*En 8 años, 15 mil solicitudes en materia de transparencia

*Al principio, interés centrado en sueldos de funcionarios; hoy, en aspectos vinculados a la delincuencia

*Autoridades municipales son las más renuentes a cumplir con la ley

ANGEL AMADOR SANCHEZ

De julio de 2005 a la fecha, la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (CEAIP) tiene registro de más de 15 mil solicitudes ciudadanas ante las unidades de enlace de diversas dependencias, peticiones en las cuales –en promedio- se plantearon cuatro preguntas, lo que hace un total de 61 mil documentos.

El resultado es positivo, toda vez que la mayoría de las solicitudes han sido contestadas por los sujetos obligados y sólo en 520 casos, al no dar respuesta adecuada a los solicitantes, se interpusieron recursos de inconformidad.

Cuando inició el ejercicio de este derecho en Zacatecas hace casi 8 años, los primeros meses fueron abrumadoramente dominados por el interés de la ciudadanía en los aspectos financieros y, de manera especial, en el salario de los servidores públicos, la nómina de las dependencias, comprobantes, bonos y compensaciones, era lo que más se preguntaba.

Sin embargo, ahora los ciudadanos se centran en los temas relacionados con la seguridad, y la dependencia a la que más piden información es a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), con 853 solicitudes en el último año. Demandan estadísticas de secuestros, desaparecidos, de personas sin identificar, lugares en los cuales se cometen asaltos, entre otros asuntos.

En estos cuatro párrafos se engloba el desarrollo que ha tenido la CEAIP en la entidad, según expresaron los integrantes del organismo: el presidente Jaime Cervantes Durán y los comisionados Jesús Manuel Mendoza Maldonado y Juana Valadez Castrejón, durante la entrevista con Los Periodistas, programa semanal transmitido por Radio Zacatecas en el 97.9 de FM.

En materia de seguridad, relata Mendoza Maldonado, “hay solicitudes muy interesantes, como pedir información sobre los cajeros bancarios en los que se cometen asaltos; uno de los ciudadanos solicitó a la PGJE el horario aproximado en que ocurren los delitos. Esos datos son importantes porque le dan una orientación a la ciudadanía en torno a los lugares más riesgosos”.

Y completa su idea: la transparencia beneficia a todos, y en este caso una inquietud ciudadana, como la arriba mencionada, debería llevar a la autoridad a generar información preventiva por otros medios.

Para Juana Valadez es muy importante que las autoridades informen a la población sobre las cuestiones de seguridad pública. Si tienen información privilegiada de los lugares en los que se suscitan más enfrentamientos, no deben callarla, sino darla a conocer, no hay que tapar el sol con un dedo, hay que comunicarla a la ciudadanía para tomar las medidas preventivas, exige.

No obstante, Maldonado puntualiza que existen aspectos que no deben hacerse públicos, por ejemplo, muchos alcaldes dan información a los medios respecto al equipo policiaco, el armamento con el que cuentan, tipos de armas, número de patrullas. Esa información es reservada, conforme a la ley, y “no es conveniente darle a conocer, ahora sí que a la delincuencia, cuál es el estado de fuerza que tienen las agrupaciones de seguridad”.

ALCALDÍAS, LAS DE MAYOR OPACIDAD

A partir de 2005, fecha en que se crea la CEAIP, son los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial los que más cumplimiento han dado a este derecho ciudadano, así como los institutos autónomos, entre otros IEEZ, CEDH, UAZ.

Sin embargo, dice Valadez Castrejón, es muy diferente en partidos políticos y ayuntamientos, con los que se ha requerido de mayor esfuerzo para  que se apeguen a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. Los primeros, reconoce, han avanzado más rápido que las presidencias municipales.

“En las alcaldías existen problemas muy fuertes, pese a los cambios de administración. Se hace labor de convencimiento con las autoridades municipales y empiezan a poner la información en sus portales de Internet, pero sólo en el primer año de ejercicio; en el segundo se reduce y en el tercer año ya no lo hacen. Unos porque están pensando en encargos diferentes y otros se encuentran preocupados en la entrega-recepción, y entonces dejan de lado el tema de la transparencia”.

Y agrega: “hemos visto casos en que a la responsable de la unión de enlace, la despiden cuando llega otro trienio y la saliente se lleva toda la información. Los que llegan no tienen siquiera las claves para entrar en su página web, no pagan el servidor de Internet, cuya anualidad es muy baja; no es cuestión monetaria, sino de interés en aplicar la ley, de tomar en serio el derecho ciudadano y la obligación para los servidores públicos”.

