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diputada Mar IbarguengoitiaZacatecas, Zac. Impulsa diputada del PAN y colectivos feministas se cumpla la llamada ahora Ley Sabina, que, pese a existir en la entidad es letra muerta

La diputada María del Mar de Ávila Ibargüengoytia reconoció la lucha y propuesta de colectivos feministas en la que se pretende impulsar una serie de reformas para que la llamada Ley Sabina sea aprobada y porque sean protegidos los derechos fundamentales de las infancias y de las mujeres en Zacatecas.

De Ávila Ibargüengoytia coincidió con las demandas y acciones de los colectivos de mujeres organizadas en la demanda que es impulsada en todo el país para limitar los derechos civiles de los deudores alimentarios ya que -dijo- “es un problema que enfrentan las mujeres en Zacatecas y aunque, en la entidad desde 2018 ya está en la legislación está figura, su aplicación es letra muerta”.

La diputada por el Partido Acción Nacional (PAN) en la LXIV Legislatura, detalló que entre las lagunas legales que han evidenciado las mujeres, es que pese que desde 2018 ya se cuenta con un padrón de deudores en el Registro Civil, esta instancia es omisa al no actualizar y registrar adecuadamente este listado.

La diputada se solidarizó con los colectivos que recientemente han expuesto a los deudores en “tendederos públicos”, en una problemática que -dijo- “priva a las mujeres y sus hijos de una vida digna y dónde manera justa se busca compartir la carga de la manutención con los hombres que abandonan esta responsabilidad”.

La legisladora coincidió en la demanda de las mujeres que luchan por el reconocimiento de la figura del abandono durante el embarazo, así como el esclarecimiento de los derechos familiares que pierden un deudor alimentario, como lo es la guarda y custodia, además de que con dicha ley quede asentado el impedimento para ser funcionario estatal o municipal con demanda de manutención.

Adelantó que otro aspecto que se debe reglamentar,   — y que es una demanda legítima de las mujeres, más allá de partidos, ideologías, filias y fobias—, la adecuación de los mecanismos legales que eviten la revictimización de las “madres que luchan día a día por la sobrevivencia y mínimos indispensables para sus hijos, y que cuando demandan el pago de la pensión o recurren a la exposición pública del deudor alimentario, son contrademandadas por daño moral y similares, esto debe de parar ya que representa un doble daño para las los niños y sus madres”.

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