Aún obstaculiza investigar al Ejército: expertas de la CIDH

ANGÉLICA JOCELYN SOTO ESPINOSA

Cimacnoticias | México, DF.

El Estado mexicano sigue impidiendo que personal del 27 Batallón de Infantería sea entrevistado por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) que envío la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a México, para investigar la desaparición forzada de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, perpetrada hace nueve meses.

En conferencia de prensa hoy en esta ciudad, el GIEI informó que las autoridades mexicanas sólo han dado cumplimiento a 30 por ciento de las diligencias que se le han requerido, para esclarecer la agresión y desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en Ayotzinapa, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014.

De un total de 100 solicitudes, 24 por ciento han sido respondidas parcialmente y más de 40 por ciento siguen pendientes a pesar de que el GIEI ya lleva cuatro meses de investigación, y en agosto próximo deberá presentar su informe final.

Ángela Buitrago, integrante del GIEI, recordó que entre las peticiones sin resolver está la de entrevistar a miembros del 27 Batallón de Infantería; sin embargo, ayer las autoridades federales respondieron por escrito que “el Estado continúa analizando la procedencia de la solicitud”.

El gobierno mexicano también reiteró que “el GIEI está facultado en todo momento a sugerir al Ministerio Público ampliar las declaraciones que los 36 miembros del 27 Batallón hicieron en calidad de testigos”; es decir, que la comunicación con los militares no sea directa, sino por medio de la Procuraduría General de la República (PGR).

Al respecto, el Grupo se dijo preocupado por el retraso en esta decisión que –a nueve meses de la desaparición forzada– “limita los esfuerzos por avanzar en la investigación de los hechos, y las nuevas acciones y perspectivas en la búsqueda de los desaparecidos”.

Las y los especialistas explicaron que las solicitudes de mayor rezago son las que competen a las autoridades estatales y de justicia. No obstante, en días próximos presentarán más solicitudes importantes para la investigación, adelantaron.

COMPROMISOS

Las y los expertos también señalaron que la Policía Federal tomó más testimonios de las y los familiares de los normalistas, para establecer nuevos planes de búsqueda.

De eso resultó el compromiso por parte de la autoridad federal de presentar a las familias nuevas hipótesis y responder a cualquier cuestionamiento en este ámbito.

El GIEI agregó que la titular de la PGR, Arely Gómez, también sumó el acuerdo de reunirse con las familias para reparar la comunicación; no obstante, no se detalló la fecha de este encuentro.

La PGR también se comprometió con el GIEI a solicitar la acumulación de los procesos abiertos del caso y permitir la intervención de las y los expertos, para establecer los criterios de valoración y tipificación de los delitos que obran en seis causas abiertas de 15 procesos por el llamado caso Ayotzinapa, consignados ante tribunales de los estados de Tamaulipas, Morelos y Guerrero. 

Las y los expertos destacaron que se desarrolló un mecanismo para que la PGR tome nuevos testimonios de los normalistas que fueron víctimas y testigos de los hechos, quienes han mostrado disposición para participar.

NUEVOS HALLAZGOS

En su cuarto informe, las cinco personas expertas que integran el GIEI revelaron que pese a las informaciones difundidas se descubrió que los normalistas no habían planeado con anticipación llegar a la Central de Autobuses de Iguala, en el centro de esa ciudad, sino que iban con la única pretensión de ir a “botear” para conseguir dinero y transporte para venir al DF a la marcha por el 2 de octubre.   

El GIEI precisó que contrario a lo que se difundió en medios de comunicación, las lesiones que se hallaron en el cuerpo del normalista asesinado Julio César Mondragón fueron ocasionadas por tortura, y no por daños de la fauna nociva del entorno.

También informó que durante el mes de mayo visitaron en compañía de expertos en criminalística de campo y parametría establecimientos policiales, el basurero de Cocula, el río San Juan, una casa de seguridad, y los sitios donde ocurrieron los ataques contra los normalistas, en Iguala, a fin de contribuir a la valoración de las diferentes pruebas y evidencias recogidas hasta ahora.

Y se visitaron los Centros Federales de Readaptación Social para la toma de testimonios de personas inculpadas que se encuentran recluidas en el Estado de México, Veracruz, Jalisco y Nayarit. Con esta visita también se documentó la presunta tortura de 40 personas detenidas implicadas en el caso.

Como resultado de las gestiones del GIEI al gobierno federal, en días pasados se instaló una unidad móvil de salida en la entrada de la Normal Rural de Ayotzinapa, a fin de garantizar una atención médica a las y los familiares de los normalistas con problemas de salud.

En este punto, el GIEI informó que la Secretaría de Gobernación envió un documento inicial con información sobre los derechos de las víctimas del caso Ayotzinapa, el cual está siendo evaluado por las y los expertos. 

Y detalló que está a la espera de conocer el proyecto de ley en materia de desaparición forzada, para dar su opinión respecto a los criterios que debieran ser incluidos.

Las y los expertos se negaron a brindar una interpretación en el retraso de algunas diligencias, y señalaron que han sido insistentes en que las autoridades federales cumplan sus compromisos de apoyar en la investigación.

Detallaron que han avanzado en el análisis de los expedientes penales, así como en la toma de testimonios, en el contraste entre las distintas versiones, declaraciones y pruebas, y en la elaboración de su informe final.

Si bien el mandato de las y los expertos concluye en agosto próximo, señalaron que existe la posibilidad de extender la investigación un periodo más.