La comisionada indica que cuando 48 de los 58 municipios cumplen con la información de oficio en Internet, se considera que hay un avance importante, pero al revisarlos a los 6 meses, los que habían sacado buena calificación, ya no están en el sitio web.

“Y nos preguntamos: qué pasa, y concluimos que es una actitud política de los presidentes municipales, porque son los que están al frente de las alcaldías y son los directamente responsables del incumplimiento”.

Las inconformidades ciudadanas se concentran, de manera mayoritaria, en las presidencias municipales, siendo Jerez uno de los más incumplidos, es el que acumula más recursos de revisión.

Jaime Cervantes Durán, reflexiona sobre la renuencia de los alcaldes a cumplir con la ley:

-La causa de este desinterés, es la secuencia de los ayuntamientos de hace muchos años, en los cuales el presidente se sentía dueño de vidas y haciendas, se sentía la autoridad máxima y ejercía el poder a su capricho y antojo. De ahí se origina la resistencia a aceptar que debe cumplir con la ley, con el mandato de rendir cuentas de los recursos y transparentar sus acciones.

De manera general, los ediles “tratan de hacer un tránsito con aspiraciones de obtener recursos en su beneficio y escalar a otros puestos políticos, por eso ven de forma superficial el asunto de la transparencia”.

A lo anterior, puntualiza el presidente de la CEAIP, se suma la impreparación de los presidentes municipales, cuya mayoría llega por primera ocasión a un puesto público y carece de nociones de administración ni de lo que es respetar las leyes.

Mendoza Maldonado, por su parte, precisa que existen tres tipos de informaciones: la reservada, aquella que se considera puede poner en riesgo el ejercicio de la justicia o la seguridad de las personas; la confidencial, referida a los datos personales, y la de oficio, la que los ciudadanos no tienen que gestionarla mediante una petición de información, sino que debe estar disponible, ahora, en un sitio de Internet: aspectos financieros como el presupuesto, el endeudamiento, las convocatorias y resultados de licitaciones, avances de obras, el salario de los funcionarios, entre otros temas.

Indica que otras dependencias a las que llegan más solicitudes de información, luego de la PGJE, son la Secretaría de Finanzas, la otrora Oficialía Mayor y la de Educación. A organismos autónomos, a los que más piden datos es a la Universidad Autónoma de Zacatecas y enseguida a la propia CEAIP.

Al municipio que más le preguntan es al de Zacatecas, seguido de Fresnillo, Guadalupe y Río Grande.

COLOCADOS LOS CIMIENTOS

Mendoza Maldonado y Valadez Castrejón concluyen su periodo el próximo 7 de marzo, en tanto el presidente Cervantes Durán será relevado hasta diciembre del año en curso. Los primeros son fundadores de la comisión, y a la distancia consideran que ayudaron a sentar las bases de este derecho en la entidad.

“En una sociedad democrática es necesario que fluya la información; construir ciudadanía es hoy, más que nunca, necesario. Los dilemas que vive México, Zacatecas, la sociedad en general, demandan ciudadanos más comprometidos y, actualmente, se conoce que entre más información tengan, podrán participar mejor, mejorar la calidad de sus decisiones, de los procesos democráticos, del funcionamiento de las instituciones que reciben dinero público, todo esto hace que el funcionamiento de una sociedad se favorezca si circula la información”, resume Mendoza Maldonado.

A la CEAIP le corresponde estar en el vértice, apoyar, asesorar a los sujetos obligados, a los funcionarios para que puedan cumplir con este derecho, pero también promover el ejercicio de los ciudadanos para solicitar información y obtenerla, secunda Valadez Castrejón, quien admite que falta mucho por hacer en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Se requieren más recursos para ampliar este derecho a todos los zacatecanos, que se convierta en una cultura entre los ciudadanos y un estilo de trabajo entre las autoridades, completa Cervantes Durán.

El presupuesto de la CEAIP, informan, está entre los tres más bajos del país; este año es de 10 millones 600 mil pesos, insuficiente para cubrir las necesidades del organismo.

Pese a la carencia de recursos, los resultados -conforme al estudio La métrica de la transparencia- Zacatecas se ubica en media nacional.

“Creo que hemos hecho más de lo que los recursos hubieran permitido”, concluye Maldonado.