Pide la diputada federal Magdalena Núñez al presidente Peña Nieto regularizar la situación jurídica de esa instancia

Presentó ante el pleno un punto de acuerdo

La legisladora federal del Partido del Trabajo (PT), Magdalena Núñez Monreal, presentó ante el pleno de la Cámara alta una propuesta con punto de acuerdo con la finalidad de exhortar al titular de la administración pública federal a regularizar la situación jurídica de la Secretaría de la Función Pública.

Sostuvo que el asunto relativo a la investigación de diversos inmuebles propiedad del presidente de la República, de su cónyuge y del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el probable conflicto de intereses que pueda determinar o no la dependencia denominada Secretaría de la Función Pública, podría ser desestimado por un órgano jurisdiccional competente al haber sido encausado por un órgano administrativo a todas luces irregular dese el punto de vista de un derecho constitucional y administrativo.

La representante por Zacatecas, indicó que el Presidente debe proceder a la brevedad a regularizar la situación jurídica de dicho órgano administrativo, puesto que por razones de seguridad jurídica para él y todos los mexicanos es necesario fijar parámetros y reglas procesales que generen equidad entre las partes contendientes en un juicio.

La Legisladora petista expuso que al inicio de la actual administración, por iniciativa del presidente de la República, el Poder Legislativo reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la cual desapareció a la Secretaría de la Función Pública. El artículo 26 ya no la contempla.

“Fue en el segundo artículo transitorio del decreto correspondiente,  que se estableció con relación a la desaparición y transferencia de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública que estas entrarían en vigor a la fecha en que el órgano constitucional autónomo que se proponía crear en materia de anticorrupción entrara en funciones y por lo tanto la Secretaría de la Función Pública continuaría ejerciendo sus atribuciones conforme a los ordenamientos vigentes al momento de expedición del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 2 de enero de 2013”, recontó la diputada.

Así mismo, Núñez alertó que es un hecho notorio, para la Soberanía legislativa, que con la designación del nuevo titular de la dependencia del Ejecutivo Federal denominada Secretaría de la Función Pública, queda en el limbo el artículo transitorio al que se ha hecho mención, y en un estado de Derecho, debe haber claridad con relación a la competencia de los órganos de gobierno.

Aunado a ello la también secretaria de la Mesa Directiva puntualizó que más allá del debate con relación a si un servidor público designado por el titular de la administración pública federal, tiene independencia o no para actuar imparcialmente en la investigación de determinados hechos que involucran a su superior jerárquico, es indispensable definir la situación jurídica de la Secretaría de la Función Pública.

Agregó que es con la finalidad de que los posibles afectados con sus determinaciones tengan los elementos indispensables para  ejercer ante las autoridades correspondientes los medios de defensa que prevé el orden jurídico.

Finalmente, la diputada Núñez aseveró que las responsabilidades de los servidores públicos es una materia de competencia constitucional, por lo cual si la Secretaría de la Función Pública, es en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal la que tiene la atribución específica para conocer y decidir respecto a esas responsabilidades de carácter administrativo de los servidores públicos, la Ley Orgánica correspondiente debe precisar con claridad sus atribuciones  para conocer sobre asuntos de esa índole.