma de Zacatecas.
En el caso contra la dirigencia estatal de Morena, bajo ponencia de la comisionada Julieta Del Río, un ciudadano solicitó un listado de las facturas generadas durante el año, a quién se emitieron y el concepto de las mismas. Al emitir su respuesta, Morena le informó que como partido político no expide facturas bajo ningún concepto o monto, respuesta que fue analizada por el IZAI y confirmada por el Pleno al cumplir con la Ley.
En el recurso contra el Ayuntamiento de Fresnillo, bajo la ponencia de Samuel Montoya Álvarez, se determinó modificar la respuesta del sujeto obligado, luego de que informara sobre la cantidad liquidada en un litigio laboral contra el municipio, pero omitiera responder si el Impuesto Sobre la Renta (ISR) aplicado a tal liquidación fue cubierto por el Ayuntamiento. Tendrá cinco días para complementar la información.
El análisis del recurso contra la Fiscalía General de Justicia estuvo a cargo del comisionado presidente, José Antonio De la Torre Dueñas, quien explicó que la inconformidad derivó de la negación de información sobre los salarios del personal adscrito al Órgano Especializado en Mecanismos Alternos de Solución a Controversias. “Conforme a la Ley de Transparencia, los salarios son información de carácter público” afirmó el ponente, y agregó que en sus manifestaciones el proceso el sujeto obligado entregó la información al IZAI, por lo cual se declaró fundado el recurso y se dará vista de la información a la recurrente.
En este sentido también se resolvió el primer caso contra Pinos y Tepetongo, en los cuales los sujetos obligados remitieron la información al IZAI, acerca de actas de Cabildo y actas de entrega recepción, respectivamente. El organismo garante declaró fundados los motivos de inconformidad y dará vista de la información a los ciudadanos que la solicitaron.
Bajo la ponencia de Montoya Álvarez, también se declaró fundado el segundo recurso en contra de Pinos, derivado de que fuera omiso a responder sobre el grado de escolaridad de los funcionarios y trabajadores del municipio. Al no entregar justificación alguna para su agravio, se le instruyó para que en cinco días remita esta información.
El recurso de revisión contra la UAZ derivó de una solicitud en torno a la ubicación, propiedad y costo de mantenimiento en las casas de estudiantes de la institución. “Antes de que se venciera el plazo de respuesta la UAZ pidió una prórroga para reunir la información y entregarla, con lo cual se añadieron diez días más para contestar, sin embargo el recurso de revisión fue interpuesto en este periodo” afirmó la Del Río Venegas, ponente del caso, y agregó que antes de concluir el proceso se envió la información al recurrente, por lo cual se determinó dejar sin efecto esta inconformidad.
