Zacatecas. La titular Paula Ortiz recuenta casos de cohecho, desvío de recursos, conflicto de intereses, tráfico de influencias, participación ilícita y peculado

La SFP ha remitido como faltas graves al Tribunal de Justicia Administrativa 14 procedimientos

Paula Rey Ortiz Medina, secretaria de la Función Pública (SFP) tiene la firme encomienda de vigilar e investigar el debido ejercicio del servicio público en Zacatecas, por lo cual en la presente administración se han emitido un total de 118 sanciones a servidores públicos.

Derivado de lo anterior se han impuesto inhabilitaciones que van desde seis meses hasta veinte años, con impedimento absoluto para ejercer el servicio público por el tiempo que dure la sanción.

Asimismo, se han impuesto suspensiones que van desde 10 días a seis meses y también amonestaciones privadas. Las sanciones de mayor temporalidad son tres inhabilitaciones por 20 años y dos más por 10 años a cuatro servidores públicos.

Respecto a los procedimientos ventilados con el nuevo régimen de responsabilidades administrativas, en el último semestre se han remitido como faltas graves al Tribunal de Justicia Administrativa 14 procedimientos.

Lo anterior, debido a conductas consistentes en cohecho, desvío de recursos públicos, conflicto de intereses, tráfico de influencias, participación ilícita y peculado, detalló Paula Rey Ortiz.

Es importante señalar que de los procedimientos antes mencionados ya se obtuvo la primera sanción por parte de la autoridad jurisdiccional, consistente en 10 años de inhabilitación por desvío de recursos públicos.

Por otro lado, se presentaron ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tres denuncias penales en contra de ocho servidores públicos, por la probable comisión del delito de abuso de autoridad, ejercicio indebido del empleo, tráfico de influencias, cohecho, peculado y administración fraudulenta.

Cabe mencionar que las atribuciones de investigar y sancionar faltas administrativas de los servidores públicos de la SFP, se robustecieron con la entrada en vigor del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, por lo que, fue necesario reestructurar la SFP en aras de atender las exigencias sociales, añadió la funcionaria.