Tamara Peñalver / Presunción de Inocencia
El 1 de septiembre [2017] se cumplió un mes de la desaparición de Santiago Maldonado y cerca de 250,000 personas se manifestaron en la famosa Plaza de Mayo,[2] de Buenos Aires, exigiendo su aparición con vida. Pero no fue el único escenario del reclamo ciudadano.
A lo largo y ancho de país, niñas, niños, jóvenes y adultos reclamaron a las autoridades del Estado Nacional que respondan una única pregunta que da la vuelta al mundo: ¿Dónde está Santiago Maldonado? A más de 40 días de su desaparición aún nadie responde.
Santiago fue visto por última vez el 1 de agosto, cuando la Gendarmería Nacional realizó un operativo de desalojo en el territorio de la comunidad originaria Pu Lof en Resistencia Cushamen, en la provincia de Chubut (al sur de la Argentina, en la Patagonia).
Según las denuncias, la Gendarmería Nacional ingresó a la comunidad disparando balas de goma, quemando colchones, herramientas de trabajo, semillas y otras pertenencias de los mapuches. Tal ingreso lo realizó sin orden judicial. El juez solo había ordenado que se despejará la ruta 40, por los cortes que estaban realizándose para exigir la libertad del lonko (jefe) Facundo Jones Huala.
Ese día Santiago se encontraba defendiendo y apoyando la lucha mapuche. Salió corriendo para refugiarse y no se lo volvió a ver desde entonces. Diversos testigos lo sitúan en el lugar; algunos mencionan que fue golpeado por las fuerzas de seguridad y arrestado.
Contexto de la represión
El Pueblo Mapuche, que habita el sur de nuestro país, inició el proceso de recuperación de sus tierras ancestrales de las cuales fue despojado durante el siglo XIX, con la Campaña al Desierto liderada por el Ejército argentino. Esta mal llamada «campaña» consistió en un proceso de apropiación de parcelas y exterminio de las comunidades originarias. Significó el genocidio de los pueblos mapuches, ranqueles y tehuelches de nuestro país, historia similar a la que podemos ver a lo largo de América Latina.
Mucho tiempo después hubo negociados con las tierras, que pasaron a intereses ingleses. En este marco se creó la Compañía Tierras del Sud y en los años noventa la familia Benetton adquirió aproximadamente 900,000 hectáreas de nuestras tierras patagónicas con el apoyo del Estado y la justicia nacionales.
El lugar donde se produjo la represión y la desaparición de Santiago Maldonado pertenece a la Compañía de Tierras Sud Argentino, SA, de la familia Benetton, dedicada al mercado de lana, la producción vacuna, la plantación de pino y los negocios petroleros en la Patagonia.
Los integrantes de la comunidad mapuche han sido obligados a su desculturización y explotados laboralmente desde hace décadas por los empresarios. Sus reclamos no son nuevos, como tampoco la historia. Los pueblos originarios de Argentina sufren discriminación por parte de las autoridades, que ignoran dichos reclamos y no responden.
Esta situación da comienzo al proceso de recuperación de las tierras ancestrales el 13 de marzo de 2015, cuando la comunidad mapuche decide avanzar sobre parcelas cercadas por los Benetton. Desde ese entonces comenzaron a sufrir hostigamientos de las fuerzas de seguridad del Estado, cada vez más violentos. El más reciente, con la desaparición de Santiago Maldonado, quien no pertenece a la comunidad: Es de Buenos Aires y apoyaba el reclamo por sus convicciones e ideales. Y esta desaparición no es la primera. Los mapuches ya denunciaron las de integrantes de su comunidad a manos de las fuerzas de seguridad, desapariciones que no han transcendido en los medios masivos y hegemónicos de comunicación.
La negación de la desaparición forzada de Santiago Maldonado no es ingenua. La no visualización de las desapariciones de los integrantes de la comunidad mapuche tampoco.
La investigación penal
La Gendarmería Nacional, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina, reprimió al pueblo mapuche el día en que Santiago Maldonado desapareció, sin que nadie sepa nada más de él. Al comienzo de la investigación el Estado Nacional negó la vinculación de esta fuerza con la desaparición de Santiago, y la justicia investigó la causa como «NN sobre averiguación de delito», sin hacer referencia a desaparición forzada. Esto ocasionó que la comunidad internacional se pronunciara, para reclamar que se investigue el caso y se den respuestas sobre el paradero del desaparecido.
El 7 de agosto, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas consideró que la desaparición de Santiago Maldonado exige la acción urgente del Estado parte para buscarle y localizarle y para identificar a los responsables. Incluso ordenó que la Gendarmería Nacional se abstenga de realizar actos de investigación en el marco de la causa.
Se presentaron diversos pedidos de habeas corpus en su favor y los más importantes organismos de derechos humanos del país se manifestaron por la aparición con vida de Santiago y por reorientar la investigación hacia las fuerzas de seguridad. Finalmente, el 24 de agosto la causa fue recaratulada como desaparición forzada de personas y días después la investigación se enfocó en dichas fuerzas; es decir, casi 30 días después de la desaparición, cuando muchas de las evidencias ya no podrían rastrearse.
Esta desaparición forzada es investigada por la justicia federal argentina con características inquisitivas, donde quien lleva a cabo la investigación es el juez de instrucción, salvo que él mismo prefiera delegarla al Ministerio Público Fiscal. Aunque en 2014 se sancionó un código procesal penal acusatorio que transparenta las investigaciones penales, delegándolas en los fiscales, con audiencias orales y públicas, y con jurados populares, esta legislación no ha sido implementada por el gobierno nacional.
Aparición con vida de Santiago Maldonado y respeto por el pueblo mapuche
Las palabras dicen mucho de nuestra historia y las preguntas que nos hacemos como ciudadanos también. La negación de la desaparición forzada de Santiago Maldonado no es ingenua. La no visualización de las desapariciones de los integrantes de la comunidad mapuche tampoco.
La memoria colectiva se paraliza ante una desaparición, ya que el Estado argentino aún nos debe la respuesta a la siguiente pregunta: ¿Donde están las 30,000 personas desaparecidas durante la dictadura cívico-militar (1976–1983)? Los responsables (solo algunos) de estos crímenes de lesa humanidad fueron condenados a más de 20 años del retorno a la democracia, gracias a un Estado que dijo memoria, verdad y justicia.
Sin embargo, muchos de estos crímenes han quedado impunes dado que el Poder Judicial fue cómplice de aquella dictadura. ¿Podemos creer entonces que la negación a implementar un sistema de justicia oral con jurados populares es inocente? Los argentinos y argentinas aun esperamos que se lleve a cabo la reforma procesal penal federal, para que la justicia comience a dar respuestas, y rinda cuenta de sus actos y decisiones.
Ninguna de estas preguntas está desvinculada de la que origina este texto. Queremos respuesta: ¿Donde está Santiago Maldonado?
