A escala nacional destacan Colima y Guanajuato, informaron organizaciones civiles feministas

Angélica Jocelyn Soto Espinosa/ Cimacnoticias

Ciudad de México.- De 2006 a 2021 se duplicó el número de mujeres asesinadas con armas de fuego al pasar de 3 de cada 10 a 6 de cada 10, y destacan entidades como Colima y Guanajuato, donde la proporción es de ocho por cada 10, revelaron organizaciones civiles feministas en el informe “Violencia de género con armas de fuego en México”.

Durante la presentación del informe “Violencia de género con armas de fuego en México”, en el que participaron las organizaciones “Intersecta”, “Data Cívica”, “EQUIS Justicia para las Mujeres” y el “Centro de Estudios Ecuménicos”, las investigadoras y defensoras de Derechos Humanos compartieron datos y testimonios que demuestran que el aumento de armas de fuego para uso ya sea de autoridades, grupos criminales o personas en general, ha derivado en mayor riesgo para las mujeres, personas LGBTIQ+ y las comunidades. 

De acuerdo con lo hallado en este informe, en 2015, 24 mil 469 mujeres reportaron haber sido lastimadas con un arma de fuego, y poco más de un millón dijeron haber sido agredidas con un arma blanca o de fuego en su comunidad. A la par se estima que hay 15 millones de armas de fuego circulando en el país, según los datos analizados.

En la actualidad, las armas de fuego son las protagonistas de los asesinatos de mujeres, explicaron las organizaciones, ya que en 2006, tres de cada 10 mujeres perdían la vida por el uso de armas de fuego, ahora son seis de cada 10. De acuerdo con el informe, hay estados, como Colima y Guanajuato, donde son casi ocho de cada 10 las víctimas mujeres. 

En 16 entidades los asesinatos de mujeres perpetrados con armas de fuego representan la mitad —o más— del total de estos eventos. Además de Colima y Guanajuato, donde casi ocho de cada 10 mujeres mueren a mano armada, otras regiones que presentan una proporción preocupante son Zacatecas, Tabasco, Quintana Roo y Michoacán, en donde siete de cada 10 mujeres son asesinadas así; lo mismo cabe decir para Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Sinaloa, donde alrededor del 60 al 65 por ciento de los homicidios se perpetran de este modo.

El espacio donde suceden los homicidios de mujeres con armas de fuego también cambió. Para el año 2000, los homicidios de mujeres se perpetraron más dentro de la vivienda. Este patrón se comportó de manera similar hasta 2008, sin embargo, en la actualidad y en comparación con 2008, la incidencia de homicidios de mujeres a mano armada creció 4.5 veces en 10 años.

Según los datos, 102 mil 424 mujeres reportaron agresiones con armas blancas o de fuego dentro del ámbito familiar —violencia ejercida por padres, hermanos/hermanas, familia extendida y política, entre otros—; 14 mil 032 en el espacio escolar, así como 42 mil 484 en su entorno laboral. Quienes fueron agredidas en su comunidad, señalan a personas desconocidas como las responsables.

Para el caso de las mujeres, en 2019 el asesinato por arma de fuego fue el más común entre víctimas de 12 a 54 años —más de la mitad de los incidentes ocurrieron de esta forma—. Las mujeres ubicadas en el rango de edad de 20 a 54 años fueron las más afectadas: seis de cada 10 fueron asesinadas de este modo; mientras que tanto para las niñas de cero a 11 años, como para las mujeres mayores de 65, la proporción disminuye significativamente: sólo tres de cada 10 en estos rangos etarios murieron a causa de un disparo por arma de fuego.

De acuerdo con el informe, entre 2003 y 2019, 45.9 por ciento de los asesinatos de mujeres con armas de fuego fueron relacionados con algún incidente de violencia familiar, mientras que en los hombres este porcentaje fue de 11.1.

Seguridad militarizada representa un riesgo para las mujeres

Según información analizada para el informe, México es el sexto país con más armas en el mundo. Small Arms Survey estimó que 15 millones de armas están en circulación en México y otro estudio sugiere que pudieron haber sido hasta 24 millones en el periodo 1990-2013.

Un 70 o 90 por ciento de las armas utilizadas para un crimen en México vino del tráfico de armas de EU, pero no es posible saber cuántas de ellas fueron usadas para la comisión de feminicidio por la ausencia de datos oficiales, explicó Wanda Berenicce Muñoz, de la Red de Seguridad Humana para América Latina y el Caribe, durante la presentación del informe. 

De acuerdo con las organizaciones, el cambio en la tendencia de los asesinatos de mujeres se asocia con la transformación de la estrategia de seguridad pública y la intensificación de la militarización en nuestro país desde el gobierno de Felipe Calderón.

Daira Arana Aguilar, de Global Thought, dijo que se puede afirmar que la militarización aumentó la violencia armada contra las mujeres, por lo que hay que reducir o limitar las estrategias que utilicen a las fuerzas armadas en seguridad pública, y que la respuesta a los problemas de criminalidad no deba verse sólo a través de dotar de más armas. Este informe revela cómo éstas son un factor de riesgo y no de seguridad, incluso cuando las portan las autoridades, explicó la experta. 

De acuerdo con el informe, la violencia armada no sólo afecta a las personas que reciben los disparos, sino también a sus familias, particularmente a mujeres, niñas y niños, quienes asumen, por ejemplo, trabajos de cuidado adicionales tras la pérdida de sus personas cuidadoras y proveedoras principales. Por esto, las investigadoras concluyeron que la violencia armada debe abordarse desde una perspectiva de género, interseccional y de cuidados que tenga al centro las voces de víctimas, activistas y expertas.

Las investigadoras coincidieron que es posible afirmar que el Estado mexicano no ha hecho suficientes esfuerzos para impulsar y establecer una política que condene la violencia de género hacia las mujeres, ya que la violencia letal contra estas poblaciones aumentó a lo largo del tiempo.

Además, se ha identificado que las parejas, exparejas, esposos, personas vinculadas a la criminalidad y el narcotráfico, policías o de los cuerpos de seguridad, militares, políticos y gente con poder económico o político, integran el amplio perfil de perpetradores de la violencia contra las mujeres con armas de fuego.