Ciudad de México. Familias viven bajo presión económica y social; registrados, 65 mil casos de abusos de los propios descendientes

Faltan políticas públicas para esta población, asegura investigadora

Cimacnoticias | Ciudad de México

La “generación sándwich”, es decir, aquellas personas que atienden a sus hijas e hijos, pero también a sus madres y padres, vive en una presión económica y social que tiene como consecuencia el maltrato y abuso hacia las personas adultas mayores, cuando en realidad, las tareas de cuidados debería de ser asumidas por el Estado.

Así lo afirmó la coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez (SUIEV), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Verónica Montes de Oca, a propósito del Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez, que se conmemora este 15 de junio.

En la actualidad, las familias mexicanas asumen la responsabilidad de cuidar y proteger a las personas adultas mayores, explicó la investigadora en un boletín de prensa, pero por la pobreza y desempleo que se vive en el país, muchas hijas e hijos no tienen la capacidad para cumplir esta tarea.

“Se asume que las hijas e hijos tienen la obligación moral y legal de brindar cuidado y manutención a sus padres cuando no puedan valerse por sí mismos, pero esta disposición del Código Civil implica tensión y desgaste”, remarcó.

De acuerdo con datos de la Agencia Especializada para la Atención de Personas Adultas Mayores en la Ciudad de México, a la fecha se han atendido más de 65 mil casos de abuso y maltrato, y la mayoría de las personas aseguran que son víctimas de sus propios descendientes.

Al respecto, Montes de Oca alertó que esta situación se complica cuando la víctima es mujer o tiene una discapacidad. Además, las personas mayores no denuncian el maltrato por afecto o por no querer perjudicar a sus hijas e hijos.

La investigadora considera que uno de los orígenes del maltrato es la omisión gubernamental, por ejemplo, “la ausencia de servicios médicos, de primer nivel y especializados, es una forma de violencia”. Serían necesarias, dijo, políticas públicas encaminadas a mejorar las condiciones de este grupo social.

Un ejemplo de un Estado omiso, y por lo tanto discriminatorio, es el hecho de que el gobierno mexicano no ha ratificado la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Según el “Informe Especial Sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en México”, publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en febrero de este año, México experimenta un proceso de envejecimiento poblacional que en los próximos treinta años cambiará radicalmente su composición sociodemográfica.

De acuerdo con la CNDH se ha contabilizado un total nacional de 34 mil 200 denuncias penales ante Ministerios por delitos contra personas adultas mayores, en el periodo 1 de enero de 2014 a 29 de febrero de 2016.

El 45 por ciento de las víctimas fueron mujeres y 55 por ciento, hombres. Del total de denuncias 57 por ciento se inició por la comisión de delitos patrimoniales, por ejemplo, despojo, robo a casa habitación, de vehículos, o a negocio; 16 por ciento por violencia familiar; 8 por ciento por lesiones; 5 por ciento por amenazas; y 4 por ciento homicidios.

En menor porcentaje, se registraron ilícitos como violación y abuso sexual; privación ilegal de la libertad; abandono de persona; omisión de cuidados; responsabilidad médica; trata de personas; explotación, y discriminación. En el informe también se recogieron denuncias en contra de instancias gubernamentales por falta de seguridad jurídica y prestación indebida del servicio público.

Las mismas Procuradurías de Justicia fueron señaladas como las instancias que más violaron a los Derechos Humanos de las personas adultas mayores. La CNDH hizo varias recomendaciones a diferentes instancias de gobierno para atender mejor a las personas adultas mayores, entre ellas, constituir políticas públicas integrales y sólidas para este grupo etario.

Pero la Comisión Nacional también recordó reforzar la inclusión de la perspectiva de género en las diversas instituciones públicas y privadas que trabajan con este grupo poblacional, “ya que el envejecimiento también es una cuestión de género y como tal, es innegable considerar la situación particular de las mujeres”.