Abordan importante y nutrida agenda, entre otros tópicos, violencia feminicida y sexual
Torreón, Coah.- La Procuradora General de Justicia, Leticia Soto Acosta, participa en la segunda Sesión Ordinaria 2015 de las Conferencias de Procuración de Justicia Zonas Noreste y Noroeste, en esta ciudad.
En la reunión se abordaron temas como los avances en las unidades de análisis de información e implementación del software AM/PM; seguimiento a compromisos con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), y protocolos de investigación ministerial, pericial y policial con perspectiva de género.
Asimismo, se trataron otros tópicos como casos de violencia feminicida y violencia sexual, además del programa de trabajo para la implementación de la nueva metodología para el registro y reporte de la información de incidencia delictiva, entre otros temas.
Mensaje de la Procuradora General de la República
Las procuradurías y fiscalías de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Zacatecas y, por supuesto, la Procuraduría General de la República (PGR) se coordinan con el objetivo de perfeccionar, diseñar y generar nuevas políticas públicas dirigidas a la prevención y el combate a la delincuencia, que devuelvan a las comunidades las condiciones de paz y tranquilidad que todos desean, dijo ahí la titular de la PGR, Areli Gómez.
La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia es un espacio para el intercambio de experiencias, el debate de ideas y, principalmente, para el impulso de acuerdos que permitan consolidar el Estado de Derecho, hacer más eficientes las tareas y ofrecer a los ciudadanos mejores resultados mediante acciones basadas en trabajos de inteligencia, y de prevención, para lo cual es necesario trabajar también en el fortalecimiento institucional.
En la presente jornada se abordarán temas de relevancia, como la consolidación de unidades de análisis de información que trabajen de manera homologada en todas las procuradurías y fiscalías del país, o bien, el impulso de fórmulas de gobierno abierto en los órganos de procuración de justicia para articular programas y políticas encaminadas a fortalecer la participación de la sociedad.
Hoy, la sociedad exige compromiso de todos los procuradores y los fiscales del país, un esfuerzo permanente por hacer lo correcto en beneficio de los ciudadanos y traducir sus demandas de correcta aplicación de la justicia en una política de Estado, sostuvo la titular de la PGR.
El intercambio de experiencias, la adopción conjunta de estrategias, la unificación de criterios y la homologación de protocolos de actuación, habrán de enriquecer para dar solución ágil a los retos que enfrentamos, aseguró.
La seguridad y la procuración de justicia son cimientos y ejes prioritarios de cualquier proyecto de Estado, recordó.
Es innegable que la ciudadanía exige resultados claros en el ámbito de seguridad y procuración de justicia. La delincuencia aqueja y daña con fuerza nuestra sociedad por lo que su combate es tarea primaria del Estado en su conjunto, manifestó.
La seguridad es un componente esencial de la legitimidad de las autoridades. Es exigencia pública vivir en paz, en tranquilidad y en ejercicio pleno de derechos, por lo que los programas que tienen como meta combatir la delincuencia y terminar con la impunidad en el país deben de tener prioridad nacional.
La seguridad es uno de los principales objetivos de este gobierno, al mismo tiempo que es una de las preocupaciones más sentidas de la sociedad.
Es por ello que hoy, las procuradurías del país tienen un doble reto. Además de atender el exigente trabajo del día a día, deben ocuparse también de la transformación institucional en sus dependencias.
La transición hacia un nuevo Sistema de Justicia Penal representa un periodo histórico. La Reforma Constitucional de 2008 es el cambio de modelo más amplio que se haya realizado en décadas en materia de justicia penal, afirmó Gómez.
“Todos los poderes y órdenes de Gobierno hemos trabajado en él, hemos hecho aportaciones para enriquecerlo y debemos comprometernos aún más para hacer realidad y materializar este esfuerzo de un nuevo modelo de justicia diseñado para garantizar la defensa de cualquier persona con pleno apego al principio de debido proceso y anteponiendo el respeto a la dignidad y los derechos humanos”, indicó.
Reiteró el plan de trabajo sustentado en cuatro ejes que son: Transparencia; respeto y la defensa de los derechos humanos; procuración de justicia eficaz; y la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Agregó que el apremio de la sociedad por la justicia no admite dilación, que están obligados a los resultados. Al delito se le combate con la ley en la mano y bajo las garantías del debido proceso que establece nuestra Constitución, precisó.
La lucha contra el delito no es causa de una instancia, orden de gobierno o poder, es una tarea que convoca a todos, que demanda cada vez más especialización y nuevos instrumentos para enfrentar los retos que presentan lastres como la delincuencia organizada.
Por ello, fiscales y procuradores deben ser los primeros en dar muestras de este ánimo y voluntad de sumar esfuerzos, de coordinarnos y colaborar de manera conjunta para enfrentar al crimen y al delito con todos los recursos que la ley nos confiere, dijo la procuradora general.
Dijo que la tarea de las y los procuradores y fiscales impacta el sistema democrático porque tiene la capacidad de fortalecer o debilitar la credibilidad y confianza ciudadana en el sistema de procuración de justicia.
Se exige así servidores públicos comprometidos con entregar resultados; ciertos de que es el único camino para responder a su investidura, instituciones y, sobre todo, a la sociedad.
