Zacatecas. Realizan el Encuentro entre Áreas Investigadoras y Substanciadoras de contralorías estatales
Paula Rey Ortiz Medina, secretaria de la Función Pública del gobierno estatal, dijo que unificar criterios para tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa facilitará el combate a la corrupción desde las instituciones gubernamentales.
Lo anterior, durante el Segundo Encuentro entre Áreas Investigadoras y Substanciadoras de Contralorías Estatales, en el que participó personal jurídico de 27 estados de la República Mexicana, y que forma parte del programa anual de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F), cuyo objetivo es intercambiar las mejores prácticas para el combate a la corrupción.
La funcionaria recordó que la Ley General de Responsabilidades Administrativas permite presentar denuncias anónimas y contempla que las autoridades investigadoras apliquen técnicas para determinar la existencia de una o más faltas administrativas y su calificación.
Aidé Herrera Santana, secretaria de la Contraloría General de Nayarit y coordinadora regional Centro-Occidente de la CPCE-F, indicó que el país necesita de un trabajo serio y coordinado para implementar cambios en materia anticorrupción, que se traduzcan en una mejora clara para los ciudadanos.
En su oportunidad, Fernando Martínez García, director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la SFP Federal, reiteró el apoyo a los estados para combatir esta problemática y los desafíos que representa el combate a la impunidad.
Las áreas investigadoras y substanciadoras contribuyen a determinar la ocurrencia de actos u omisiones graves realizadas por servidores públicos estatales, las cuales puedan concluir en sanciones de acuerdo a lo señalado en los sistemas Anticorrupción Nacional y Estatal, así como en la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Durante la reunión firmaron el Convenio de Colaboración entre la SFP de Zacatecas y la Contraloría de Yucatán, en materia de Contraloría Social, para aprovechar la unidad certificadora avalada en el ámbito nacional con que cuenta el gobierno estatal.
