Lydia Cacho / Plan b
“Yo estoy ahorrando mis 70 pesos diarios para ir y venir en taxi al trabajo. No quiero que me maten”, escuché decir a una joven peluquera de Cancún.
Silvia se refiere a los 14 casos de feminicidio registrados recientemente en Quintana Roo (QR), pero a los que no lo fueron también, porque la impunidad genera miedo.
Ella trabaja en una estética en la avenida Bonampak, la más cercana a la Zona Hotelera de Cancún y todavía considerada parte del bloque de negocios y hogares de primer nivel, donde turistas y la clase alta se mueven, viven y compran frente al mar.
Hace dos días una joven salía del trabajo en un supermercado de lujo en dicha avenida; eran las 10 de la mañana, sí de la mañana. Mientras caminaba por la avenida a plena luz del día un sujeto desconocido comenzó a seguirla. Ella apresuró el paso, entonces él le gritó “si te alcanzo te mueres” y ella corrió más rápido hasta llegar a refugiarse en un sitio de ambulancias. El sujeto se dio a la fuga y la policía nunca llegó porque “no había delito”.
Lo cierto es que al menos tres de los asesinatos ocurridos en las últimas semanas parecen haber sido perpetrados por la misma persona. Y uno de los detenidos es, claramente, un falso positivo arrestado para proteger la imagen del gobernador.
Mientras el Observatorio de Violencia Social y de Género de Cancún, institución que se ha ganado un prestigio a nivel nacional, frente a la ONU y otras instancias de Derechos Humanos, ha revelado el incremento de violencias e impunidades en QR, el gobernador Roberto Borge, ya metido de lleno en la transición política de 2015, salió a declarar que “quien denuncia feminicidio atenta contra Quintana Roo y pretende hacerle daño a la industria turística que vive del buen nombre del estado”.
Borge se lanzó al ataque contra el Observatorio, como si esta institución que lleva a cabo investigaciones académicas de largo aliento con metodología impecable, atacara por decir la verdad.
Lo mismo sucedió con los pocos medios y periodistas que se han atrevido a revelar los hechos: el gobernador se siente personalmente agraviado, no porque crea que quien critica al estado lo critica a él, sino porque está claramente obsesionado con dar la imagen de un buen gobernante mientras los hechos demuestran lo contrario.
Al menos cinco de las ocho muertes violentas de mujeres en QR califican dentro del tipo penal de feminicidio, que es aplicable en el estado desde la aprobación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Quintana Roo (LAMVLV).
No sólo eso: la propia Suprema Corte ordenó desde hace dos años que todo juzgador investigue la violencia homicida contra mujeres y niñas desde la perspectiva de género como mandata la LAMVLV.
Esto significa que toda investigación debe basarse en el artículo 86 bis del Código Penal del estado que establece que: quien mata a una mujer con dolo y comete actos de violencia feminicida como violencia sexual, antecedentes de violencia doméstica, mutilaciones infamantes o degradantes, acosos u hostigamiento, y exhibición pública del cuerpo como parte del rito homicida, comete feminicidio.
Borge aseguró en un noticiario local de radio que el asesino de la mujer muerta en la Zona Hotelera ya está detenido, dando por juzgado el caso.
No solamente debió decir, de acuerdo con la ley, que el presunto responsable fue detenido; además omitió decir lo que esta reportera confirmó con un alto mando de la policía estatal: que el detenido fue llevado desde Chetumal a Cancún, que había sido señalado por delitos vinculados con el narcomenudeo, que no se le podía volver a juzgar por el nuevo sistema de juicios orales, y que por órdenes del gobernador lo mandaron para inculparlo falsamente por el homicidio. La fabricación de culpables es ya una práctica común en el estado.
El gobernador puede amenazar a activistas y periodistas, puede descalificarles y atacarles con bots, trolls y panfletos, puede comprar el silencio de algunos medios; lo que no puede es ocultar la realidad: el estado es el número dos en explotación sexual infantil; el cuatro en consumo de pornografía infantil, y los secuestros se han incrementado 34 por ciento en este sexenio.
Las mujeres en el estado ganan 52 por ciento menos que los hombres. El municipio de Solidaridad (Playa del Carmen) tiene el índice más alto en trata para la mendicidad en el sureste.
Borge es quien más ha endeudado al estado con la mayor deuda per cápita del país, 8.3 por ciento del PIB, es decir, con Borge el endeudamiento público creció 115 por ciento.
Los hoteleros han denunciado la opacidad y desaparición de recursos del Impuesto al Hospedaje. En enero, Borge reportó que se invirtieron 170 millones en la industria agropecuaria, pero los campesinos demuestran con documentos que sólo se les entregaron seis millones de pesos.
Según el Inegi, la extorsión aumentó 54.8 por ciento, el robo con violencia 59 por ciento, y la violencia sexual a locales y turistas 32 por ciento.
Los fraudes por 118 millones de dólares cometidos y avalados por Félix González y Roberto Borge contra empresarios hoteleros y restauranteros en Tulum no tienen precedente histórico.
Las declaraciones políticas se contraponen a la realidad, lo cierto es que el único rubro en que QR crece es en el hotelero y ése depende de los empresarios y no del gobierno local. Es un hecho que la ingobernabilidad no se puede ocultar ni con insultos ni con amenazas.
Twitter: @lydiacachosi
*Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
