Atentado a la libertad de expresión; gobierno federal estaría implicado, reafirman

Cimacnoticias | México, DF.

Organizaciones civiles exhortaron al relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, que solicite al Estado mexicano información sobre las posibles injerencias del gobierno federal en el cierre del noticiario radiofónico que encabezaba la periodista Carmen Aristegui.

En una carta, las agrupaciones dijeron que si bien parece ser un conflicto entre particulares, pidieron al relator solicite al Estado mexicano información sobre las acciones que realiza para resolver el conflicto entre la periodista, despedida el pasado 16 de marzo, y la emisora MVS Radio.

En la misiva, firmada por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, el Centro de Comunicación Social (Cencos), y Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), entre otras organizaciones, se advirtió que la libertad de expresión y el acceso a la información son asuntos públicos.

Es por ello que aseguraron que las autoridades mexicanas están obligadas a tomar medidas, para evitar una afectación mayor tanto a las y los periodistas como al público radioescucha del programa “Primera Emisión”.

Las agrupaciones afirmaron que el despido de Aristegui es un atentado a la libertad de expresión en contra de las y los periodistas, y constituye un obstáculo al derecho de las audiencias de recibir información, opiniones e ideas de todo tipo, que deben ser garantizadas en toda sociedad democrática.

En su escrito, también citaron el anterior diferendo entre la periodista y MVS, cuando el 7 de febrero de 2011 rescindió el contrato de Aristegui por dar cobertura a un supuesto problema de alcoholismo de Felipe Calderón, hecho que calificaron como un “acto de censura”.

En 2012 se comprobó que el verdadero interés para cerrar el programa de Aristegui estaba ligado con las negociaciones entre MVS y el gobierno federal, como parte de la reforma legislativa en telecomunicaciones y radiodifusión, como lo reconoció en su momento el director de la empresa.

De acuerdo con las agrupaciones, en este conflicto se afecta la libertad de expresión en la dimensión individual, porque se menoscaba el derecho del equipo de “Primera Emisión” a externar ideas e información; mientras que en la  dimensión social se cerró un espacio informativo en el que la sociedad podía difundir sus propias ideas.

Ante todo ello, y considerando que el despido de Aristegui estuvo vinculado con su participación en la plataforma Mexicoleaks (sobre filtraciones ciudadanas por internet), las organizaciones pidieron al relator Edison Lanza que esté pendiente sobre esta situación y el desarrollo de las investigaciones correspondientes.