La iniciativa es de vanguardia, para nada toca a la Constitución, afirma Manuel Cota

MÉXICO, DF. Manuel Cota Jiménez, presidente de la priísta Confederación Nacional Campesina (CNC),  rechazó que la iniciativa de Ley General de Aguas tenga algún elemento privatizador, y manifestó no tener la menor duda, por la trascendencia del tema, de que habrán de llegar los acuerdos  entre todas las fuerzas, no solo  políticas, para que este precepto se apruebe.

En este sentido se pronunció porque la discusión –que el pasado 9 de marzo se pospuso en el pleno de la Cámara de Diputados-, no sea llevada fuera del recinto de San Lázaro, donde está la representación popular, ni del Senado, en que se ubica la federalista. “Vamos a donde somos representantes, a la tribuna, y antes de ello al diálogo, a los acuerdos”, expresó.  

“Los congresos mundiales así lo exigen y obligan a México a contar con esta ley que es de vanguardia. Y no hay privatización por una razón muy puntual, que no se toca a la Constitución. Para privatizar hay que reformarla, en este caso particular el artículo 27”, aclaró el también presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería en el Senado de la República.

Entrevistado con motivo del Día Mundial del Agua,  el senador por Nayarit destacó que en el caso de la iniciativa en cuestión  se ha escuchado, entre otros, a los productores, a quienes siembran la tierra, cosechan y generan alimentos para México.

“Es en donde nosotros intervenimos como senadores, y no hay tal privatización. Somos los primeros en evitarlo. Está el caso del artículo 27 constitucional relacionado con el ejido, al grado de que no sólo el presidente Enrique Peña Nieto aceptó propuestas, sino que se comprometió, y cumple puntualmente, al respeto del régimen de la propiedad social.

En consecuencia, dijo, hay que entrarle al debate y a la discusión con respecto al tema vital que es el agua,  derecho humano que ya está contemplado en el artículo cuarto de la Constitución.

El líder de la CNC explicó que en la iniciativa se determina que no habrá concesiones y que únicamente se ratificarán las existentes, situación en la que los agricultores no tendrán limitaciones, y comprende que tierra sin agua no tiene producción, que sin ésta no hay alimentos, además de que se ratifica que el uso del agua es público, urbano y de consumo agrícola, antes del energético y otros.

“Entonces, el sector agropecuario está debidamente resguardado y lo digo con puntualidad: Jamás estaremos nosotros de acuerdo con el tema de las privatizaciones”, afirmó de manera tajante.

Como parte de los debates que se tendrán que realizar, indicó,  se debe tomar en cuenta que a la ley, ya aprobada, deberá seguir un reglamento para garantizar los intereses de las organizaciones sociales, por ello es fundamental la presencia de un Consejo Consultivo Ciudadano a fin de establecer, por ejemplo, la instalación de bancos de agua.

En el caso del campo, explicó, hay que crear las alternativas del uso racional del agua a través de infraestructura hidroagrícola para que no haya desperdicio, esto es, que exista una adecuada administración del propio recurso. A eso responde la ley, a ordenar que no haya un excesivo consumo del líquido, sino que sea justamente lo que se requiere, concepto que en el sector agropecuario es vital incrementando la superficie de riego con el objetivo de lograr una mayor autosuficiencia alimentaria.