GABRIEL ARRESE LEZA
Diez empresas controlan el 67% del mercado mundial de semillas. Las tres mayores, Monsanto, DuPont y Sygenta poseen casi la mitad de esta fuerza que va en aumento. Hay que tener en cuenta que para el 70% de los más desfavorecidos que viven en zonas rurales, la agricultura es la mayor fuente de trabajo e ingresos.
La semilla es un medio de producción y un producto. Por ello su control puede suponer el dominio del sistema alimentario. El 87% de los garbanzos que se consumen en España, por ejemplo, provienen de la agricultura mexicana. Las grandes empresas deslocalizan su producción agrícola a países del sur. Así se aprovechan de la mano de obra barata y de una regulación más débil y permisiva.
La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) es una organización intergubernamental creada para proporcionar y fomentar un sistema eficaz que proteja las variedades vegetales. Sin embargo, su política se acerca a la privatización. Concede propiedad sobre variedades descubiertas y otorga derechos de monopolio sobre la producción, comercialización, exportación e importación. En la actualidad se intenta promover el Convenio UPOV 91 que niega a los agricultores a guardar las semillas para la siembra y permite a las grandes corporativas lograr un control comercial de las semillas. También promueve la uniformidad de la semilla y castiga hasta con penas de cárcel a quien incumpla el convenio.
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y la Delta and Pine Land (D&PL) desarrollaron una nueva biotecnología agrícola que según ellos era un “control de la expresión genética de las plantas”. La realidad es que crearon una serie de semillas estériles mediante la selección del ADN de determinadas plantas. El objetivo es que la planta mate a sus propios embriones. Esta medida obliga a los agricultores a comprar semillas cada año a la misma empresa u a otra. Aun así, la patente fue solicitada en cerca de 78 países. Además, el USDA recibe un 5% del beneficio obtenido por las ventas de esas semillas.
Aunque en Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Perú aplican la UPOV 91, América Latina se ha defendido de manera activa los derechos de los agricultores. En Argentina, el anuncio de que Monsanto realizaría nuevas inversiones tuvo gran rechazo popular aunque todavía no se ha modificado dicha ley de semillas. En Colombia consiguieron derrocar una resolución que penalizaba a los agricultores por el uso de semillas no certificadas.
Se produce un choque entre las multinacionales de la alimentación y la agricultura tradicional. Antes, el control de las semillas lo tenían los agricultores. Ahora pasa a ser favorable a las grandes empresas, con quienes tendrá que competir el campesino tradicional.
Campesinos que dieron vida a miles de variedades en distintas regiones con pasión y sacrifico. Personas que vieron como de una milésima de semilla brotaban los tallos de sus generaciones y florecía el alimento del mundo.
Artículo del Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS)
