Plan b*

LYDIA CACHO

Cimacnoticias

En respuesta a Ciro Gómez Leyva

La brutal impunidad mexicana y su más reciente evidencia personificada por el caso Ayotzinapa sí es responsabilidad del Estado.
 
Entendemos por Estado al Poder Judicial (judicaturas, cortes y jueces); Legislativo (diputadas, diputados, senadoras y senadores), y Ejecutivo (presidente y gobernadores).
 
Es decir todas aquellas personas que han sido electas a través de los institutos políticos (partidos) y/o contratadas para llevar a cabo las tareas que implican asegurarse de que un país funcione adecuadamente, siempre de la mano de la sociedad.
 
Cada representante de esos poderes tiene una serie de responsabilidades claramente establecidas, sin embargo vemos que las y los  servidores públicos faltan a su encargo y su misión de manera consistente, persistente y consciente.
 
Los partidos –tanto PRI, como PRD, PAN, PVEM y PT– reciben miles de millones de pesos cada año para buscar entre la sociedad a quienes estén calificados para gobernar, instaurar la paz, la democracia y el bienestar social a través de buenas prácticas.
 
Pero una y otra vez los líderes de los partidos, bajo la fuerte influencia del Poder Ejecutivo, eligen a candidatos que llevan consigo millones de pesos para abultar campañas con compra de votos y “guerras sucias” contra sus adversarios.
 
Tal es el caso de los Abarca (el ex edil de Iguala, Guerrero, y su esposa, presuntos autores intelectuales de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa), cercanos al cártel de los Beltrán Leyva, antes señalados por vínculos con sicarios.
 
Pero los partidos les abrazaron porque tenían grandes posibilidades de ganar, sin importar que ellos, como Ángel Aguirre, surgen de grupos que avalan la violencia, el crimen y la corrupción y cuyas fortunas tienen orígenes inciertos.
 
Por lo tanto los partidos y sus líderes son corresponsables. Cada vez que se exige juicio político para retirar el fuero a un gobernador corrupto y éste es negado a pesar de la evidencia, el Poder Legislativo se hace cómplice de la impunidad.
 
El presidente, según nuestra Constitución, es responsable de ejecutar y hacer valer la ley. Las procuradurías de justicia, responsables de investigar y perseguir los delitos, son órganos bajo órdenes del Ejecutivo.
 
Por tanto, las fallas de la Procuraduría General de la República (PGR) son responsabilidad del presidente y las de los procuradores estatales (PGJ) son responsabilidad directa de los gobernadores.
 
Las secretarías de Seguridad Pública (los cuerpos policiacos) son responsabilidad de los alcaldes y gobernadores; ellos son culpables de que los líderes de los cárteles tomen control de estos cuerpos; son culpables directos de haber permitido que los agentes de seguridad sean narcotraficantes o sicarios que utilicen armas, autos, bienes y servicios públicos para cometer delitos.
 
Tal es el caso de César Peñaloza, alcalde de Cocula, que tranquilamente declaró ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la PGR, que el cártel de “Guerreros Unidos” controlaba a su policía (supuestos responsables de llevarse a los estudiantes de Ayotzinapa).
 
Todos esos alcaldes deben ser investigados y procesados por entregar los instrumentos del Estado a grupos criminales; todos sin excepción.
 
Los gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal tienen la obligación legal directa de hacer cumplir la ley, y cuando omiten consumar esa responsabilidad deben ser investigados, retirados de su cargo y juzgados con prontitud. Eso es lo que exige la sociedad mexicana.
 
José Luis Abarca no está preso por la desaparición y supuesta masacre de estudiantes de Ayotzinapa, sino por una investigación tardía del homicidio y la desaparición forzada de tres líderes campesinos en 2013. Tal investigación estaba en manos de la PGR; pero el procurador general, Jesús Murillo Karam, no se ocupó de ella hasta que en 2014 Abarca dio órdenes de llevarse a 43 normalistas. Se sentía intocable.
 
Este es un caso entre cientos de miles en los que un alcalde o un gobernador incurrió en faltas administrativas y delitos conocidos por su partido, por el gobierno federal y por el procurador general: ellos no hicieron su trabajo.
 
Delitos que llegaron a la PGR por la federalización de ciertos crímenes vía las fiscalías especiales. Delitos que llegaron a las y los legisladores, responsables de retirar el fuero para que se investigara, detuviera y juzgara a alcaldes y gobernadores, pero el Legislativo no hizo su trabajo.
 
La cobardía es más que la inacción. Por la naturaleza del trabajo de  las y los funcionarios temerosos, cínicos e ineptos, una cascada de impunidad se cierne sobre México.
 
El Estado es responsable de Ayotzinapa y quienes lo conforman (incluidos los partidos políticos), con nombre y apellido, son los operadores de la impunidad que avala la violación sistemática de los Derechos Humanos y, eventualmente, los crímenes de Estado.
 
Twitter: @Lydiacachosi
 
*Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.