Trastornos hipertensivos, una de las principales causas de mortalidad, advierte especialista

HAZEL ZAMORA MENDIETA Y MONTSERRAT ANTÚNEZ ESTRADA

Cimacnoticias

Ciudad de México.- Si estos embarazos son producto de violencia sexual el Estado debe garantizarles el acceso al aborto, pero sobre todo, salvar su vida, afirmaron expertas consultadas por esta agencia.

La ginecóloga y asesora en sistemas de salud en Ipas México, organización especializada en derechos sexuales y reproductivos, Claudia Martínez López, explicó en entrevista que la Norma Oficial Mexicana 046, violencia familiar, sexual y contra las mujeres (NOM 046) establece el derecho al aborto y atención médica de urgencia en caso de una violación.

Agregó que el riesgo a la salud y vida de la gestante es una de las causales por las cuales se puede interrumpir un embarazo en 14 entidades del país y en el caso de las niñas, este riesgo se incrementa por su condición física y biológica, por lo que la causal debe cumplirse.

Explicó que hay mucho mayor riesgo de mortalidad y morbilidad maternas (secuelas a la salud por el embarazo) en las niñas de estas edades cuando llevan a término un embarazo, que si decidieran interrumpirlo en condiciones seguras.

“Si se interrumpe un embarazo en una menor de 14 años de edad en las primeras 8 semanas de gestación, el riesgo de complicaciones es del 0.3 por ciento. Arriba de las 12 semanas únicamente aumenta 0.5 por ciento, aún con los procedimientos tecnológicos adecuados”, por lo que es fundamental que sí se realicen las interrupciones legales del embarazo dentro de las primeras 12 semanas, precisó.

“Los trastornos hipertensivos por un embarazo en la niñas es una de las tres primeras causas de morbilidad y mortalidad materna infantil, en el país, a ello se agregan otras como las hemorragias en el parto”, precisó.

Datos del Instituto de Estadística y Geografía, revelan que en diez años (2005 a 2015) se registraron 72 defunciones de niñas entre 10 y 14 años de edad por razones maternas.

La especialista de IPAS precisó que una niña embarazada tiene riesgo de presentar partos prematuros -que atenta contra su vida y la del producto- problemas de presión alta (preeclampsia), y hemorragias durante el embarazo, parto o puerperio.

Aunado a esto, las secuelas de un embarazo en la infancia se prolongan después del parto -continúa- el aporte nutricional que necesita el producto para crecer hace que una niña termine en situaciones de desnutrición, descalcificación o anemia.

En ocasiones, agregó, la situación se agrava en infecciones bacterianas como la sepsis del puerperio (bacterias en las sangre entre la expulsión de la placenta y seis semanas después del parto), que de no tratarse deriva en casos fatales del fallecimiento de la menor de edad. Esto también significa que si el producto nació quede en la orfandad, agregó.

“Si consideramos que el cuerpo de las niñas no se ha desarrollado por completo para parir, la mayoría de estos embarazos de alto riesgo requiere la práctica de una cesárea, lo que hace que en próximos partos sean más vulnerables a presentar fisuras en los órganos cercanos al área del útero; además, por la herida en el abdomen se forma un tejido de cicatriz interna (adherencias) que puede tener consecuencias como las obstrucción intestinal, dolor crónico y la infertilidad”, explicó Claudia Martínez López.

URGENTE ATENCIÓN MÉDICA

Pese a que el embarazo producto de una violación debe atenderse como emergencia médica para asegurar el bienestar de las menores de edad, el personal de salud no conoce o se niega aplicar la NOM 046, la Ley General de Víctimas y a respetar el interés superior de la niñez, aseguró el asesor en políticas públicas de Ipas México, Alexis Hernández González.

Respecto a los programas del Estado, si bien la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea) pretende “erradicar el embarazo en mujeres de 10 y 14 años” para 2030, ésta no contempla en ningún rubro difundir la información sobre el derecho al aborto para las niñas víctimas de violación, observó.

Sólo en 2016 el Subsistema de Información sobre nacimientos de la Secretaría de Salud consultado por esta agencia, registró 11 mil 219 nacimientos donde las madres tenían entre 9 y 14 años de edad.  En cuatro casos las niñas tenían 9 años, 25 de ellas tenían 10 años, 55 de 11 años, mientras en 11 mil 135 casos fueron madres entre 12 a 14 años.

VIOLACIÓN Y UN EMBARAZO: LA SALUD MENTAL

A pesar de no tener certeza, se presume que detrás de los embarazos de menores a 14 años hubo violencia sexual perpetrada por personas de confianza como familiares y vecinos, lo que afecta gravemente la salud mental de las niñas, explicó la psicóloga de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac), Diana Mireya Saldívar Moreno.

Las menores de edad, dijo la experta en infancia, están en una etapa de construcción de lazos afectivos y madurez emocional que se ve alterado después de una violación, por lo que son propensas a desarrollar depresión, ansiedad y “problemas psicosociales” que las hace aislarse, desconfiar de las personas, y bajar su rendimiento en la escuela o desistir de ella.

Muchas tienen sensaciones de culpabilidad pues presentan una maternidad que no desearon, por lo que el acompañamiento y una atención psicoterapéutica pueden contrarrestar y eliminar estas consecuencias, señaló la psicóloga de la asociación experta por 27 años en violencia sexual.

El impacto de un embarazo por violación en una niña trasciende y trastoca también a la familia, detalló la abogada del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Ofelia Bastida Luna. En su experiencia como asesora legal de este tipo de casos, son las madres quienes tienen que buscar alternativas para que sus hijas puedan interrumpir el embarazo.

“Piensan en si van a incurrir en un delito, a veces tiene que viajar para llegar a organizaciones fuera de sus localidades. En las madres finalmente recae la angustia, son como una esponja, absorben todo el impacto del proceso. Y al conocer la agresión que vivieron sus hijas se responsabilizan de no protegerlas”.

Para la abogada de GIRE, el Estado permanece ausente aún cuando es su obligación asegurar la vida de mujeres y niñas, pero no hay política pública integral que las reintegre a la escuela, acceder a un aborto, tampoco atención psicológica, mucho menos garantizarles justicia, por lo que urge que el gobierno haga estrategias para atender a las niñas víctimas de violación, concluyó.