Severas fallas de la Procuraduría General de la República; seguirán protestas, advierten madres de desaparecidos

ANGÉLICA JOCELYN SOTO ESPINOSA

Cimacnoticias | México, DF

La defensa legal de las madres, padres y compañeros de los estudiantes agredidos y desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, sostuvo que existen 10 argumentos que impiden que la Procuraduría General de la República (PGR) dé por concluidas las investigaciones sobre los hechos.

En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, familiares de los 43 estudiantes agredidos y desaparecidos por policías municipales y el grupo criminal “Guerreros Unidos” hace cuatro meses, recalcaron que repudian que la PGR pretenda dar “carpetazo” al llamado caso Ayotzinapa.

Horas antes de este anuncio, Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, también dio una conferencia de prensa para mostrar las evidencias que probarían el supuesto secuestro, asesinato e incineración de los estudiantes a manos de sicarios.

No obstante, Vidulfo Rosales Sierra, defensa legal de las familias, argumentó que las averiguaciones de la PGR no son concluyentes, toda vez que los peritajes que mostró no están avalados por peritos e investigadores independientes.

En ese sentido, las familias reiteraron su confianza en el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y pidieron que se remuevan todos los obstáculos para que realicen su labor en condiciones óptimas.

También observó que el testimonio de Felipe Rodríguez Salgado, conocido como “El Cepillo” –a quien la PGR llama “elemento clave” en las pesquisas–, no alcanza a reconstruir la totalidad de los hechos porque el sicario declaró que no estuvo presente durante la jornada completa que duró el delito.

Además, el abogado criticó que los hallazgos de la PGR dependen completamente del testimonio rendido ante el Ministerio Público (MP) por parte de tres personas detenidas, quienes –advirtió– pudieron ser coaccionadas bajo tortura para rendir esas declaraciones.

Rosales informó que el asesinato del estudiante Julio César Mondragón, cuyo cuerpo torturado fue hallado en las inmediaciones donde ocurrieron los hechos, “no ha merecido ni la más mínima investigación”, ya que a la fecha no existen personas señaladas como responsables de su asesinato.

Además, la defensa informó que no están detenidos los supuestos operadores del homicidio de los normalistas. “El gobierno federal no ha podido detener al máximo responsable de la policía de Iguala, Felipe Velázquez, ni a su cómplice y subalterno Francisco Salgado Valladares; y tampoco detuvo a Gildardo Astudillo, alias el ‘Cabo Gil’”.

Y siguen prófugos 11 de las 15 personas que según la PGR estuvieron en Cocula, Guerrero –donde supuestamente habrían incinerado los cuerpos de los jóvenes–, al igual que Ángel Casarrubias Salgado “El Mochomo”, líder del grupo criminal “Guerreros Unidos”.

Vidulfo Rosales agregó que no hay un solo juicio penal en la Procuraduría por desaparición forzada, pese a ser la figura jurídica adecuada para investigar y castigar a los elementos policiacos que participaron en la desaparición de los estudiantes.

Detalló que existen “inconsistencias” en la averiguación de la PGR, toda vez que en ella obran declaraciones de supuestos sicarios de Iguala que confesaron haber atentado contra los estudiantes en Pueblo Viejo y Cerro La Parota, y no en Cocula como apuntaron las conclusiones mostradas ayer.

Igualmente, abundó el abogado, la PGR sólo tiene la certeza pericial de que uno de los estudiantes, Alexander Mora, fue asesinado, pero no así de los demás jóvenes, cuyos restos no han sido identificados.

Además, la defensa de las familias anunció que la investigación de la dependencia de justicia es “parcial” porque no se han explorado líneas de investigación para determinar la participación del Ejército en la desaparición de los normalistas, a pesar de que hay en el expediente indicios de su complicidad con la delincuencia organizada, ya que el policía Salvador Bravo Bárcenas afirmó ante el MP que el Ejército sabía desde 2013 que los “‘Guerreros Unidos’ controlaban la policía de Cocula”.

Pese a las denuncias que ha recibido la instancia, está pendiente investigar a otros alcaldes como el de Cocula y otras autoridades del gobierno de Guerrero por su posible colusión con el cártel criminal.

De acuerdo con el abogado, este hecho “tiende a la impunidad”, por lo que las víctimas acudirán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para denunciar el incumplimiento del Estado en el respeto de las garantías humanas.

Vidulfo Rosales señaló que la PGR vertió esta información con la que supuestamente habría de señalar el destino final de los normalistas, de cara a la visita el próximo mes de febrero del grupo de especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estará revisando el caso.

Agregó también que el anuncio de la PGR no fue dado con anticipación a las familias, tal como se comprometió Enrique Peña Nieto al firmar la minuta de reunión que sostuvo con las madres y padres el 29 de octubre de 2014, además de que también incumplió con la entrega de copias de todas las actuaciones de los expedientes a las familias.

MADRES DESCONFÍAN

Cristina Bautista Salvador, Carmen Cruz Medina y Blanca Nava,  madres de tres de los estudiantes desaparecidos, respondieron a la PGR que no creen ni aceptarán la versión que el día de ayer mostraron, por lo que continuarán movilizándose hasta tener nuevas respuestas.

Carmen Cruz advirtió que “no pueden tener más valor los testimonios de tres delincuentes que la de cualquiera de nosotros (las familias)”, y señaló que tienen información de que el Ejército amenazó anteriormente a los estudiantes por salir a “botear”.