Madres de normalistas de Ayotzinapa exigen castigo a ex titular de PGR

ANGÉLICA JOCELYN SOTO ESPINOSA

Cimacnoticias | México, DF.

“Nosotros, los padres y las madres, teníamos la razón, siempre la tuvimos: que nuestros hijos no estaban quemados”, dijo Blanca Luz Nava Velez, mamá del normalista desaparecido Jorge Álvarez Nava, como reacción al informe final que presentó ayer el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Tras el informe que presentó ayer el GIEI, y que echó abajo la versión oficial del gobierno sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, las familias de Ayotzinapa se agruparon en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en esta capital, y exigieron casi a gritos que Enrique Peña Nieto les ofrezca “de su propia boca” una audiencia antes de este jueves 10 de septiembre.

“Su verdad histórica se convirtió en una mentira histórica”, le reclamaron al titular del Ejecutivo federal las madres y padres de los normalistas desaparecidos hace casi un año, y cuestionaron por qué habrían de confiar nuevamente en las autoridades si ya fueron capaces de mentirles.

Las familias –que preguntaron “¿Por qué Murillo (ex procurador general de la República) nos mintió?”, y aseguraron que saben que el gobierno les tenderá nuevas versiones falsas– solicitaron que se extienda por tiempo indefinido la presencia del GIEI en México, que se investigue penalmente a Jesús Murillo Karam, y que la investigación sobre el llamado caso Iguala se restaure en su totalidad, como también recomendó el grupo de expertos al cierre de su informe.

Cinco horas antes de esa declaración, el GIEI –representado por cinco especialistas en Derechos Humanos (DH) que trabajaron en México durante seis meses para investigar la desaparición forzada, tortura y asesinato de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero– dio en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) sus primeras conclusiones sobre el caso.

Frente a las familias, los representantes del Estado y los medios de comunicación, el GIEI mostró diferentes evidencias que refutaron la versión concluyente que la Procuraduría General de la República (PGR) presentó el pasado 27 de enero, para asegurar que los estudiantes habrían sido entregados por la policía municipal y uno de sus compañeros al grupo criminal “Guerreros Unidos”, quemados en el basurero de Cocula, y sus restos (convertidos en cenizas) arrojados al Río San Juan.

Esa versión todavía aparece en el portal de la Presidencia bajo el título “Ayotzinapa: investigación sin precedente”, que muestra un “reporte final” de 63 hojas con un cúmulo de supuestos peritajes, fotografías y fríos testimonios de los inculpados. Dicho reporte está acompañado de un “mensaje de optimismo” de Peña Nieto.

Las y los expertos –quienes investigaron el caso del 2 de marzo al 2 de septiembre de 2015– explicaron que según el peritaje que solicitaron a José Torero, peruano experto en seguridad y manejos de fuego, para realizar la incineración que describió el entonces procurador Murillo Karam habrían sido necesarios 30 mil 100 kilogramos de madera, 13 mil 330 kilogramos de neumáticos, y 13 mil 330 kilogramos de diésel, con una duración mínima de 60 horas.

En contraste, los “horrorosos” testimonios de los inculpados –contradictorios entre sí, según el GIEI– que presentó la PGR como evidencia, decían que se utilizaron de 10 a 15 neumáticos y que los cuerpos se habrían quemado en menos de 12 horas, además de que la madera que se encontró en el lugar era “limitada” y no era gruesa como se requiere.

Otros elementos, como la integridad de los troncos de los árboles cuya madera debió afectarse gravemente, la irradiación de calor que impediría que los presuntos inculpados regresaran a la zona a dejar más combustible y la altura del humo que debieron ver las y los habitantes de Cocula, derrumbaron la “verdad histórica” de Murillo Karam y “desestiman las declaraciones (de los inculpados) por ser científicamente imposibles”, demuestran “déficit en las investigaciones”, y se concluye que “los muchachos no fueron incinerados en el basurero”, sentenció el Grupo.

Se trató de un “montaje” que amerita la destitución de funcionarios, aseguró Carlos Facio, periodista uruguayo experto en crímenes de Estado que presenció el informe. La escritora Elena Poniatowska y Perseo Quiroz, presidente de Amnistía Internacional-México, también estuvieron en el evento.

El GIEI también develó que los militares del 27 Batallón de Infantería de Iguala, así como la Policía Federal, tuvo conocimiento desde los primeros minutos de que los estudiantes salieron de Ayotzinapa para “botear” (pedir dinero) y tomar camiones, así como de los ataques horas después en contra de ellos, pero que ninguno de los agentes del Estado hizo algo por proteger la vida de los normalistas.

