Entregan video sobre impunidad en desapariciones forzadas

ANAIZ ZAMORA MÁRQUEZ

Cimacnoticias | México, DF.

En México, las mujeres son las víctimas invisibles de la desaparición forzada, son ellas las que se quedan al frente de las familias, y se hacen cargo de las y los huérfanos ante la carencia de políticas públicas y legislación adecuada que atienda las necesidades que deben de enfrentar.

Lo anterior se denunció durante la evaluación que este 2 y 3 de febrero el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) realizó en Ginebra, Suiza, al Estado mexicano sobre el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada.

Al mismo tiempo que familiares de personas desaparecidas –incluidos los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero– solicitaron a los 10 expertos que integran el CED su intervención para impulsar avances concretos y estructurales.

Madres, esposas e hijas de personas desaparecidas compartieron la manera en que la ausencia de sus seres queridos permea en sus vidas, situación invisible para las políticas públicas.

Una de las víctimas de “este dolor” que acudió al encuentro fue Olaya Dozal, madre de una joven desaparecida en Chihuahua, quien –acompañada del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm)– informó de la situación que se vive en la norteña entidad, una de las de mayor índice de personas desaparecidas.

La madre de familia explicó el problema ignorado e invisible de las desapariciones en ese estado y entregó un video de testimonios titulado “Las voces de los desaparecidos y las desaparecidas en México”, disponible enhttps://www.youtube.com/watch?v=I0TJhdDiZVI.

Dicho material realizado por las familias de personas desaparecidas en Chihuahua muestra la situación de las víctimas “invisibles”, es decir, las madres, hermanas, tías y abuelas que han quedado al frente de sus familias y a cargo de las y los huérfanos, sin políticas públicas ni legislación adecuada.

En el video se señala: “Cuauhtémoc, Chihuahua, y  Ayotzinapa, Guerrero, lejanos  geográficamente y cercanos en dolor e indignación, con patrones  idénticos de participación y complicidad de grupos criminales y agentes del Estado: policías y militares, en la desaparición de nuestros hijos e hijas.  

“Es cierto, en Ayotzinapa faltan 43. En Cuauhtémoc, Chihuahua, nos faltan 355 jóvenes, en el estado de Chihuahua mil 520, y en el país más de 22 mil 300; todo México es un cementerio”.

Uno de los testimonios sostiene que “las mujeres somos las víctimas invisibles, en los pueblos nos obligan a convivir con grupos criminales, con policías y militares. Presas de terror las mujeres debemos caminar, bajo la mirada amenazante de los hombres con sus armas listas para disparar, allanar cualquier hogar o para a llevarse a nuestras  hijas o hijos como botín de guerra”.

Otra de ellas dice: “Son muchos años de exigir justicia, en donde madres se han quedado en el camino y han sido asesinadas, somos muchas madres que estamos esperando justicia y que escuchen nuestras voces”.

“Te busco siempre” se lee en el pecho de una de las esposas de un desaparecido que relata que “las autoridades no saben los traumas que nos dejan a las madres, en mi caso mi hija la mayor se quiso suicidar tres veces, las autoridades no reparan en el trauma que nos dejan al obligarnos a tener dos trabajos para poder mantener a nuestras hijas e hijos”.

“Nuestros seres queridos eran jóvenes con esperanzas y sueños que se vieron truncados por el sinsentido de la violencia, en una de sus más crueles expresiones la desaparición forzada e involuntaria”, se escucha en el video que fue entregado al CED.

Dentro de los obstáculos que las mujeres denunciaron ante el Comité para la búsqueda con vida de las personas desaparecidas es que las autoridades no hacen cruce de la información genética con el ADN que les proporcionan las familias con los cuerpos no identificados del país.

“No hay diligencias para localizarlos con vida, no los buscan ni vivos ni muertos, somos nosotras las que hacemos las investigaciones a costa de nuestra seguridad”, acusaron.

A lo que agregaron que la Ley General de Víctimas es un documento que no tiene vigencia en las necesidades cotidianas de vivienda, salud y patrimonio que enfrentan las mujeres con familiares desaparecidos.