Porfirio Muñoz Ledo

Casi ningún tema  constitucional ha sido tan debatido como la situación jurídica de la capital del país. Desde que en 1824 se decidió la creación de un Distrito Federal en torno a la Ciudad de México, se planteó una relación dicotómica. Ésta acrecentó su calidad como el centro político, económico y cultural más importante del país, mientras sus habitantes quedaban sujetos a las potestades nacionales y veían considerablemente disminuidos sus derechos ciudadanos.

En 1847, se declaró entidad federativa y se concedió a los ciudadanos la elección de dos senadores, aunque el Presidente designaba directamente al gobernador de la ciudad. En 1857, voces de avanzada abogaron por su autonomía. A lo largo del XIX, la ciudad tuvo más de veinte formas distintas de organización. En varios episodios se planteó la posibilidad de que la capital se trasladase a otra ciudad de la República. En 1917 se ratificó la relación subordinada de los habitantes de la ciudad y fue en 1928, cuando a instancias de Álvaro Obregón, se suprimieron los municipios y el dominio absoluto del poder central sobre la capital se convirtió en uno de los pilares del sistema hegemónico.

Se ha repetido con razón que el terremoto de 1985 movilizó a la ciudadanía en suplencia de los poderes públicos y multiplicó las organizaciones civiles inconformes. La campaña de 1988 es inexplicable sin este fenómeno, que condujo a una indiscutible mayoría de la izquierda en la capital.  

La plena autonomía de la ciudad se convirtió en prioridad para la oposición y la resistencia del partido oficial, fue consecuencia de aquella derrota electoral. Fue hasta 1996 que logramos, en negociación directa con el Presidente Zedillo, la elección por sufragio universal del Jefe de Gobierno y de los jefes delegacionales, así como la relativa autonomía de que goza hoy la ciudad.

Desde entonces se ha planteado repetidamente un régimen de competencias semejante al de los Estados de la Federación. Siendo Jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador, fue votado por unanimidad un proyecto de reforma en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que fue avalado por el 96% de los diputados federales y sucumbió finalmente en el Senado.

En 2007, la CENCA envió un nuevo proyecto que fue congelado por el legislativo y en 2010 la Asamblea remitió una propuesta al Senado que nunca fue debatida. El Dr. Miguel Ángel Mancera volvió a la carga en 2013, con una iniciativa que resume las anteriores y plantea nuevos avances, como el Estatuto de capitalidad y la Ley de zonas metropolitanas. Su discusión fue aplazada en varias ocasiones en aras de las “reformas estructurales” impulsadas por el Ejecutivo.

El Senado aprobó hace unos días el proyecto, no sin resistencias provenientes de prejuicios e intereses partidarios. El tema de las alcaldías fue resuelto entregándoles cuando menos las mismas competencias que ahora tienen las delegaciones y quedando a la Constitución de la ciudad definiciones más precisas sobre sus facultades y su condición fiscal.

La cuestión más discutible fue la integración del Congreso Constituyente, que prevaleció sobre la idea de que la Asamblea Legislativa tuviese ese encargo. El llamado “bodrio” que ha suscitado tan duras críticas, no fue propuesto por el gobierno de la ciudad, que insistió sobre todo en la inclusión de candidatos independientes y en la participación de las organizaciones sociales. Fue una decisión de los grupos parlamentarios y obedece a la búsqueda de una sobrerrepresentación de partidos que son minoritarios en la ciudad.

El escaso tiempo de que disponía la Cámara de Diputados para un asunto tan complejo y la incomunicación entre los grupos parlamentarios de ambas cámaras abonaron a que el proyecto se haya detenido, a pesar de aprobaciones más apresuradas en asuntos como el energético. Contó sobre todo el proceso electoral en curso, que disuadió a varios partidos de consagrar una victoria histórica para la izquierda.

No habría razón para eludir el debate y ajustar la minuta en un periodo extraordinario posterior a los comicios. Tanto va el cántaro al agua hasta que se queda dentro. Esperemos que esta vez el interés nacional prive sobre la pequeña política.