Ignora hipótesis sobre libertad de expresión y defensa de DH

ANAYELI GARCÍA MARTÍNEZ

Cimacnoticias 

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) lleva a cabo una investigación “mediática” para llegar a una verdad paralela y no a la verdad jurídica, en torno al asesinato de cinco personas en la colonia Narvarte, en esta capital, el pasado 31 de julio, criticó la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).
 
En rueda de prensa en el Centro de Comunicación Social (Cencos), en esta ciudad, los abogados de la ANAD y coadyuvantes en el caso de feminicidio de la activista Nadia Vera Pérez –una de las cinco víctimas–, Karla Micheel Salas Ramírez y David Peña Rodríguez, aseguraron que tras revisar seis tomos de la investigación por los asesinatos en la colonia Narvarte –donde también fue ultimado el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril– encontraron varias inconsistencias.   
 
Precisaron que si bien coadyuvan en el caso de Nadia, estas irregularidades también impactan en el acceso a la verdad y a la justicia de todas las víctimas, y es que en el crimen también fueron asesinadas Yessenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martín y Olivia Alejandra Negrete Avilés.
 
“De los seis tomos a los cuales tuvimos acceso (de la averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/04379/1507), hay varios elementos que nos han preocupado; primero que la Procuraduría ha filtrado información a los medios de comunicación, y esta información no es del todo precisa o no tiene soporte en el propio expediente. Cómo lo interpretamos o qué nos dice: que la Procuraduría está construyendo esta historia paralela”, abundó Salas Ramírez.
 
La abogada precisó que aunque la PGJDF insista en afirmar que el móvil de la masacre fue un robo, de acuerdo con el expediente no hay información que sustente esta hipótesis, toda vez que no se sabe cuáles eran los objetos a robar y debido a que en el lugar de los hechos quedaron pertenencias de valor como teléfonos celulares y computadoras, e incluso el auto sustraído fue abandonado. 
 
También afirmó que a pesar de que el procurador Rodolfo Ríos Garza y el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, aseguran públicamente que todas las líneas de investigación están abiertas y no se descarta ninguna, en el expediente no existe ningún móvil.  
 
Salas Ramírez dijo que a decir de las agrupaciones civiles, el caso tiene un “móvil político”, es decir la probable participación de agentes del estado de Veracruz, entidad donde radicaron la activista Nadia Vera Pérez y el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, pero tampoco esta hipótesis está en el panorama de las autoridades.
 
Es por ello que el pasado 4 de agosto la ANAD solicitó a las autoridades que recabaran testimonios de familiares, activistas y periodistas que pudieran aportar información sobre las amenazas y la persecución de la que fueran víctimas Nadia y Rubén, pero lo  “preocupante” –acotó la abogada– es que quienes acuden a declarar pueden estar en riesgo.
 
Asimismo, mencionó que hay elementos que no quedan claros, por ejemplo cómo es que un malabarista, un pulidor de carros y un acomodador de carros –perfil de los supuestos responsables–tuvieron acceso a un arma nueve milímetros con silenciador de uso exclusivo del Ejército, para asesinar y torturar a las cinco personas.    
 
Los abogados criticaron que el Jefe de Gobierno anunciara que hoy personal de la PGJDF iría a Veracruz a entrevistar al gobernador Javier Duarte, porque además –advirtieron– de que fue un mero anuncio y no una diligencia ministerial, pareciera que con ello se quiere dar por cerrada la línea de investigación por motivos políticos.
 
Y es que de antemano saben que Duarte va a decir que no tuvo nada que ver, por ello David Peña mencionó que antes de ir a entrevistar al gobernador, la Procuraduría debería construir una línea de investigación que dijera que en el crimen hubo autores materiales e intelectuales para después relacionarlo con agentes estatales y con el mandatario estatal.
 
Los abogados señalaron que primero se debió recabar información de testigos y de otros miembros del gabinete en Veracruz, como el actual secretario de Seguridad Pública y el ex secretario de la misma dependencia, porque Nadia y Rubén ya habían denunciado persecución y amenazas por parte de la policía estatal.
 
“Nos preocupa que pretendan dar por cerrada la línea de investigación por móvil político”, alertaron.
 
Agregaron que hasta ahora hay información confusa sobre la hora de la muerte de las cinco víctimas, además de la filtración de datos que las estigmatizan, por lo que los litigantes advirtieron que no se puede permitir que se cierre el caso con una “verdad paralela que no responde al acceso a la justicia”.
 
En la conferencia participaron además Carlos Cruz, de Cauce Ciudadano; Ana Yeli Pérez, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; Sergio Méndez Silva, del colectivo Justicia Pro Persona, y activistas de Veracruz que se sumaron a la exigencia de una investigación imparcial que priorice la línea de libertad de expresión y la defensa de los Derechos Humanos en el caso de dos de las cinco víctimas.