Paralizadas por el miedo, activistas y comunicadores afrontan impunidad y violaciones a los Derechos Humanos

Frivolidad del gobierno; de enero a julio suman 70 asesinatos y 90 desapariciones de mujeres

Anayeli García Martínez

Cimacnoticias | México, DF

En el estado de Veracruz, las desapariciones y asesinatos de mujeres, el hostigamiento a defensoras de Derechos Humanos (DH), así como las agresiones contra la prensa, son “pan de cada día” desde que Javier Duarte de Ochoa asumió como gobernador de la entidad en 2010.

El primer “foco rojo” se encendió en 2011 con el Informe de la Relatoría Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU, en el que se asentó que una de las instancias con más denuncias por agravios a periodistas era la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Veracruz.

En 2012 llegó la segunda señal de alarma cuando la ONU emitió las Observaciones finales del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), en las que manifestó su preocupación por las imparables y elevadas cifras en casos de feminicidio y desapariciones en Veracruz.

Ante este panorama, en mayo pasado el Colectivo Feminista de Xalapa; la Agrupación de Derechos Humanos Xochiteptl; Equifonía Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres; y el Centro de Apoyo al Crecimiento Humano y el Desarrollo Social, declararon una “alerta ciudadana” por la gravedad de la violencia de género en la entidad.

La representante del Colectivo Feminista de Xalapa, Monserrat Díaz, dijo que de enero a julio de 2015 suman 70 asesinatos y 90 desapariciones de mujeres, sin que el gobierno estatal tome cartas en el asunto.

Desde 2009 grupos feministas y el Instituto Veracruzano de las Mujeres solicitaron para Veracruz la Alerta de Violencia de Género (AVG) –mecanismo de emergencia para prevenir y atender este fenómeno–, por lo que se reunieron con el secretario de Gobierno estatal, Reynaldo Escobar, quien les respondió que el gobernador (Javier Duarte) “no quería una mala nota para el estado”.

Insistentes, el 24 de diciembre de ese año diputadas locales exigieron a Escobar la declaratoria de AVG, pero la respuesta contundente fue que era una “instrucción del gobernador no emitirla, pues eso sería como prender un foco rojo en la entidad”.

Con la negativa, las organizaciones aseguraron que se minimizó en ese momento el asesinato de ocho mujeres y la desaparición de al menos cinco más, así como el hallazgo de otras tres jóvenes en bares del centro y sur del estado que fueron obligadas a trabajar como meseras, y otra más forzada a prostituirse.

Ahora, explicó Monserrat Díaz, la situación en la entidad es “bastante delicada” y en cualquier momento la inseguridad y el miedo podrían “paralizar” a las personas defensoras de DH.

“Hay una sensación de desolación. Nosotras lo que estamos haciendo es justo articularnos para lanzar la solicitud de AVG en Veracruz (ante el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres)”, sin embargo –aclaró– no lo han hecho porque en el estado pareciera que las activistas viven en un “estado de sitio” donde no tienen posibilidades de acción.

Agregó que este ambiente adverso tiene que ver con la inseguridad, aunque apuntó que no puede asegurar que sea por una presunta relación entre el gobierno y la delincuencia organizada.

AÑOS DE VIOLENCIA

2012 también fue un año ríspido para las activistas y periodistas. Según la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) –que agrupa a activistas de México, Guatemala y Honduras–, ese año Veracruz fue ubicado como el cuarto estado del país con más violencia contra este gremio, sólo superado por Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

De acuerdo con IM-Defensoras, tales entidades se caracterizan por conflictos comunitarios, territoriales, económicos, migratorios y políticos; además de que tienen fuerte presencia militar.

A su vez, son estados con alto porcentaje de población indígena envuelta en procesos de defensa de la tierra y el territorio y, al mismo tiempo, son blanco de abusos por parte de las fuerzas de seguridad y el crimen organizado.

En cuanto a libertad de expresión, Veracruz (junto con Chihuahua) presenta la mayor cantidad de homicidios y desapariciones de periodistas, según datos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), de la PGR, que reportó 11 asesinatos desde 2010.

En 2011 fue asesinada Yolanda Ordaz de la Cruz, reportera policiaca del diario Notiver. Su cuerpo fue hallado en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, el 26 de julio de aquel año, dos días después de su desaparición.

En este escenario, el 28 de abril de 2012 en Xalapa fue ultimada la periodista y corresponsal del semanario Proceso, Regina Martínez Pérez. Fue encontrada en el baño de su casa, golpeada y con señas de estrangulamiento. En sus últimas colaboraciones abordó la violencia del crimen organizado, las acciones militares y la corrupción en el gobierno del estado.

Es tal la represión contra la protesta social en el estado, que incluso el pasado 5 de junio ocho estudiantes universitarios fueron golpeados en Xalapa con bates, palos, machetes y armas largas por encapuchados, lo que les causó fracturas en diversas partes del cuerpo, además de múltiples contusiones.

Como medida preventiva, periodistas que recibieron amenazas en la entidad decidieron exiliarse. Fue el caso del reportero gráfico Rubén Espinosa Becerril, también corresponsal de Proceso y de la agencia fotográfica Cuartoscuro. El pasado 31 de julio fue asesinado en la colonia Narvarte, en el Distrito Federal.

 El reportero fue ejecutado junto con la activista Nadia Vera Pérez, originaria de Chiapas, y quien era activista del movimiento estudiantil #YoSoy132 en Xalapa, donde estudió la universidad. Ella fue una de las estudiantes golpeadas por policías de Veracruz en una manifestación el 20 de noviembre de 2012.

Previo al crimen, el periodista y la defensora responsabilizaron a Javier Duarte de cualquier incidente que les pudiera suceder, pues ya habían sido vigilados y amenazados, razón por la que se refugiaron en la Ciudad de México.

Junto a Espinosa y Vera también fueron asesinadas Yesenia Quiroz, Mile Virginia Martín y Alejandra Negrete, cuyos casos son investigados por la PGJDF como feminicidio debido a que hubo señales de estrangulamiento y violencia sexual.

Monserrat Díaz advirtió: “Estamos muy preocupadas por lo que está sucediendo; por supuesto que hay un clima de temor; creemos que tenemos que reforzar nuestra protección y tratar de seguir adelante en medio de todo esto”.