Por el contrario, las y los expertos revelaron que los estudiantes fueron perseguidos, hostigados y agredidos en diferentes momentos y lugares en la noche por la policía municipal de Iguala, la de Cocula, la ministerial, la estatal y la federal.

Y precisaron que ningún estudiante estaba armado ni tenía la intención inicial de ir al centro de Iguala (como trascendió al principio en medios de comunicación), sino que uno de los conductores de los autobuses que “tomaron” para poder venir a la Ciudad de México a la marcha del 2 de octubre les pidió ir con él a la central de autobuses, para supuestamente dejar a las y los pasajeros que iban a bordo.

También se informó que el chofer encerró a un grupo de estudiantes en el autobús y que ellos pidieron la ayuda de sus compañeros pero que la policía municipal pretendió impedir que los estudiantes salieran de la terminal camionera con los autobuses, y los agredieron con armas de fuego mientras ellos se defendieron con piedras y un extintor.

Más omisiones salieron a la luz: no fueron cuatro sino cinco los camiones en los que viajaron los normalistas al salir de la central (este último cuyo paradero es incierto); que el C4 –que recoge los reportes de seguridad– conocía y seguía los hechos, pero dejó de reportar durante una hora a la mitad de la noche, justo en el momento en que presuntos encapuchados “rafaguearon” a los estudiantes que en ese momento improvisaban una conferencia de prensa para informar del ataque.

El estudiante Julio César Mondragón, que logró escapar de la agresión de los encapuchados, fue encontrado después sin vida y con signos de tortura.
 La PGR omitió parte de esta información a la sociedad, pero destaca que hubo otros “elementos vitales” que los expedientes de la Procuraduría no habían considerado, por ejemplo la existencia de un video tomado desde el Palacio de Justicia de Iguala en el que se ve uno de los ataques (y que después fue destruido), o que un grupo de 10 estudiantes tuvo que pasar la noche refugiados en la casa de una mujer que les dio asilo. 

El grupo de expertos reveló que los estudiantes no tenían la intención de sabotear el evento de María de la Luz Pineda, esposa del entonces presidente municipal, Luis Abarca, y que no encontraron evidencia alguna de que fueran del grupo delincuencial “Los Rojos” o que tuvieran intenciones criminales.

A fin de dibujar el verdadero motivo por el que los estudiantes fueron víctimas de un ataque tan violento, el GIEI presumió la hipótesis de que la fuerza policial que se desplegó esa noche –bajo órdenes coordinadas por un hombre atlético desde una casa blanca con puerta negra y que fueron operadas por un hombre de bigote blanco amarillento, ambos sin identificar– era impedir la toma del quinto autobús, el cual podría estar vinculado con tráfico de drogas.

Las y los expertos sostienen que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) actualmente desarrolla una investigación en Iguala, por el uso de autobuses de diferentes líneas para el tráfico de estupefacientes, y que este delito estaría vinculado con el grupo criminal “Guerreros Unidos”.

Si bien el GIEI solicitó a las autoridades una fotografía del quinto camión (que primero ocultó la PGR y luego dijo que lo abandonaron los estudiantes porque no funcionaba), se investigó pericialmente y se determinó que la imagen que aportó la autoridad no coincide con la del camión que muestran los videos de la noche del 26 de septiembre de 2014, que la central camionera entregó a las y los expertos.

El grupo de expertos recomendó unificar la investigación en un solo expediente y considerar otras violaciones a DH, cumplir diligencias pendientes, investigar responsabilidades por parte de funcionarios, y mantener abiertos los procesos de búsqueda.

El informe lo recibió, entre vituperios, Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob); y en representación de las familias subieron cuatro madres de los normalistas desaparecidos, María Elena, Cristina, Hilda y Joaquina, quienes abrazaron al grupo de expertos y gritaron “¡Ni perdón ni olvido!”.

REACCIONES

A las 3:30 de la tarde de ayer, la titular de la PGR, Arely Gómez, brindó una rueda de prensa para asegurar que tomará en cuenta las recomendaciones del GIEI, que se aceptó que las y los expertos prolonguen su estancia, que ordenaría nuevos peritajes y que delegará la investigación a la Subsecretaría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

No obstante, la procuradora –quien no permitió preguntas de la prensa– omitió agregar si investigará a Murillo Karam y a los otros servidores públicos que informaron la supuesta “verdad histórica”.

La única pregunta que quedó abierta al final de esta jornada fue la que hicieron las madres y los padres a micrófono abierto: “Si no los quemaron… ¿dónde están nuestros hijos?”.

El GIEI reconoció que no tiene indicios o certeza alguna del paradero de los jóvenes, de quienes lo último que se supo fue que fueron detenidos por policías municipales de Iguala, Guerrero.