La acusada salió de prisión 6 meses después de su detención, denunció

Ciudad de México. A unos días de cumplir un año en el exilio, la periodista y defensora de Derechos Humanos, Lydia Cacho Ribeiro, denunció que una policía judicial de Puebla, presuntamente implicada en la tortura que vivió en 2005, fue liberada después de pasar 6 meses en prisión.

Hace 11 meses la periodista se vio obligada a exiliarse de México, luego de que el 21 de julio de 2019 dos sujetos armados allanaron su casa, envenenaron a sus perras y robaron material periodístico sensible.

La reportera no regresó a su hogar, en el estado de Quintana Roo, ante la falta de garantías para ejercer su labor y continuar con el proceso de búsqueda de justicia por los hechos de detención arbitraria, tortura y violencia sexual perpetrados en su contra en diciembre de 2005.

Ella fue víctima de tortura hace prácticamente 15 años, cuando fue detenida por al menos diez personas, entre agentes de la policía y agentes privados, quienes con el pretexto de una acusación penal en su contra la trasladaron, por carretera, del estado de Quintana Roo a Puebla, trayecto de 20 horas durante las cuales fue torturada.

La persecución comenzó después de publicar “Los Demonios del Edén”, libro donde reveló la existencia de una red de explotación sexual infantil, en la que participaron hombres de negocios y políticos de alto perfil. Los presuntos responsables de ordenar la tortura son el exgobernador de Puebla, Mario Marín y el empresario Kamel Nacif, quienes están prófugos de la justicia.

En un comunicado, Artículo 19, organización que acompaña legalmente a Lydia Cacho, informó que el 15 de junio se les notificó la excarcelación de la policía judicial del estado de Puebla, María Irene Arteaga Rangel, implicada junto con otros funcionarios públicos en la tortura cometidos contra la periodista los días 16 y 17 de diciembre de 2005.

La acusada fue liberada 6 meses después de su detención. En noviembre de 2019 la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a la exservidora pública en cumplimiento de una orden de captura, pero obtuvo su libertad después de que el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito en Cancún, Quintana Roo, resolvió a su favor un recurso de apelación interpuesto contra el auto formal prisión, dictado por el Juez Segundo de Distrito del estado de Quintana Roo.

Al respecto, Artículo 19 consideró sorprendente que la misma magistrada, María Elena Suárez Préstamo, quien dictó las órdenes de aprehensión contra Mario Marín, Kamel Nacif, Hugo Adolfo Karam y Juan Sánchez Moreno, el 11 de abril de 2019, sea quien en esta ocasión argumente que la policía no puede ser penalmente responsable por el delito de tortura toda vez que ella “solamente” atestiguo dichos actos cometidos por terceros pero no los cometió directamente.

Esta argumentación, expuso, contradice abiertamente la legislación aplicable, misma que señala con claridad que es responsable de este delito quien “no evite que se cometan dichos actos (de tortura) sobre una persona que esté bajo su custodia”.

La organización defensora de la libertad de expresión informó que agotará los recursos legales pertinentes, por lo que exigió al Poder Judicial de la Federación, en particular a los tribunales que conocen del caso en diversas instancias, se ciñan a los más altos estándares en materia Derechos Humanos y abonen al abatimiento de la impunidad por los delitos cometidos contra periodistas.

Por otro lado, Artículo 19 adelantó que mantienen la exigencia hacia la FGR para que sean detenidos de inmediato los autores intelectuales de los actos de tortura sexual cometidos contra Lydia Cacho, quienes desde hace 14 meses, cuando se presentaron las órdenes de captura, se encuentran en calidad de prófugos.

El allanamiento a la casa de la periodista y su posterior exilio ocurrió después de la resolución emitida en julio de 2018 por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que pidió reactivación de las investigaciones del caso y después de que se dieron a conocer las órdenes de captura contra diversos policías judiciales del Estado de Puebla y Quintana Roo, así como contra Mario Marín, Adolfo Karam y Kamel Nacif.

De hecho, para la defensa legal de la periodista, la principal línea de investigación respecto al allanamiento y robo se relaciona con la clara intención de enviarle un mensaje de castigo y una amenaza por mantener su exigencia de justicia y lograr órdenes de aprehensión contra los protectores de los presuntos pederastas.