Sociedad

fotoarchRealizan en el Senado audiencia pública para analizar el tema y exigen etiquetar partida económica para 2017

 

SemMéxico, Cd. de México.- Armonizar la Ley de Migración con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, e impulsar el programa piloto de alternativas a la detención de la niñez y adolescencia migrante, fueron uno de llamados que hizo el  el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM), durante la Audiencia Pública “La protección de los derechos de la infancia migrante en México: retos legislativos”, realizado en el Senado de la República.

Además, se solicitó etiquetar presupuesto para atender necesidades de la niñez migrante en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017; garantizar el Interés Superior de la Niñez, sin importar su estatus migratorio o el de su familia.

Dicha Audiencia, forma parte del impulso que el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM) da a la “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Migración en materia de infancia migrante”, presentada el 26 de abril del año en curso.

En dicha iniciativa se propone la armonización de 15 artículos de la Ley de Migración con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Actualmente cuenta con la aprobación de 29 senadoras y senadores de diferentes partidos políticos y se espera que antes de que concluya este periodo de sesiones sea turnada a la Cámara de Diputados.

Para el GTPM, entre los principales retos que enfrenta el Estado mexicano para garantizar el Interés Superior de la Niñez y adolescencia migrante es contar con una política migratoria basada en la seguridad humana y no en la gestión de retorno a sus países de origen, así como la eliminación de las facultades del INM para la determinación del Interés Superior de la Niñez y adolescencia migrante, que actualmente permite la Ley de Migración.

La detención de una niña, niño o adolescente por motivos migratorios, propios o de su madre y/o padre, en ningún caso puede considerarse justificable o respetuosa de sus derechos humanos, por el contrario, su detención y/o deportación, sin una revisión de cada caso, provoca separación familiar; deportación a contextos de pobreza; discriminación; falta de oportunidades, violencia e incluso la muerte. Toda vez que la infancia y adolescencia migrante no es un problema de seguridad, es la consecuencia de una crisis regional y estructural de derechos humanos.

En la Audiencia Pública estuvieron presentes las senadoras Layda Sansores, Antonia Cárdenas, Mariana Gómez del Campo y Martha García; y los senadores Humberto Mayans y Zoé Robledo.

Así como el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas; Karla Gallo, Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas; Juan Martín, Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes; Mark Manly, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; Alan García, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Ricardo Bucio, Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; Nelly Montealegre, Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; Carmen Robles, SOS Aldeas Infantiles de México; Diana Martínez, Coalición Internacional contra la Detención; Sofía Almazán, Fundación Casa Alianza México; Galileo De López, Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; Sandra Velasco, Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; y organizaciones integrantes del GTPM.

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