LUCÍA LAGUNES HUERTA*

Cimacnoticias | México, DF

Se cumplen 32 días del ataque contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, sin que se tenga una respuesta clara por parte de las autoridades locales ni federales sobre el paradero de estos jóvenes.

El desenlace marcará la historia de nuestro país y del gobierno federal para restablecer la confianza en la democracia o para confirmar que el terror ha vuelto.

Han pasado 768 horas, desde el pasado 26 de septiembre, en el que un hecho común, una rutina estudiantil dejó de serlo para convertirse en el vórtice de la tormenta contra los Derechos Humanos en México.

Han transcurrido 46 mil 80 minutos en los que los equipos de inteligencia mexicanos –reconocidos por su “capacidad” para descifrar los más complejos planes de los capos y bandas delictivas para ocultarse y evadir a la autoridad– se encuentran nulificados ante el secuestro y desaparición de 43 normalistas.

Por el contrario, lo que ha salido a la luz  es la declaración fácil que intenta ocultar la inoperancia, la burocracia y el tortuguismo de las estructuras del Estado y de los niveles de gobierno.

Se han sumado 2 millones 764 mil 800 segundos en que las familias viven la dolorosa angustia de no saber sobre sus hijos, hermanos, primos, etcétera; dolor y angustia que se extiende a una sociedad a la que se añade la inseguridad y el temor.

Inseguridad y temor que vulnera la esencia del sistema democrático tanto en la credibilidad del Estado, como en las garantías que éste brinda para quienes disientan de él, para oponérsele y para participar activamente en la toma de decisiones.

Por este efecto en la sociedad es que la desaparición forzada es un atentado contra la humanidad.

Han pasado 32 días y se han sumado 56 detenidos entre policías municipales de Iguala y Cocula, “halcones” y miembros de la banda criminal Guerreros Unidos, pero las autoridades no tienen una respuesta clara de dónde están los estudiantes ni dónde están el presidente municipal y sus secuaces.

¿Qué detiene a la inteligencia policial que en dos años de gobierno de Enrique Peña Nieto ha capturado 69 capos de 112 que integraban la lista de los más buscados? Es decir, más de la mitad han sido detenidos, según lo dicho por la propia PGR.

Esta es la gota que derrama el vaso en la crisis de Derechos Humanos que vive nuestro país; el desenlace marcará nuestra historia. Hoy está en tela de juicio la palabra del Estado y sus investigaciones, con efectos negativos en la confianza del Estado como garante de nuestra seguridad y de nuestros Derechos Humanos.

Las mujeres conocemos en carne viva los efectos de la inacción del Estado para garantizar nuestros derechos a la vida y la integridad; durante años hemos llenado las estadísticas de asesinatos y desapariciones sin respuestas efectivas ni eficaces de las autoridades.

Tenemos derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño. Todos los poderes y todos los niveles de gobierno están llamados a actuar para dar con la verdad de lo que sucedió con 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, y garantizar la no repetición de semejantes hechos.

Están llamados a explicar de quiénes son los restos humanos encontrados en las fosas clandestinas y quienes perpetraron los crímenes, están llamados a explicar por qué se han tardado tanto para dar con los estudiantes.

Es tan urgente la contundencia de las respuestas como el actuar de las comisiones de Derechos Humanos. ¿Dónde está la Comisión Estatal, dónde la Nacional, por qué tan desdibujados cuando tendrían que ser los garantes de un debido proceso?

Por ello es tan importante el proceso para renovar la dirección de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entre las 21 personas inscritas como candidatas hay cinco mujeres, y se encuentra el actual ombudsman, Raúl Plascencia, quien es severamente cuestionado por la inacción antes hechos tan terribles como los de Ayotzinapa.

Si se da su reelección el mensaje será claro: se mantendrá al más dócil para acomodar la función de la CNDH a favor de los poderosos y no de los Derechos Humanos. Si hay cambio podría abrirse la esperanza de un mejor camino para los Derechos Humanos en nuestro país.

A los Derechos Humanos en nuestro país les urgen autoridades a la altura de lo que la sociedad ha construido para protegerlos, promoverlos y garantizarlos, como lo señala nuestra Constitución.

Ayotzinapa es ya una marca en nuestra historia que lastima a la sociedad mexicana, y que exige acción del Estado a la altura de la ofensa.

Twitter: @lagunes28

*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC