El Estado estaba obligado a iniciar un procedimiento de oficio por los asesinatos y por el contrario fue totalmente omiso

Cuestionan a la Fiscalía General por crear esas tumbas “para tirar como basura” los cuerpos “no reclamados”

Ma. Guadalupe Gómez Q.

Cimacnoticias | Ciudad de México

Tres niñas, de entre 6 y 9 años, una de ellas probable víctima de trata o pornografía infantil, y una bebé recién nacida, forman parte de los cuerpos rescatados por equipos periciales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, dentro de las fosas clandestinas creadas por del gobierno de Graco Ramírez, en Tetelcingo, municipio de Cuautla.

En las fosas donde fueron inhumadas clandestinamente estas niñas, sin cumplir ningún protocolo forense, había un total de 117 cuerpos, apilados sin orden, vertical y horizontalmente, en bolsas de plástico, varios sin etiquetas de identificación, desordenadas, así como 9 bolsas con 12 fragmentos de los que la autoridad no da explicación.

Así lo señala el informe “Fosas clandestinas de Tetelcingo. Interpretaciones preliminares”, presentado el 23 de agosto en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y que incluye un apartado, escrito por los activistas Nashieli Ramírez y Roberto Villanueva, titulado “Niñas inhumadas de manera clandestina en Tetelcingo”, donde describen las condiciones en que estaban sus cuerpos e hipótesis sobre por qué la Fiscalía General del estado decidió crear esas fosas “para tirar como basura” más de cien cuerpos “no reclamados”.

Nashieli Ramírez es presidenta de la organización Ririki Intervención Social, y Roberto Villanueva coordinador del Programa de Atención a Víctimas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

MADRE Y TÍA, EN BUSCA DE OLIVER

El hallazgo de las fosas se originó cuando la señora María Concepción Hernández y su hermana Amalia, madre y tía de Oliver Wenceslao Navarrete, reclamaron a la Fiscalía estatal el cadáver del joven, quien fue asesinado tras un secuestro en mayo de 2014. El cadáver fue encontrado en una barranca cinco días después e identificado por su familia.

El Servicio Médico Forense pidió a la familia que el cuerpo se quedara para seguir las investigaciones y luego lo entregarían para que lo sepultaran. Sin embargo, tras reiteradas peticiones, el 5 de  diciembre de ese año, les dijeron que el cuerpo de Oliver –de oficio comerciante y a quien secuestraron siete hombres cuando recogía a sus hijos en la escuela– no estaba en el forense y que lo habían llevado a una fosa común. Pidieron la exhumación.

El lugar donde enterraron a Oliver el 28 de marzo de 2014 tenía más de cien cuerpos, pero carecía de registro oficial, estaba ubicado  en un terreno particular, pero era operado por la Fiscalía General del estado como cementerio clandestino.

Las señoras Concepción y Amalia Hernández encontraron apoyo en el poeta y activista Javier Sicilia, cuyo hijo fue muerto por la delincuencia en 2011 y, junto con la madre de una joven desaparecida, buscaron la ayuda de la UAEM para la exhumación.

Sin embargo, las autoridades judiciales del estado difícilmente  aceptaron la participación de esa institución y llegaron incluso a demandar penalmente, el 16 de mayo pasado, a la madre de Oliver, a Sicilia y al rector de la UAEM, cuando iban a anunciar, junto a la fosa, que la Procuraduría General de la República había determinado que dicha universidad participaría en el rescate y análisis forense de los cuerpos. La acusación fue por sabotaje, quebrantamiento de sellos y ultrajes a la autoridad.

Pese a la oposición del gobierno morelense, un juez de control determinó que la Universidad, a través de su programa de Atención a Víctimas, sí participaría en la exhumación, porque las autoridades judiciales estaban obligadas a respetar los derechos de las víctimas.

El 9 de diciembre de 2014 fue exhumado Oliver, para lo cual fue necesario extraer otros 17 cuerpos, que fueron nuevamente  reintegrados a la fosa. Y a partir del 23 de mayo pasado fue exhumado el resto de cuerpos, 37 por ciento correspondiente a mujeres, entre ellas las tres niñas.

LAS NIÑAS

Los datos de la Fiscalía General del estado respecto a las niñas, señalan en el informe Nashieli Ramírez y Roberto Villanueva, es incipiente, omite todo lo que puede ayudar a su identificación,  porque no indica señas particulares ni objetos asociados que se encontraron en las fosas y “omite también informar los delitos y/o violaciones a Derechos Humanos que se persiguen a raíz de estos hechos”. Solo informa brevemente el contexto en el cual los cuerpos fueron encontrados y yerra en algunos datos. 

Lo más grave, dicen es que se minimiza la gravedad de la situación, obstruye las investigaciones e impide, sobre todo, “que las niñas tiradas como basura en las fosas clandestinas de Tetelcingo regresen con sus familiares y estos puedan darles un sepultura acorde a sus tradiciones, valores o creencias”.

