Zacatecas. Los comisionados del IZAI exhortaron a la institución para que no dilate respuesta a solicitudes, ya que se atiene a prórrogas y evade

La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) constantemente solicita prórroga para contestar solicitudes de información a los ciudadanos y al final declara inexistencia de la misma, llevándose hasta dos meses para ello, lo cual va en contra del acceso a la información y la transparencia. Así lo señalaron los comisionados Samuel Montoya Álvarez, Julieta Del Río Venegas y Fabiola Torres Rodríguez en sesión ordinaria de pleno, llevada a cabo en el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI).

La comisionada Julieta Del Río Venegas, ponente de este caso, explicó que la solicitud fue ingresada por una ciudadana el 19 de marzo del presente año, en la que preguntó la fecha y motivo por el cual dejó de laborar una servidora pública en la UAZ, así como la fecha de su jubilación. Para facilitar la localización de estos datos, aportó en su solicitud la clave ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y su matrícula como trabajadora.

El 30 de abril, la Universidad solicitó una prórroga para contestar a la ciudadana, pues argumentó que la respuesta aún estaba en trámite ante la Coordinación de Personal, “sin embargo al término del plazo, el 17 de mayo, declaró que no encontró información sobre la servidora pública en ninguna de sus bases de datos ni en el archivo de la Universidad; así mismo no convocó al Comité de Transparencia para avalar esta declaratoria” afirmó la comisionada.

Agregó que la UAZ fundamentó esta inexistencia en que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, los documentos laborales sólo se conservan mientras la relación laboral sea vigente, y un año después de que dicha relación termine.

Esta respuesta no fue satisfactoria para la ciudadana, quien interpuso su recurso de revisión ante el IZAI el 22 de mayo.

En sus manifestaciones, la UAZ sostuvo su declaración de inexistencia de información, pero entregó dos recibos correspondientes al 2017 y 2018 en los que se comprobó el pago de dos compensaciones a la servidora pública jubilada.

“Al entregar estos documentos, se comprueba que sí cuenta con información sobre la trabajadora pese al tiempo que ha transcurrido desde que terminó su relación laboral con la Universidad, por lo que es una respuesta contradictoria a la inexistencia que declaró inicialmente, y por lo tanto ya no es un argumento válido para no responder” explicó.

Por otra parte, la inexistencia declarada en un inicio por el sujeto obligado no fue respaldada por su Comité de Transparencia, lo cual sería una garantía de que se tomaron las acciones necesarias para localizarla en todas las áreas donde pudiera ubicarse.

El comisionado presidente, Samuel Montoya Álvarez, respaldó la ponencia, y señaló que la Universidad constantemente solicita prórroga para responder solicitudes, pues recientemente se resolvió un recurso de revisión contra la UAZ en el cual también se empleó más tiempo del necesario, sin que la información a entregar fuera lo suficientemente extensa para no poder entregarse en los 20 días que otorga la Ley.

Por todo lo anterior se instruyó para que en cinco días responda la fecha y motivo por el cual dejó de laborar la servidora pública en la UAZ, así como la fecha de su jubilación. Los comisionados Samuel Montoya Álvarez y Fabiola Torres Rodríguez respaldaron esta resolución.

En otro punto, Montoya Álvarez fue ponente de dos recursos de revisión, uno contra el Ayuntamiento de Zacatecas, el cual se dejó sin efecto luego de que el municipio comprobara haber entregado al ciudadano información curricular de una funcionaria pública. También resolvió una inconformidad contra el Ayuntamiento de Río Grande, en la cual se revocó la respuesta, pues pretendía clasificar las firmas de los funcionarios, y se le instruyó para que en cinco días entregue el acta de instalación del Consejo Municipal de Protección Civil, debidamente firmada.

La comisionada Fabiola Torres fue ponente de una inconformidad contra el Ayuntamiento de Cañitas de Felipe Pescador, en la cual se declaró fundado el motivo de la inconformidad y el IZAI entregará al ciudadano la información que pidió sobre el costo de copias certificadas.