Por: Anaiz Zamora Márquez

La agresión sexual y de estereotipo de género afecta sobremanera a mujeres detenidas la autoridad

MÉXICO. D.F. El tipo de tortura, basado en la agresión sexual y los estereotipos de género, que padecen las mexicanas que son detenidas por agentes del Estado, fue denunciado ante los sistemas internacional e interamericano de Derechos Humanos, en un informe temático enviado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) a organismos y relatores especiales. 

Lo anterior se informó durante el cierre anual de la campaña “Rompiendo el Silencio. Todas juntas contra la tortura sexual”, en el que también se hizo un pronunciamiento público por la libertad inmediata y fin de los procesos penales injustos contra Claudia Medina, Veronica Razo y Yecenia Armenta, quienes fueron torturadas y criminalizadas por el Estado mexicano. 

En conferencia de prensa, Estephanie Brewer, del área internacional del Centro ProDH, dijo que como parte de la campaña “Rompiendo el Silencio…” recientemente se envió un informe temático –que denuncia el patrón de tortura sexual utilizado por el Estado mexicano contra las mujeres– a diversos mecanismos de Naciones Unidas. 

Entre ellos, los comités contra la Tortura, y el de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), así como al relator contra la Tortura y la relatora de Violencia Contra la Mujer. 

Por otro lado –abundó– el informe temático también se envió a diversas relatorías del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya emitió un informe respecto al caso de las hermanas González Pérez, indígenas tzeltales detenidas y violentadas sexualmente por militares en 1994. También conoce del caso de las mujeres sobrevivientes de tortura sexual cometida por policías en San Salvador Atenco, Estado de México, en 2006. 

Se suma la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) a favor de Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú, indígenas guerrerenses violadas por militares en 2002. 

Brewer explicó que en el informe se señala que la tortura en México generalmente es utilizada para arrancar confesiones o acallar las protestas, y se perpetra de manera distinta dependiendo el sexo de las personas.

“Los actos de tortura contra las mujeres son distintos e incluyen un componente notable de sexualización de la tortura, que se ve reflejado con la reproducción y aplicación de estereotipos de género y roles sociales”, precisó la también abogada. 

Recordó el caso de Claudia Medina Tamariz, quien fue detenida por marinos y se le obligó a lavar la ropa durante su detención, además de ser vejada con dichos de elementos del Estado, quienes mientras torturan sexualmente dan a entender que el hecho de ser víctimas de una violación sexual “les debe dar placer”. 

Estephanie Brewer expuso que se solicitó –en un recurso de transparencia– información para conocer la incidencia de la tortura sexual contra las mexicanas. “Preguntamos por el número de denuncias por tortura sexual presentadas por mujeres en todas las entidades, pero no ha habido respuestas o éstas son incompletas”, acotó.

Por ejemplo –indicó–, el estado de México reportó que no cuenta con información desagregada.

En cinco años, Baja California registró un total de 22 denuncias; el DF 10; y Puebla 25; mientras que en Quintana Roo y Tlaxcala el total de denuncias llegó a seis. Aclaró que estas cifras no reflejan el universo de los casos de tortura en el país. 

Bárbara Italia Méndez, sobreviviente de tortura sexual en Atenco, señaló que si bien por muchos años se pensó que la estrategia estaba destinada a “mujeres que luchan y se implementaba sólo en estos contextos”, a partir de la denominada estrategia contra el narcotráfico –emprendida en el sexenio de Felipe Calderón–, la estrategia se generalizó y muchas mujeres fueron detenidas de manera arbitraria y torturadas a fin de que se inculparan de delitos que no cometieron. 

Por ello, destacó que la campaña busca visibilizar la tortura, reconstruir la memoria, exigir justicia y la reparación del daño, pues “romper el silencio permite romper el círculo de impunidad” en el que se enmarcan todos los casos. 

La campaña inició con 11 mujeres sobrevivientes de tortura sexual, y luego se integraron las denuncias de más mujeres violentadas por el Estado. 

La más reciente es la de Yecenia Armenta Graciano, quien en julio de 2012 por más de 15 horas fue sometida a diferentes formas de tortura por elementos de la Policía Ministerial de Culiacán, Sinaloa, y actualmente está recluida en el Centro de Consecuencias Penales de ese estado, acusada injustamente del homicidio de su esposo.