SIETE AÑOS, TENIS CON ESTRELLITAS

En la mañana del 2 de junio pasado, el equipo forense de la UAEM regresó a la luz el cuerpo de una niña que tendría 7 años de edad, aproximadamente. Estaba en la fosa “B” en posición horizontal, “envuelta en plástico transparente y plástico negro con tablas de triplay en la parte posterior”. El equipo cortó el plástico y lavó el cuerpo.

Junto a ella, mal embalada, estaba la ropa que vestía cuando fue hallada muerta: un suéter negro de manga y cuellos de tortuga, con vivos grises en las mangas. Su blusa, calada en la parte superior, de marca La Belle, pantalón azul de mezclilla marca Dereon, tenis tipo converse de color azul, vivos verdes, blancos y amarillos en forma de estrellitas e instrumentos musicales, pantaleta marca Ormez.

La niña, a quien le designaron la carpeta de investigación SC01/14214/2012, fue encontrada “alrededor de las 13:30 horas, el miércoles 26 de diciembre de 2012, en un terreno baldío en la colonia Ejidos de Acapatzingo, municipio de Jiutepec”.

LA NIÑA DE UÑAS PINTADAS

A las 11 del día del 2 de junio de este año, el cuerpo de una niña de entre 8 a 10 años de edad fue hallado envuelto en plástico transparente y negro, en forma horizontal por el equipo forense de la UAEM. Fue designado con el número 38, de la Fosa “B”. Una botella de PET junto a ella contenía los datos de la carpeta de investigación y el número de expediente del Forense, por lo que pudieron obtenerse más datos.

Estaba en  completo estado de putrefacción, con fractura de cráneo y macizo facial. Observaron también que “tenía las uñas pintadas con esmalte permanente color rosa, poco común en una niña de esa edad pues normalmente utilizan barnices compuestos de agua y colorantes”.

La niña “fue privada de la vida al ser arrojada desde un puente de aproximadamente 20 metros de altura, ubicado a un costado de la carretera México-Acapulco”, pero esto la Fiscalía no lo menciona, como tampoco que fue encontrada completamente desnuda. Según  la Fiscalía, fue hallada en el río Apatlaco, a la altura del poblado de Alpuyeca, en Xochitepec, Morelos.

Según Nashieli Ramírez y Roberto Villanueva, “por las condiciones en las que fue encontrada y por forma en la que tenía pintadas las uñas, la FGE debió investigar el caso como una posible víctima de trata y/o feminicidio, además de obtener su perfil genético” y subirlo inmediatamente a las bases de búsqueda de personas desaparecidas de la PGR y la Policía Federal.

RECIÉN NACIDA

En la carpeta SC01/13256/2012 quedaron escritos los datos del cuerpo 53 de la Fosa “B” de Tetelcingo. Era una bebé, hallada en la tarde del 2 de junio en forma vertical, envuelta en plástico transparente y plástico negro, con su etiqueta azul legible, pero con el documento que le pusieron dentro de una botella de PET destruido. Tenía el cráneo totalmente fragmentado y  el cuerpo desarticulado, debido a la presión del peso de la tierra más el peso de los cuerpos.

Había sido encontrada la mañana del primero de diciembre de 2012, desnuda, en un contenedor de basura de la unidad habitacional Alta Vista, municipio de Cuernavaca. “La niña fue tratada como basura al momento de nacer por quienes le quitaron la vida y posteriormente el 28 de marzo de 2014 fue nuevamente tratada como basura por la PGJEM, a cargo de Rodrigo Dorantes Salgado”, señala el informe.

LAS OMISIONES

Ante los casos de estas tres niñas inhumadas clandestinamente en un fosa de Tetelcingo, Nashieli Ramírez señala que el Estado estaba obligado a iniciar un procedimiento de oficio por estos asesinatos, divulgarlo en todos los medios y no esperar que un familiar reporte las desapariciones.

Omitió  “enviar fichas de datos de identificación a escuelas y divulgarla por todo tipo de medios”, omitió también “dar aviso al DIF de Morelos y a la Procuraduría de Protección de Derechos de niñas, niños y adolescentes del Estado de Morelos”.

 “En el caso de la bebé recién nacida, la búsqueda debió haber iniciado por la madre, pidiendo información a centros de salud, tanto públicas como privadas e incluso de enfoque comunitario, con parteras, por ejemplo”.

Para Ramírez, este tipo de casos siguen manteniendo una postura adulto-céntrica y considerando a las niñas como un objeto”, porque si nadie reclama el cuerpo, el Estado responsabiliza a los agresores, se lava las manos y no garantiza interés superior de la niña contemplado en el marco legal.  Contrario a ello, “terminan tiradas en un basurero de la Fiscalía del Estado”.