Sara Lovera/ Palabra de Antígona

SemMéxico. La crisis económica, la caída de los precios del petróleo, la devaluación del peso mexicano y los recortes anunciados para 2016, representan ya una enorme desventaja para la política de igualdad sustantiva en la que se ha empeñado el Gobierno de la República y que podría significar un proceso de desarrollo para la mitad de la población.

Y sucede en este sentido porque quienes se hacen cargo de repartir los recursos, ya han disminuido lo necesario para llevar a cabo esas tareas. Resulta escandaloso que se hayan disminuido los recursos, de 83 a 14 millones de pesos para el enlace de género en la Secretaría de Educación Pública, luego de los diagnósticos que hablan de que el embarazo en adolescentes, la violencia contra las mujeres de todo tipo y rango, hasta el asesinato y la discriminación, provienen de la educación tanto formal como informal.

No me puedo imaginar cómo y cuándo decidieron que no es importante invertir ahí. Tampoco entiendo porqué se anuncia que ahora habrá ahorros necesarios, como que, en lugar de capacitar presencialmente, que de por sí tiene sus dificultades, se usarán los medios electrónicos y digitales para “replicar” los conocimientos.

Me parece que se está caminando en sentido contrario, luego de esfuerzos mayúsculos realizados por los órganos de promoción, defensa y puesta en marcha para avanzar en la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y el compromiso para disminuir o eliminar la violencia contra las mujeres por razones de género.

Por ejemplo, no es cualquier cosa que a la fecha existan en la administración pública federal 72 mecanismos distintos que regulan a 87 instituciones en materia de hostigamiento y acoso sexual, eso significa que hay mucho qué hacer para armonizar tareas, políticas públicas y acuerdos que harían de la justicia para las mujeres algo más cercano y tangible.

En procuración e impartición de justicia, afirmó recientemente la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres,  los Tribunales Superiores de Justicia de las 31 entidades federativas y el de la Ciudad de México, cuentan ya con una Unidad de Enlace de Género, resultado del trabajo y la coordinación del INMUJERES y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib). Para 2016 se pretende elaborar e implementar protocolos de atención y brindar capacitación a los Ministerios Públicos. Y me pregunto con qué recursos o con qué modalidades, si se abandonan a su suerte estas capacitaciones.

También es cierto que en esta administración,  en el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), se suscribió la Declaración por la Igualdad entre Hombres y Mujeres; se creó la Comisión para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, de la cual el gobernador de Yucatán es su presidente y se han firmado convenios de colaboración con las entidades federativas para impulsar acciones específicas de planeación, organización y desarrollo en cada entidad, encaminadas a fortalecer los Sistemas Estatales de Igualdad y de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

Y todavía más. En enero será el Presidente Enrique Peña Nieto quien encabece el mecanismo nacional de igualdad. O sea voluntad política, perfecto, pero con qué recursos. Ese ahora es el grave problema y que será el presidente quien deba establecer prioridades, por lo menos para alguna vez creer que sí, que es posible disminuir la desigualdad entre hombres y mujeres.

Así será posible lo que la presidenta de INMUJERES, Lorena Cruz Sánchez, nos asegura cuando dice que con el trabajo realizado hasta ahora, no poco, y las metas planteadas para 2016 se coadyuvará al respeto y protección de los derechos humanos de las mujeres, al logro de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y  a la eliminación de todas las formas de violencia y de discriminación contra las mujeres. Campanazo de buenos deseos para 2016, sin duda. Ahora habrá que estar vigilantes.

El tema del recorte en la Secretaría de Educación Pública, es grave, porque es ahí donde se forman las conciencias, si no se sigue adelante en la lucha por incorporar la perspectiva de género en todos los niveles de esta dependencia, los verdaderos cambios al sistema educativo nacional, tardarán al menos 200 años. ¡Qué horror!

Veremos.

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