Las trabajadoras agrícolas son uno de los sectores laborales más precarios del país

Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Cimacnoticias

Ciudad de México.- Falta de acceso a la salud, escasa información sobre el virus, situación de calle, contratación limitada y criminalización, son algunas de las situaciones que enfrentan las jornaleras agrícolas –uno de los sectores laborales más precarios del país– durante la pandemia por Covid-19.

Entrevistada al respecto, la coordinadora general de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, Margarita Nemecio, explicó a Cimacnoticias que en el contexto de la pandemia se profundizaron las violaciones a los Derechos Humanos laborales de las mujeres que trabajan en los campos agrícolas, especialmente de las indígenas y migrantes.

El caso de las mujeres jornaleras es particularmente preocupante por el limitado acceso a diferentes derechos que han padecido históricamente: reciben pagos inferiores a los de sus pares jornaleros, enfrentan embarazos y padecimientos vinculados con su salud sexual y reproductiva sin protección social, padecen violencia sexual en sus centros de trabajo y ellas, más que los hombres, acostumbran migrar con sus hijas e hijos. Durante la pandemia, el peor escenario fue para las jornaleras migrantes e indígenas, quienes muchas veces dependen de un intérprete, generalmente hombre, para establecer sus relaciones laborales, el acceso a la salud o a la vivienda, explicó la experta. 

Se estima que en México hay casi 3 millones de personas jornaleras trabajando directamente en los campos (agrícolas). La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo señaló que entre 2005 y 2018 se agregaron a las filas de personas asalariadas del campo casi 900 mil personas, 12 por ciento mujeres. Aunque la proporción de mujeres jornaleras a nivel nacional escasamente llega a 300 mil, en entidades como Guanajuato ellas representan 17 por ciento, en Sinaloa 18 por ciento, en Sonora 21 por ciento y en Baja California 29 por ciento.

Quince de cada 100 trabajadores agrícolas con edades entre 15 y 29 años son mujeres, quienes tienen en promedio 5.5 años de escolaridad; de cada 100 mujeres jornaleras, 31 son subordinadas y remuneradas, y la gran mayoría, 69, no reciben ningún pago por su trabajo, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en un estudio de 2018 sobre la intervención de las autoridades del trabajo en la prevención de la trata de personas y la detección de posibles víctimas en campos agrícolas.

Obstáculos para acceder a la salud

La Red Nacional identificó a través de organizaciones locales que durante la pandemia la condición migratoria e indígena de muchas trabajadoras que no gozan de seguridad social dificulta su acceso a la salud, toda vez que enfrentan problemas para comunicar al agricultor o a su empleador en caso de que presenten alguna sintomatología de Covid-19.

A esto se suma que el acceso a la información sobre esta nueva pandemia es muy escaso y limitado para el sector jornalero migrante, ya que la información oficial sólo llega a las poblaciones asentadas, mientras que la población migrante se ha enterado de la enfermedad por medio de rumores, familiares en Estados Unidos o por las autoridades comunitarias.  

“Sigue siendo la mayor debilidad el que si alguna de ellas no puede comunicar de manera clara o entender o identificar qué sintomatología debe de tener, se ve limitada ante la falta de acceso a la atención médica básica o integral, en caso de que sean portadoras del virus”, detalló Nemecio. 

De acuerdo con la experta, en el poblado Miguel Alemán, en Sonora, ya se identificaron entre nueve y 11 casos de personas jornaleras (no se sabe cuántas mujeres) contagiadas, para quienes se dificultó la atención médica por falta de seguridad social. Gracias a que se trató de población asentada, las y los jornaleros contagiados consiguieron autoaislarse de otros de sus compañeros, lo que no es tan fácil para quienes están en contexto de migración.

