México, D.F. Se requiere un control eficaz al poder público, dice senador del PT, David Monreal, al proponer modificar la Ley de Obras Públicas

Latentes, los conflictos de interés y la “inflación” de costos por los gobiernos

Dado el clima de corrupción e impunidad que impera desde hace varios años, pero especialmente durante este sexenio se sufre en México, expresó el senador del Partido del trabajo (PT), David Monreal Ávila, al presentar una iniciativa de modificación a la Ley de Obras Públicas, ya que dichas gestiones han creado el ambiente propicio para que funcionarios corruptos y empresas constructoras, se coludan en perjuicio del dinero público y de todos los mexicanos.

El legislador afirmó que la falta de mecanismos de un control eficaz al poder público en México, lo ha llevado a posicionarse como uno de los países con mayor corrupción en el mundo: el lugar 103 de 175 países, de acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción 2014, elaborado por Transparencia Internacional.

Dicha situación es acompañada por los altos niveles de impunidad, delincuencia y tráfico de influencias, lo que se traduce a un desarrollo social y económico miserable y, en consecuencia, que la mitad de la población se encuentre en situación de pobreza.

“La ley no ha logrado erradicar la corrupción, el tráfico de influencias y los conflictos de interés… las autoridades favorecen el otorgamiento de contratos, o bien, las bases bajo las cuales fueron pactadas las condiciones de la obra son modificados, generando un aumento en el costo o el detrimento de la calidad de la misma”, afirmó el senador.

Recordó que la llamada “Estela de Luz”, construida con motivo de la conmemoración del bicentenario del movimiento de independencia, tuvo un presupuesto inicial de 400 millones de pesos y terminó con un costo de más de mil millones de pesos.

También evocó el conocido caso de la línea 12 del metro en el Distrito Federal, la cual tenía prevista una inversión inicial de mil 500 millones de pesos, la cual tuvo un costo final de 24 mil 500 millones de pesos, de los cuales más de 13 mil fueron de inversión estatal.

La misma situación ocurrió en la construcción de la Biblioteca Vasconcelos en el Distrito Federal, cuyo costo inicial se contempló en 954 millones de pesos, y tuvo un costo total final de 2 mil millones de pesos, es decir, tuvo un aumento del 109 por ciento.

Por último, citó los análisis de México Evalúa sobre los más recientes escándalos de corrupción en el cual, personal de la empresa OHL, presuntamente sobornó a un funcionario del Estado de México para aumentar los precios del Viaducto Bicentenario: “la obra derivada de la Concesión del Circuito Exterior Mexiquense sufrió modificaciones sistemáticas del presupuesto. Tan sólo el monto de inversión acumulado reconocido por el Estado de México, pasó de más de 5 mil millones de pesos en 2005, a más de 23 mil millones de pesos en 2011.

En conclusión, el senador propuso modificar el artículo 59 de la Ley de obras públicas para que las erogaciones por dicho concepto sean autorizados por un comité de revisión y vigilancia integrado por el servidor público responsable de la obra, un ingeniero, un arquitecto y un administrador expertos en el tipo de obra materia del contrato, quienes deberán estar afiliados a un colegio o barra de profesionistas, y limitar la flexibilidad en el tiempo y presupuesto de 25 por ciento actual, a 10 por ciento.

Dijo que la iniciativa para modificar el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas, es con el fin de reducir los costos y restringir la libertad de las dependencias y entidades para modificar contratos de este tipo, ya que esta libertad ha dado campo abierto a la corrupción y el desvío de recursos.

La corrupción en México ha llegado hasta el Ejecutivo federal, y es uno de los factores que han resquebrajado la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho. Por ello es fundamental evitar que el dinero público sea manejado con toda libertad por las autoridades encargadas de las obras públicas.

 La corrupción que más lastima la economía nacional, y la credibilidad del Estado Mexicano, es la cometida por altos funcionarios, responsables de obras públicas, quienes manejan grandes cantidades de dinero, por ello debemos restringir las libertades que les han permitido protagonizar escándalos de corrupción.