MARCO LARA KLAHR/ Edad Mediática
Durante el último mes estuve en medio de un torbellino de trabajo relacionado con la profesionalización de decenas de quienes conformamos el subgremio de los periodistas policiales y judiciales. Pero esta vez no de las grandes ciudades, sino en especial de cuatro medianas: Jojutla, Cuernavaca, Cuautla [Morelos] y Juchitán [Oaxaca], que a su vez atraen colegas de municipios aledaños sin gran acceso a oportunidades formativas.
Nos enfocamos en aprender o actualizarnos sobre el modelo acusatorio de justicia penal que se implementa en México durante la última década, deteniéndonos en la reflexión, el debate y la comprensión plena de sus novedades legales y procesales, pero sobre todo en indagar cómo todo esto transformará al periodismo policial y judicial para siempre.
El punto de partida fue este: históricamente, hemos sido una especie profesional mendicante. En lo fundamental, los contenidos que solemos publicar ya sea en medios analógicos o digitales dependen del interés, buena o mala voluntad o mezquindad de policías y operadores de radio, fiscales, peritos o jueces de todos los niveles jerárquicos.
De manera directa o indirecta, son ellos quienes al final deciden si accedemos o no a lugares donde se cometió un delito; nos aportan discrecionalmente datos o informaciones protegidos por la ley relativos a la detención o investigación de una persona; emiten comunicados o convocan a «presentaciones» de personas detenidas o a las que se les imputará virtualmente un delito; o nos «filtran» retacería de averiguaciones previas y expedientes judiciales cuyo contenido esencial luego presentamos al público como supuesto producto de la investigación periodística.
Todo lo anterior aceitado, sin duda, por prácticas de corrupción que incluyen la compra-venta de equipos y claves de radiofrecuencia oficiales, sobornos e intercambios monetarios, y complicidades de todo tipo.
Como se sabe, si se implementa adecuadamente el sistema acusatorio, en virtud del principio de publicidad, tendremos derecho a presenciar las audiencias previstas en la nueva modalidad de audiencias orales, con las obvias restricciones de cada caso para la necesaria protección de los derechos del debido proceso y la personalidad de quienes protagonizan el procedimiento penal —ya como víctimas, ya como personas encauzadas judicialmente.
Pero, dialécticamente, para que el principio de publicidad previsto en la Constitución, así como otras virtudes del sistema penal en su modalidad acusatoria, se materialice, la sociedad debe vigilar que este paradigma de justicia se implemente adecuadamente.
Y justo en esta tarea los periodistas somos clave, pero el problema es que no estamos entendiendo o «no nos gusta» el naciente sistema y lo atacamos, boicoteando la posibilidad de que nuestra sociedad cuente con un sistema justo, eficiente, transparente y económico, que al mismo tiempo nos permita como profesionales informar al público con veracidad, contextualidad, integralidad y oportunidad según es nuestra obligación.
¡Para eso estamos formándonos ahora con persistencia! Sí, por un interés social: de servir mejor a nuestras respectivas comunidades, informándolas como es su derecho y, de la misma manera, por un legítimo interés gremial de acceso a la información, que nos empodere frente a las empresas para las que trabajamos y dignifique ante nuestras fuentes de información y el público.
No casualmente estos talleres fueron posibles gracias a la conjunción de esfuerzos de instituciones actoras del sistema, organizaciones de la sociedad civil —Instituto de Justicia Procesal Penal y AsiLegal—, una organización gremial —APRESmor— y una sociedad civil —minimedia otromexico, sc — [para los talleres de Morelos].
Una ganancia adicional es que trabajamos en bibliotecas públicas y escuelas, siendo vistos por todo tipo de personas —niños, niñas y adolescentes, sobre todo—, quienes fueron enterándose de que estábamos en un proceso formativo de varios días.
¿Qué sigue? A mediados de diciembre trabajaremos en San Luis Potosí.
Y otra estupenda noticia: en una alianza entre el Programa Prensa y Democracia de Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, así como el Departamento de Derecho de la propia universidad, y el Instituto de Justicia Procesal Penal, emitimos la convocatoria a la Beca Académica de Periodismo Policial y Judicial Primavera 2015.
Así, periodistas policiales y judiciales podrán especializarse a través de una invaluable experiencia de inmersión durante seis meses en el ambiente académico de una de las mejores universidades de América Latina, y aprender los nuevos desafíos de esta especialidad del periodismo en un momento paradigmático como es la fundación de un nuevo modelo de justicia.
Los periodistas policiales y judiciales no podemos seguir repitiendo que lo que esencialmente motiva nuestro trabajo son la pasión y la adrenalina. Tenemos que enfocarnos en ser agentes de cambio social por un sistema de justicia democrático: obviamente no seremos nosotros sus edificadores, pero podemos contribuir como pocos a que nuestra sociedad lo haga exigiendo y vigilando a las instituciones del Estado responsables.
@Edad_Mediatica
