México, D.F. Grupo de expertos coincide en que “debe replantearse toda la investigación” de la desaparición forzada de 23 estudiantes

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) publicó ayer su Informe Ayotzinapa sobre las desapariciones y homicidios de los 43 estudiantes el 26 y 27 de septiembre de 2014, informó a través de un boletín de prensa el Instituto de Justicia Procesal Penal “Presunción de Inocencia”.

En él se da cuenta de las primeras conclusiones a las que llegan los expertos después del análisis de las investigaciones realizadas por las procuradurías General de Justicia de Guerrero y General de la República (PGR), y, en resumen, muestra que debe replantearse toda la investigación con base en sus hallazgos. Estos expertos y peritos son claros en sus afirmaciones: la PGR llegó a una conclusión sin probar científicamente su hipótesis.

Destacan al respecto las inconsistencias de la versión oficial con el análisis de los hechos y sus posibles causas por parte del GIEI. Sobresalen la masividad del ataque hacia más de 180 personas; el nivel de agresión indiscriminada; la invisibilización de la presencia de distintas fuerzas de seguridad, incluyendo la Policía Federal y el Ejército; el uso de la fuerza desproporcionado, irracional e innecesario contra los estudiantes; y, en general, el marco de impunidad en el que se dio su desaparición forzada por las acciones y omisiones de las distintas autoridades al mando.

La reacción de la PGR no se hecho esperar: en un comunicado parco de la Procuradora Arely Gómez y la posterior defensa de la investigación del subprocurador Tomás Zerón se observa la predecible falta de compromiso institucional con la verdad.

Hace ya muchos años que diferentes organizaciones de sociedad civil, académicos y actores del sistema de justicia reclaman investigaciones profesionales y científicas. La fabricación de casos es común y la debilidad de la persecución penal es constantemente subsidiada por dicho sistema. Son innumerables los casos fundados en “confesiones” o testigos únicos, mientras que las víctimas siguen esperando la respuesta de las autoridades.

Año con año la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) confirma la falta de confianza en la policía y el sistema de justicia. Los legisladores presumen leyes punitivistas que elevan las penas de los delitos y otros funcionarios públicos hacen alarde de prisiones de alta seguridad para los “más peligrosos”. Nada de esto ha resultado en un país más seguro ni menos impune.

El sistema de justicia acusatorio tampoco ha demostrado ser la solución para mejorar la investigación y al día de hoy, a diez años del inicio de su implementación y a casi ocho de la reforma constitucional, se sigue reclamando la reestructura de las procuradurías para su mejor funcionamiento.

Ante el Informe del GIEI, se demandó que las instituciones de justicia federal reconozcan la debilidad de la investigación realizada por la PGR; tomen en cuenta el Informe en cuestión para determinar nuevas líneas de investigación, y deslinden responsabilidades de las autoridades que hayan intervenido en la definición de la versión oficial. Todo lo anterior con el más alto respeto por el debido proceso de las personas imputadas y los derechos de las víctimas.

Exigimos verdad, justicia y reparación. Todas y todos somos víctimas cuando las instituciones de los sistemas de justicia y seguridad contribuyen a la impunidad.