Activistas piden a la Secretaría de Gobernación un plan de emergencia ante la violencia extrema contra mujeres

HAZEL ZAMORA MENDIETA

Cimacnoticias

Ciudad de México.- La Secretaría de Gobernación (Segob) debe reconocer como un problema de seguridad nacional la violencia extrema que enfrentan la mexicanas y crear una agenda de política pública de emergencia en las 26 entidades del país que han solicitado declararse en Alerta de Violencia de Género (AVG), exigió la Red Nacional de Mujeres por una Vida Libre de Violencia.

El frente de mujeres conformado por promoventes y solicitantes de las Alertas de Género en todo el país expresaron en una carta enviada el pasado 24 de agosto al titular de Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, su inconformidad por el nulo avance en la eliminación de la violencia contra las mujeres, a pesar de que está vigente y activado el mecanismo de emergencia en 12 entidades del país.

La exigencia a Segob se hizo luego de que el 4 agosto la dependencia se negará a activar la Alerta en los estados de Sonora, Tlaxcala y Puebla. Actualmente Estado de México, Morelos, Chiapas, Nuevo León, Michoacán, Colima, Nayarit, Veracruz, Sinaloa, Quintana Roo, Guerrero y San Luis Potosí tienen una Alerta decretada.

En el documento las activistas y organizaciones también demandaron a la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, y la comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Alejandra Negrete Morayta, la creación de una mesa de trabajo multidisciplinaria sobre AVG para todo el país, en donde se revisen estrategias sobre seguridad y garantía de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres.

La mesa, propusieron, debe estar conformada por expertas en la Alerta, especialistas de Conavim e Inmujeres, la Comisión Nacional de Seguridad, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

También pidieron que se reconozca el papel fundamental de las organizaciones de la sociedad civil, quienes solicitan la AVG, y se cree una mesa de seguimiento donde participen las agrupaciones para valorar la implementación del mecanismo y en caso de ser necesario reciban protección por parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Segob, por la labor de acompañamiento y defensa de víctimas de violencia de género.

En el último punto de la carta, exhortan a Segob a crear una Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, “que tenga la facultad amplia de sancionar de manera severa a las autoridades responsables de la impunidad de la violencia feminicida en nuestro país”.

“NO ENTIENDEN AVG”

La Red de solicitantes de las Alertas recordaron a las autoridades que el funcionamiento de este mecanismo depende de las políticas públicas implementadas por los tres niveles de gobierno, las cuales hasta ahora, “no cumplen con el principio de exhaustividad, congruencia y seguridad jurídica, ni con el debido proceso constitucional ni satisface los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano”, indicaron en su carta.

La AVG, aseguraron las agrupaciones “ha desvirtuado” el propósito por el cual se estableció hace una década en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: generar acciones de urgencia para salvar la vida de mujeres y cesar la violencia.

Mientras la situación se agrava con desapariciones forzadas de mujeres y altos índices de violencia de género en todos los ámbitos, las autoridades se niegan a declarar una AVG nacional, señalaron.

Por ello plantearon a Segob, Inmujeres y Conavim, la necesidad de hacer efectiva la Alerta y eliminar las barreras en su implementación, por ejemplo, respetar los plazos del mecanismo establecido en el reglamento de la ley, no emitir prórrogas a los gobiernos para acatar las órdenes que se desprenden de la Alerta, vigilar las políticas públicas que las entidades lleven a cabo y asignar presupuesto suficiente para su funcionamiento.

Sin embargo, expusieron a las autoridades que el 7 de abril de 2016 la ahora Red Nacional de Mujeres, presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el incumplimiento del Estado mexicano en la prevención, sanción y erradicación de la violencia feminicida en el territorio.

ANTE OMISIÓN RECUERREN A LA CIDH

En la demanda (con el número de expediente P-594-16, que tiene copia esta agencia) las agrupaciones expresan que a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) hizo una serie de recomendaciones en 2009 al gobierno mexicano por el feminicidio de tres jóvenes en Ciudad Juárez, Chihuahua, caso conocido como “Campo Algodonero”, persiste la justicia y la falta de reparación integral del daño.

En la denuncia ante la CIDH las agrupaciones pidieron que sancione al Estado mexicano por el incumplimiento de la sentencia de Campo Algodonero mediante “el desafuero, inhabilitación y destitución de los responsables ante sus actuaciones omisas y negligentes, que se traducen en violencia institucional”. Además de obligarlo a cumplir con la AVG en todo el país.

Las organizaciones fueron notificadas en diciembre de 2016 que la denuncia contra el Estado mexicano fue recibida por la CIDH y se encuentra bajo el estudio de la Secretaría Ejecutiva del organismo para determinar su procedencia.

Cabe recordar que la Red Nacional de Mujeres por una Vida Libre de Violencia nació en abril de 2017, tras una reunión  entre integrantes de las organizaciones civiles y solicitantes de las Alertas con funcionarios de  Conavim, Inmujeres y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.