Lleva 3 años sin presupuesto; no hay compromiso del Estado mexicano, denuncian

Mujeres caen en las redes de este delito y las rescatadas no reciben apoyo del gobierno federal

 ANGÉLICA JOCELYN SOTO ESPINOSA

Cimacnoticias | México, DF.

En México, más de 30 mil personas –en su mayoría mujeres– caen en las redes de este delito, y quienes son rescatadas carecen de apoyo federal para que se les repare el daño.

Pese a la existencia de un Fondo de Protección y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas, creado por ley en 2012, la Cámara de Diputados no ha etiquetado en el Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos para su operación, dijeron expertas en este delito a propósito del Día Mundial contra la Trata de Personas, que la ONU conmemora cada 30 de julio. 

Con este Fondo se deberían pagar los gastos de recuperación por las crisis, estrés postraumáticos, síndrome de Estocolmo, y otros padecimientos psicológicos entre las sobrevivientes de trata, los cuales les lleva hasta 15 años poder superarlos.

Se suman los graves daños físicos, como la destrucción total de los órganos reproductivos, cáncer cérvico uterino, quemaduras, mutilaciones y otras lesiones derivadas de la violencia en su contra.

Este Fondo para víctimas se contempló desde 2012 en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas (mejor conocida como Ley de Trata), a fin de garantizar el resarcimiento, la reparación integral del daño, y la protección de las víctimas de este delito y sus familias, quienes necesitan atención psicológica, cambio de identidad, así como tratamientos e intervenciones médicas.

LARGA ESPERA

Actualmente la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés) litiga el caso de una mujer centroamericana de 33 años de edad, que fue explotada sexualmente durante ocho años por narcotraficantes en México.

Su caso está consignado ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada de la PGR, y por su seguridad se reservan sus datos personales y los del expediente.

La mujer –narró Teresa Ulloa Ziáurriz, directora regional de la CATWLAC– trabajaba en una maquila en su tierra natal, hasta que fue engañada junto con otras mujeres para llevarlas al norte de su país, de donde fueron traídas por la fuerza a México para ser explotadas sexualmente en un centro nocturno.

Además de las vejaciones sexuales, era obligada a beber 250 copas de alcohol por noche y, en estado etílico, le inyectaban cocaína para mantenerla en pie. Entre las secuelas de la explotación, ella tenía la mitad de la cara paralizada, “la matriz inversa”, la “vejiga caída”, perdió su dentadura a causa de los golpes, y presentaba otras lesiones graves.

Una vez que se le realicen las intervenciones médicas que requiere –abundó Ulloa– podrá reunirse con su familia, con la que sólo ha tenido comunicación telefónica. Sus cuatro hijos, que ignoran el delito del que su madre fue víctima, la creían muerta. 

La mujer debe esperar al menos tres meses más para que el gobierno federal le proporcione las prótesis que requiere para que no pierda un ojo por los golpes que recibió.

NEGLIGENCIA

Teresa Ulloa criticó el desinterés de las y los diputados federales para asignar recursos al Fondo de Protección: “No les interesa, ni hay un compromiso político real, ni han entendido las dimensiones de este delito”.

La abogada aseguró que las víctimas requieren de cinco a 15 años en constante tratamiento y evaluación, dependiendo de su edad, tipo de explotación y otras condiciones, pero ninguna logra reintegrarse a su vida pasada por lo que ellas se deben plantear nuevos proyectos de vida.

“Nunca vuelven a ser las mismas porque primero pierden la apropiación de su cuerpo y luego su identidad. Hay que volverles a enseñar a confiar en sí mismas, a tener autoestima porque acaban aniquiladas”, observó Ulloa, con más de 20 años litigando casos de trata. 

De acuerdo con CATWLAC, que al año atiende a más de 200 mujeres víctimas de este delito, estas mujeres enfrentan un cúmulo de obstáculos para reincorporarse con sus familias, retomar la escuela y tener un empleo.

La UNAM, por ejemplo, no destina un lugar para las víctimas que desean continuar sus estudios, pese a que –a decir de Teresa Ulloa– ellas no están en la misma condición de competir en un examen de admisión. 

La Ley de Trata también obliga a las autoridades a “realizar todas las acciones y diligencias necesarias para que la víctima sea restituida en el goce y ejercicio de sus derechos”, así como a “proporcionar los tratamientos médicos y psicológicos para su recuperación”.

No obstante, grupos civiles como CATWLAC cubren las necesidades de alimento, vestido y alojamiento para estas mujeres gracias a financiamientos internacionales que recibe la organización.

Ulloa acotó que es muy difícil lograr que las atenciones médicas para las víctimas sean gratuitas, pues los hospitales –sobre todo los de especialidades– se niegan a brindar servicios bajo el argumento de que “tienen su propia normatividad y no la pueden violar”.

La experta explicó que permea una “confusión” entre la autoridad de salud y otras dependencias sobre sus atribuciones en la reparación del daño a las víctimas de trata, ya que cuando se requieren fondos señalan que “no saben por qué tienen que pagar ellos”, lo que obliga a las mujeres a esperar hasta un año por una prótesis o una operación.

Verónica Caporal, coautora del “Diagnóstico del ciclo vital de las mujeres en situación de prostitución y su relación con el proxenetismo”, señaló que la trata de personas es muy “compleja” porque suma otros delitos.

Detalló que el dinero que se designa para la atención de estas víctimas está distribuido en varias dependencias y órganos intersectoriales que no realizan un trabajo coordinado y que en delitos federales pierden competencia.

El problema es mayor en los estados –reconoció la académica–, ya que no homologan sus leyes con la norma federal, y porque algunas entidades consideradas focos de atención en la materia, como Tlaxcala, tampoco cuentan con un presupuesto claro.

Según el “Diagnóstico nacional sobre la situación de trata de personas en México”, de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, el “limitado” impacto de la Ley de Trata se explica por la ausencia de reformas integrales en los estados, por desconocimiento e insensibilidad de los operadores de la norma; corrupción y negligencia; y recursos humanos y presupuestales limitados.