La nueva Ley no protege a víctimas; el delito afecta a 12 millones de personas en el país

ANGÉLICA JOCELYN SOTO ESPINOSA

Cimacnoticias

MÉXICO, DF. Desde 2007 en México, el tema de trata de personas ha sido discutido en el Congreso de la Unión que a la fecha, no atina a crear una ley que sancione a quienes cometen el delito y  que proteja a las víctimas de éste.
 
En este tiempo las organizaciones civiles con trabajo en el tema sostienen que lo que se ha hecho es una ley inoperante y en el fondo, lo que se pretende es proteger a las redes de tratantes, pues representa un negocio muy lucrativo.
 
Y es que en otro intento de reformar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia a las Víctimas, el senado analiza la minuta de reforma que fue enviada por la Cámara de Diputados el pasado 3 de diciembre.
 
Esta minuta, que contiene modificaciones a más de 15 artículos y lleva más de un año en discusión al interior del Congreso de la Unión ha sido criticada por activistas quienes explican que debilita el castigo para los tratantes, oculta que hay funcionarios de gobierno que permiten la comisión del delito y deja sin protección a las víctimas.
 
Teresa Ulloa Ziáurriz, directora de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC), advirtió en entrevista con Cimacnoticias que desde los primeros intentos de legislar este delito -que de acuerdo a sus estadísticas afecta a más de 12 millones de personas en México- las y los legisladores ignoran a las víctimas y no han hecho propuestas para hacer efectiva la implementación de la Ley.
 
Recordó que en 2007 el gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa, creó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas (que reformó y adicionó La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada) a fin de legislar por primera vez este delito.
 
Sin embargo, la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas  sólo castigaba la trata internacional, su Reglamento se publicó 2 años después y era “inoperante”.
 
En 2012 esta Ley se abrogó  y se expidió la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, con el fin de garantizar la reintegración social para las sobrevivientes.
 
En octubre del 2013 la Comisión Contra la Trata de Personas de la Cámara Alta, presidida por la panista Adriana Dávila Fernández, presentó la minuta de reforma que se discute actualmente en el Senado con el argumento de que la nueva legislación no contenía sentencias.
 
La Comisión dictaminadora destacó que la Ley no castiga el intento de cometer el delito, no sanciona el trabajo doméstico forzado, y evita que se pueda juzgar a una persona por varios delitos relacionados con la trata.
 
La activista Teresa Ulloa, consideró que “meter a las víctimas en el mismo saco” habla del poco compromiso de los tres niveles de gobierno para apoyarlas pese a que padecen paralelamente varios delitos (secuestro, homicidio, trata con fines de explotación sexual y con fines de tráfico de drogas, entre otros) por lo que requieren procesos de reparación del daño de mayor duración y más costosos.
 
Precisó que con esta propuesta, sólo se castigará a quien reciba dinero por explotar a las personas, pero no así por captar, seducir, o enganchar, además de que quien dé una remuneración económica a las víctimas de explotación sexual, quedará exento de castigo.
 
Para la abogada, estas modificaciones son parte de una estrategia para ocultar y proteger a las redes de tratantes que operan en México. “Hoy tenemos suficientes evidencias para probar que hay complicidades entre quien compra un bien producido por la explotación de alguien, el que es dueño de cadenas de explotación y el que tiene intereses económicos y políticos en ella”, dijo.
 
Pese a estas observaciones, la minuta de reforma se aprobó en el Senado en febrero de este año y pasó a San Lázaro para su discusión.
 
RIESGOS DE APROBACIÓN
 
Las expertas consultadas señalan que la minuta enviada recientemente confunde el término de trata de personas con el de explotación, elimina los agravantes de secuestro y homicidio; reduce el nombre a  Ley General en Materia de Trata de Personas; y peor aún, reconoce el “trabajo sexual”.
 
Verónica Caporal Pérez, antropóloga de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, señaló que estas reformas son un retroceso en lo poco que se ha avanzado para legislar este delito pues la anulación del concepto de trata de personas deja invisible el proceso por el que las mujeres atraviesan antes de ser explotadas.
 
Agregó que es muy difícil comprobar que una mujer en situación de prostitución es víctima de trata de personas porque ellas se asumen erróneamente como “trabajadoras sexuales”, pero al escuchar sus historias de vida es posible detectar la condición de vulnerabilidad que las llevó a sobrevivir en esos contextos.
 
Por ejemplo, detalló, el table dance es considerado un baile erótico y un “trabajo” para quien lo realiza, pero quien las vigila, quien vende los bailes, quien administra y quien es dueño de los bares se benefician de la comercialización de los cuerpos de estas mujeres, por lo que aunque reciban dinero no están fuera del campo de la explotación.
 
Agregó que en el sistema de explotación hay una serie de actores que deben ser castigados, pero con estas reformas “parece que se tiene toda la intención de beneficiar a la red de proxenetas”.
 
MEIDAS INCLUMPLIDAS
 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó que en México, de 2009 a 2013, más de 7 mil personas fueron víctimas de trata (de ellas 83 por ciento eran mujeres) pero sólo se dictaron dos sentencias condenatorias a nivel federal y 123 en los estados.
 
Las especialistas coincidieron en que la Ley es inoperante porque no se han creado fiscalías especializadas en cada entidad, no se está capacitando a ministerios públicos, jueces y funcionarios encargados de realizar las investigaciones.
 
Tampoco hay suficientes albergues para las mujeres rescatadas y que no tienen dónde ir, y las instituciones de salud no brindan servicios gratuitos para las víctimas.
 
Los datos sobre el número de víctimas y de delincuentes no son confiables porque no hay sistemas que los contabilicen, las evaluaciones sobre el servicio no son pertinentes, y las víctimas extranjeras son repatriadas antes de que presenten la denuncia, concluyeron.