IRENE CASADO SÁNCHEZ

Porras con púas de metal, grilletes con peso para las piernas, sillas de ejecución, gas lacrimógeno o equipos de electro-shock son fabricados en China y exportados a países donde se violan de manera sistemática los derechos humanos. El informe China’s Trade in Tools of Torture and Repression, realizado por Amnistía Internacional junto a la Fundación de Investigación Omega, denuncia que más de 130 empresas chinas, la mayoría de propiedad estatal, fabrican y distribuyen objetos de tortura en África y Asia.

En los últimos diez años, el número de negocios especializados en este tipo de materiales se ha multiplicado por cuatro en el país asiático. Según el informe, sólo en China se fabrican “porras con púas de metal en toda su extensión, o bien porras de plástico con una cabeza de metal terminada en punta”. Estos objetos están diseñados como herramienta de tortura, y pueden causar un dolor y un sufrimiento insoportables.

Camboya, Senegal, Egipto, Uganda, República Democrática del Congo, Ghana, Nepal, Tailandia o Madagascar son algunos de los países que compran herramientas de tortura al estado asiático. Según los datos recopilados en el estudio, 29 empresas chinas anunciaban porras eléctricas que permiten a las fuerzas de seguridad “aplicar manualmente descargas eléctricas múltiples, sumamente dolorosas, en zonas sensibles del cuerpo, como los genitales, la garganta…” y, todo ello, sin apenas dejar rastros físicos.

Grilletes, sillas de inmovilización o esposas que aúnan manos y cuello engrosan la lista de objetos tétricos “made in china”. Dispositivos que “pueden poner en peligro la vida de una persona al limitar la respiración, la circulación de la sangre y la comunicación nerviosa entre el cuerpo y el cerebro”. En definitiva, se trata de herramientas diseñadas para infligir dolor y violar derechos humanos.

El mercado no se restringe a grupos armados o individuos aislados, según el informe, este tipo de materiales son adquiridos por  cuerpos de la policía y del ejército que cometen abusos. En 2012, la empresa China Xinxing Import / Export Corporation aseguró que mantenía vínculos con más de 40 países africanos, lo que le reportó una media de 100 millones de dólares. Su oferta: armas y porras eléctricas, esposas para pulgares y sillas de inmovilización.

Detrás del crecimiento exponencial del comercio de la tortura y la represión aparece la sucesión de violaciones de derechos humanos. China se sitúa entre los primeros puestos del ranking de países donde se emplea la fuerza de manera arbitraria.

“La tortura y los malos tratos siguen siendo generalizados durante la detención y la represión de las protestas en el país”, subraya Amnistía Internacional (AI). No es de extrañar la falta de preocupación por el historial de violencia del estado que adquiere sus productos.

En 2011, nueves personas murieron por disparos, más de un centenar resultaron heridas y cerca de 600 fueron detenidas durante una represión en Uganda. Meses atrás, China vendió material antidisturbios al país africano. De nada sirvió la preocupación y alerta internacional sobre los malos tratos y la violación continua de derechos humanos llevados a cabo por las fuerzas de seguridad de la región. El mercado de la tortura no es un trueque, sino un negocio donde la vida de las personas se convierte en moneda de cambio.

La falta de control y transparencia sobre la fabricación y distribución de este tipo de objetos ha abierto las puertas al mercado de la tortura. Así, desde AI instan a las autoridades chinas a que “realicen una reforma fundamental de su normativa comercial” que ponga fin “a la transferencia irresponsable de material para el mantenimiento de la y el orden a organismos que probablemente utilizarán ese material para violar los derechos humanos”.

Cercar este negocio en alza no sólo depende de vigilar al destinatario. Prohibir la fabricación y distribución de estos objetos es fundamental para poner fin al mercadeo de derechos humanos. “Poner fin a todos los actos de tortura y los tratos o penas crueles” e “investigar todas las denuncias de esos actos para llevar a los responsables ante la justicia” es indispensable para abatir este flagelo que, sin normativas, sin transparencia y sin límites, anda descontrolado.

Artículo del Centro de Colaboraciones Solidarias
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