Desenredo

ROSALINDA HERNÁNDEZ ALARCÓN*

Cimacnoticias | Guatemala, Gua

En las protestas sociales contra la impunidad que suceden recientemente en Guatemala, se oyen voces de mujeres y feministas, quienes al resaltar que la corrupción es una forma de abuso de poder, exigen sea erradicada en todas sus manifestaciones, ya que en las estructuras del Estado y en círculos empresariales operan mafias criminales que han robado al erario público en detrimento de la prestación de servicios públicos de calidad.

Para ellas, es relevante tener presente que el Estado de Guatemala tiene una esencia patriarcal, racista y clasista, cuya institucionalidad ha mantenido mafias que han ocupado cargos públicos como vía para hacer negocios ilícitos, acumular riquezas, reproducir jerarquías y desigualdades.

A diferencia de las gentes que piden la salida del titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), Iván Velázquez, luego que el presidente de la República Jimmy Morales lo declarara non grato de manera arbitraria sin respaldo jurídico, representantes de alianzas de feministas resaltan que las mafias patriarcales están haciendo un frente común para mantener la impunidad; en el que figuran diputados, alcaldes, gobernadores, funcionarios de alto nivel y líderes políticos que presienten perder sus privilegios o ser acusados por las tranzas cometidas.

Cabe entonces mencionar algunos de los casos develados por la CICIG junto con el Ministerio Público: Por defraudación aduanera, guardan prisión el ex presidente de la República, la ex vicepresidenta, varios de ministros del Ejecutivo y empresarios. Ex diputados y ex trabajadores del Congreso están siendo juzgados por peculado en forma continuada, asociación ilícita y lavado de dinero. A varios ex alcaldes también se les siguen procesos por malversación de fondos.

Dos casos que ya tienen sentencia son: uno contra un ex congresista por utilizar el poder para manipular elecciones del Organismo Judicial y otro contra una ex jueza por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. En uno de los procesos judiciales más recientes, están implicadas 28 personas, ex funcionarios del Ejecutivo y empresarios, a quienes se acusa de extorsión, abuso de autoridad y peculado. Algunos inculpados se encuentran prófugos, entre ellos, los ex ministros de Comunicaciones y Transportes y de Energía y Minas.

Con base en lo antes descrito, es obvio que quienes hicieron costumbre robar fondos públicos, financiar de manera ilegal las campañas electorales incluso en alianza con narcos y anidar mafias dentro del sector seguridad y justicia, ahora se sienten perseguidos por ello, independientemente del partido o grupo político al que pertenecen han hecho un pacto entre corruptos.

Organizaciones de mujeres y otras agrupaciones sociales y políticas exigen el desafuero inmediato del presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales, a quien la CICIG y el MP señalan por su presunta vinculación al financiamiento electoral ilícito, mientras fungía como secretario general del partido que lo postuló.

En opinión de algunas feministas, la situación de desgobierno actual no se resuelve mediante disyuntivas entre uno y otro bando. La lucha contra la impunidad hay que darle continuidad y al mismo tiempo vincularla con otras, por ejemplo: por una vida sin violencias ni discriminaciones, la defensa del territorio y el respeto a las consultas comunitarias, por una reforma profunda de la Ley Electoral de Partidos Políticos. Las transformaciones que requiere Guatemala exigen mayor solidaridad y compromiso entre movimientos sociales y ciudadanía, ellas aseguran que las alianzas serán posibles si nos escuchamos y construimos propuestas colectivamente.

* Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.