Por ejemplo, relató Nemecio, una mujer de Cochoapa el Grande, de la región de la montaña de Guerrero, migró junto con sus tres hijos y su pareja a una comunidad de Guanajuato para el trabajo jornalero por temporada. No obstante, en plena pandemia se vio en la necesidad de dormir en una plaza pública, toda vez que el patrón no les garantiza vivienda, el dinero que obtenían por jornada disminuyó y las rentas se encarecieron. 

En Guanajuato, donde es temporada de cosecha, la Red observó que debido al desempleo generalizado que ha provocado la pandemia, la población local de esa entidad que antes se dedicaba a otra labor optó por trabajar en los campos agrícolas. Esto ha significado que la dinámica del trabajo jornalero cambie, ya que las jornadas y oportunidades de trabajo para el resto se reduce. Por ejemplo, la cosecha de ajo, que con generar dos a cuatro costales al día permitía recibir un pago de 100 pesos diarios, ahora está muy competida entre la población jornalera local que demanda trabajo y la población migrante que labora por temporada. 

La Red observó que, aunque se consideró actividad esencial, el personal de los campos agrícolas carece de medidas de protección que eviten contagios por coronavirus. Mientras que en algunos campos, especialmente en el caso de empresas certificadas que reciben inspecciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se proveen cubrebocas como medida de seguridad, en otros, especialmente en donde no se hacen inspecciones, no se garantiza el uso de la mascarilla o no se sanitiza el equipo que usan para trabajar.

“Como son aleatorias las inspecciones y sólo en empresas grandes, dificulta mucho que el agricultor provea de las medidas necesarias: agua corriente, jabón y gel. En la gran mayoría de las zonas donde hemos estado indagando son muy pocos los lugares en los que se han entablado medidas. Otros han dejado que los resuelvan las jornaleras o sus familias”, explicó Nemecio. 

De acuerdo con la experta, la necesidad de protección a la salud frente a la epidemia que atraviesa el mundo no significó un replanteamiento por parte de los empresarios y empleadores en este sector para mejorar las condiciones de empleo de las jornaleras, sino que se continuaron los mismos esquemas de contratación y los mismos protocolos de seguridad. Una familia de Guerrero que fue a laborar a Sinaloa por nueve meses reportó a la Red Nacional que el camión en el que viajaron de regreso tenía cupo lleno y nadie portaba cubrebocas. 

Lo que sí cambió en esta dinámica fueron las declaraciones o medidas por parte de los gobiernos locales que estigmatizan y criminalizan a las y los jornaleros como posibles portadores del nuevo virus, expresó Nemecio. 

A finales de mayo, medios locales de Zacatecas dieron a conocer el caso de una mujer jornalera migrante que dió a luz en un hospital del municipio de Fresnillo y que resultó, como otra decena de personas jornaleras, contagiada de coronavirus; en respuesta a esta información, el presidente municipal, Saúl Monreal Ávila, advirtió que detendría a las personas jornaleras y se les interpondrá una denuncia penal por desobediencia, de acuerdo con notas de prensa locales. 

A este caso se suman otros reportes por situaciones similares en Guanajuato y San Luis Potosí, todos ellos recibidos por la Red Nacional. “Son mujeres jornaleras que van acompañadas de sus familias, pero por ser jornaleras migrantes se les ha visto como portadoras de COVID-19. Esto resulta en desde la agresión verbal hasta física, porque a una familia en Guanajuato le lanzaron piedras en la camioneta en la que viajaban. Esto atraviesa por un sesgo de discriminar a la población, de racializar su condición por ser migrante e indígena. Para una mujer o una niña o una adolescente que ya sufre violencia, esto todavía suma violencia mucho más grande”, relató Nemecio. 

Por todo esto, la coordinadora de la Red llamó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a establecer un diálogo con los agricultores o empleadores para monitorear que se cumplan con los estándares establecidos a nivel federal para los centros de trabajo. Esto significaría garantizar el derecho a la salud de la población jornalera migrante y a la vida digna para el caso de las familias de las trabajadoras contagiadas, detalló la experta.