Reporta Copred 163 denuncias de trabajadoras de 2013 a 2015

ANGÉLICA JOCELYN SOTO ESPINOSA

Cimacnoticias | México, DF.

En dos años y medio, 163 trabajadoras denunciaron haber enfrentado alguna discriminación ligada a la maternidad, según el primer informe sobre despidos por embarazo en el Distrito Federal que elaboró el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred). 

El Copred –creado en 2011– presentó hoy en esta capital su primer informe sobre “Discriminación laboral hacia la mujer en la Ciudad de México; despido por embarazo”, que abarca las denuncias desde 2013 a lo que va de 2015.

De acuerdo con el documento, 35.38 por ciento de las denuncias por discriminación que recibió la instancia en lo que va de 2015 estuvieron relacionadas con la maternidad.

Esa cifra es 7 por ciento menor respecto a todo 2014, pero 2 por ciento mayor que en 2013. En total, la cifra de casos de discriminación relacionados con la maternidad que registró el Copred desde 2013 a la fecha es de 163.

Jacqueline L’Hoist Tapia, directora general del organismo, dijo en breve entrevista que al día de hoy ningún empleador o empleadora ha sido sancionado por esta situación con uno a tres años de prisión, con 25 a 100 días de trabajo en favor de la comunidad, o una multa de 50 a 200 días de salario mínimo, penas establecidas en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

No obstante, adelantó que este año podrían resolverse los nueve casos que actualmente investiga la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) contra empleadores que cometieron este delito, todos durante 2014, precisó la servidora pública.

L’Hoist Tapia también nombró seis empresas que cometieron esta discriminación y que, en general, son las que más incurren en conductas discriminatorias.

Se trata del restaurante Casa Ávila (que obligó a una trabajadora a firmar que no podía embarazarse); la tienda Coppel (que tiene varias quejas en curso); la Universidad ICEL (que dijo a una empleada que su embarazo daba mala imagen); Grupo Cometa (que despidió a una mujer por presentar embarazo y le ofreció un contrato como “freelance”); la tienda de equipo de laboratorio Trébol (que dijo a una trabajadora que su embarazo no le permitía rendir al 100 por ciento); y la empresa de cosméticos Avon (que despidió a una trabajadora que presentó un embarazo de alto riesgo por solicitar muchos permisos).

La titular de Copred observó que todos los casos que recibe pueden derivar en dos situaciones: una es la conciliación –que consiste en reparación del daño–, y la denuncia penal, a la que se llega si no se consigue la conciliacióny sólo si la peticionaria lo decide.

No obstante, señaló que durante 2015 todos los casos por discriminación vinculados con la maternidad que llegaron al Copred lograron conciliarse, ya que las mujeres obtuvieron el 100 por ciento de su liquidación, se les restituyó en su trabajo, se brindaron las capacitaciones requeridas, o se les ofrecieron disculpas públicas.

Y consideró que la restitución del empleo no es la mejor vía para la reparación del daño, ya que una vez que las mujeres regresan se topan con un “jefe enojado”.

L’Hoist Tapia criticó que la subcontratación, una práctica laboral que se hizo legal luego de la reforma a la LFT en 2012, representa un obstáculo para reparar el daño a las víctimas, ya que en el momento de buscar responsables no se logra identificar a un empleador.

Mientras, las mujeres sobreviven con el Seguro de Desempleo que brinda la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del DF, a fin de que cuenten con recursos económicos mientras se lleva a cabo la investigación.

La titular del Copred previó que para este año se espera una campaña “muy fuerte” para motivar la denuncia de las mujeres y, por otro lado, se buscará “que suene muy fuerte y que le quede claro al empleador” que si despide a una mujer por estar embarazada está cometiendo un delito.

Héctor de la Cueva, coordinador general del Centro de Investigación y Asesoría Sindical, criticó que “lo más difícil” para las mujeres que enfrentan esta discriminación es alcanzar la justicia, ya que las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje tienen cientos de expedientes rezagados, y no hay suficientes inspectores del trabajo que evalúen los centros laborales.

En ese tenor, la titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del DF, Margarita Darlene Rojas Olvera –también presente en el evento–, señaló que la autoridad laboral capitalina destinó los conflictos laborales vinculados con la población vulnerable (entre ellos los de género) a dos juntas especiales que tardan de tres a cuatro años y medio en resolver un laudo.