Expertos en materia de seguridad Carlos Pinto Núñez y Alberto Pérez Pinto, en el Foro virtual Siglo XXI, analizaron los avatares y perspectivas de la violencia e inseguridad en el estado y el país

Janeth Morales

Aún con la militarización del Estado, difícilmente se podrá ganar una batalla contra el crimen organizado a corto plazo, los carteles rebasan al gobierno en número de fuerzas y de armamento y es tal incrustramiento en la sociedad que varias economías dependen del trasiego de drogas.

Durante el Foro Zacatecas Siglo XXI, "Avatares y perspectivas de la violencia e inseguridad en el estado de Zacatecas", ex procuradores de Justicia del Estado y activistas políticos relataron que por más de un siglo, se ha intentado eliminar el narcotráfico en México, principalmente en los estados que fungen como escenarios de disputa por las rutas y el mercado, sin embargo, lejos de detenerse, el problema se ha venido agudizando.

Destacaron que, actualmente, en Zacatecas, se tienen presencia de cinco de los 400 cárteles que operan en el país, mismos que mantienen una pugna por el control del territorio, situación que ha desencadenado una serie de hechos violentos como homicidios, robos, secuestros y desplazamientos forzados.

Los ponentes, Alberto Pérez Pinto y Carlos Pinto Nuñez, ambos, ex funcionarios en Seguridad y Justicia estatal, de profesión abogados, realizaron un recuento de los problemas que han desatado inseguridad en el territorio mexicano, resaltando que el país es un mercado potencial para la droga; México es un gran productor de opio.

En este momento de la historia violenta que enfrentan los mexicanos, Zacatecas y Michoacán fungen como los principales escenarios, por la violencia que desató la delincuencia organizada, en defensa de las rutas importantes para el trasiego de drogas.

En el estado, la ruta de disputa se encuentra en la zona serrana, en los límites con el estado de Jalisco, situación que ha propiciado afectaciones graves en los municipios de Valparaíso, Jerez, Monte Escobedo y Fresnillo.

La legalización de las drogas, según los expertos, bastaría para que el mercado del narco perdiera fuerza, pues aseguraron que mientras haya un gran número de adictos en Estados Unidos, México seguirá expandiendo el mercado de las drogas.

Este país es un importante productor de opio y no solo eso, sino que, además, es un consumidor potencial de drogas como el fentanilo. "En las sierras de Jalisco, Colima y Sinaloa hay infinidad de laboratorios que exportan fentanilo hacia los Estados Unidos".

Las ganancias millonarias que ha generado la venta de narcóticos, favoreció que los cárteles ofrezcan pagos superiores a los que una persona, de cualquier estatus, puede generar en el mercado laboral establecido.

Dicha circunstancia puso al Estado en desventaja, por lo que jóvenes e incluso elementos de Seguridad han sido reclutados por el crimen organizado, en busca de mejores condiciones económicas.

Otro sector vulnerable para reclutamiento y explotación de la delincuencia organizada son las personas migrantes, quienes salen de su país de origen en busca de mejores condiciones para ellos y sus familias, sin embargo, durante el trayecto suelen ser víctimas de una infinidad de abusos por parte de los cárteles. 

Al darse a conocer que elementos de diferentes  corporaciones de Seguridad de todos los niveles han engrosado las filas del narcotráfico, la ciudadanía ha perdido confianza en la Seguridad Pública.

La desconfianza y temor de la población hacia las corporaciones policiales, abona a la guerra de intereses entre los cárteles, pues la ciudadanía prefiere no levantar denuncias por delitos cometidos en su contra.

Además, los analistas concordaron en que los narcos han creado una base social que los protege, pues hay zonas que se ven mayormente apoyadas por grupos delincuenciales, que por los propios gobiernos.

Asimismo, recalcaron que la delincuencia ha logrado mantener inversiones en la iniciativa privada, nos solo en México sino en diferentes países, tal es el caso del Cártel de Sinaloa, que llegó a operar hasta en alrededor de 50 países y con socios altamente reconocidos.

Como solución para minimizar los índices de inseguridad en México, en la que llamaron "la etapa más negra en la historia del país", los ponentes propusieron políticas de contención y prevención del delito a través de programas financiados por los gobiernos federales y estatales que incluyan al total de los municipios.