Opinión
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NOEMI PORTELA PROL*

 

Centro de Colaboraciones Solidarias

Con la llegada del invierno millones de personas han de combatir el frío sin poder encender la calefacción. Servicios necesarios como la luz o el agua suponen para ellos un gasto al que no pueden hacer frente. Es la llamada pobreza energética, una realidad que crece año tras año con importantes consecuencias en aquellos que la padecen.

Pobreza energética se refiere también a los casos en los que se ha de destinar más de un 10% de los ingresos totales en el pago de estos recibos. El desempleo, la reducción de salarios, el constante aumento del recibo eléctrico y la mala calidad de las viviendas son algunas de las principales causas. Las consecuencias, mucho mayores.

En España, la situación se ha agravado en los últimos años a consecuencia de la crisis económica. Cuatro millones de ciudadanos tienen dificultades para mantener su hogar a una temperatura adecuada, fijada entre los 18º C y 21º C. Además, de 2010 a 2012, el número de personas con gastos de energía desproporcionados aumentó en dos millones,  según el informe “Pobreza energética en España 2014” publicado por ACA (Asociación de Ciencias Ambientales). Estos datos ponen de relieve el cambio de tendencia de esta realidad que antes afectaba a personas en riesgo de exclusión social y que en la actualidad sufren miles de familias vulnerables. El desempleo se erige como principal causa.

La pobreza energética no solo afecta al bienestar en el hogar. La temperatura inadecuada en la vivienda produce problemas físicos y mentales, aumenta el despilfarro de energía por el mal acondicionamiento del hogar, empeora el rendimiento laboral y académico, cambia los hábitos alimentarios al tener que invertir gran parte de los ingresos en energía e incrementa las emisiones nocivas al buscar alternativas como puede ser el carbón. De acuerdo a la tasa de mortalidad adicional en invierno (TMAI) para el intervalo de 1997 a 2012, la eliminación de la pobreza energética evitaría entre 2.400 y 9.600 muertes prematuras al año, especialmente entre personas mayores de 65 años, los principales afectados.

La pobreza energética, antes invisible, se ha convertido en un objetivo a eliminar y ha logrado una importante visibilidad política en los últimos años. Desde la publicación del primer informe de la ACA en 2012 en referencia a esta materia, se han presentado, discutido e incluso aprobado diversas medidas, proposiciones de ley y no de ley para identificar a las personas vulnerables y buscar soluciones para minimizar o erradicar el problema.

En España destaca la ley pionera 8/2013 del 26 de julio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbana en la que se hace referencia a uno de los aspectos importantes de la pobreza energética: la adecuación de las viviendas para evitar un gasto energético superior al necesario. También las Comunidades Autónomas han ofrecido medidas para acabar con este problema de una forma más localizada. Es el caso del gobierno regional de Cataluña, que impulsó una ley que permitía suspender el pago durante unos meses a las personas más vulnerables, medida que, sin embargo, no tuvo el impacto social deseado al acogerse a ella solo 500 familias y que recientemente fue suspendida por inconstitucionalidad, al invadir una competencia en materia eléctrica que se supone estatal.

Fuera de lo gubernamental, diversas organizaciones se dedican a ayudar a las personas que la sufren. Con este propósito, la Plataforma Nuevo Modelo Energético organiza manifestaciones sociales mensuales contra la pobreza energética. El 10 de febrero ha sido decretado el Día  de la lucha contra la pobreza energética en España para tratar de concienciar a la gente. Por otro lado, Ecoserveis y la Fundación ABD han puesto en marcha un grupo de voluntarios que ayudan a las familias a entender y reducir sus recibos eléctricos. Pequeños pasos para conseguir que las cifras se reduzcan. Mientras tanto, miles de familias han de afrontar el duro invierno. El más frío de todos.

Periodista

 

Twitter: NoemiPortela

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