Manuel Ibarra Santos

            A escasos 80 días de los comicios de junio próximo, la violencia criminal se ha constituido en un flagelo que perturba profundamente la vida social, así como la existencia de las instituciones democráticas. Se tiene, por ese motivo, por imperativo categórico, en la presente coyuntura, que trabajar desde las estructuras del Estado, con políticas eficientes, para combatir las conductas delictivas, como acción para estimular el desarrollo integral de la sociedad zacatecana.

          Pero al respecto, existe otro riesgo mayor, del que alertó en sus memorables obras el escritor italiano (por cierto, maestro de vocación), Leonardo Sciascia (1921/1989), quien en sus memorables estudios y novelas indicó que, si no se elimina la influencia de las mafias en la política, eso puede conducir a la irremediable “sicilianización del poder”.

          Y el poder público en manos de las mafias (argumentó el profesor Sciascia), lo único que propicia es la desnaturalización de la política, la deformación de la democracia y obstruye el compromiso del Estado, para cumplir con los fines éticos de la justicia social.

Por eso, combatir y/o reducir los altos niveles de violencia criminal que nuestra sociedad padece, de manera asfixiante, es una de las más altas responsabilidades públicas. ¿Pero a quién compete esa tarea?

            La seguridad pública, lo establece el Artículo 21 de la Constitución General de la República, es una función del Estado Mexicano, que compete en su realización a la Federación, a los gobiernos de las entidades y a los municipios, los que deben actuar coordinadamente para atenderla.

            En ese sentido, las normas jurídicas son muy claras y específicas, sobre a quién corresponde la responsabilidad de implementar y ejecutar las políticas en materia de seguridad pública, en México y en Zacatecas. No existen márgenes de discrecionalidad para que se impongan los pretextos.

           Los tres niveles de gobierno (Federación, Estado y municipios) debiesen actuar conjuntamente para impedir que la jornada electoral del seis de junio próximo, se convierta en una democracia sangrienta, que impida que avance la justicia social y sea un obstáculo para el desarrollo.

            El incremento de los indicadores delictivos en el país y en Zacatecas son realmente preocupantes.

            En el 2020, la tasa de homicidios dolosos en nuestro Estado, aumentaron en más de un 65 por ciento en relación a la anualidad anterior e iniciamos el 2021 con un ritmo desbordante que superó todos los pronósticos que colocan ahora a Zacatecas en los primeros lugares nacionales en materia de violencia criminal.

            Durante el 2020, Zacatecas se ubicó entre las entidades peor evaluadas en el semáforo de alto impacto, que incluyó homicidios, secuestros, extorsiones y narcomenudeo, entre otros.

            Por eso, cobra relevancia en la actualidad, la propuesta y actitud positiva del gobernador Alejandro Tello, consciente de la situación difícil que se vive en la entidad, al solicitar con urgencia el respaldo del presidente López Obrador, para aumentar el número de elementos de la Guardia Nacional en territorio zacatecano y mejorar la estrategia anti/crimen, hecho que ya se concretó, a pocos días después de la última visita del Jefe de la Nación.

            EL CRIMEN Y LAS AMENAZAS CONTRA LA DEMOCRACIA.

            En la actualidad, todos los especialistas coinciden en que la violencia criminal es una de las cuatro grandes amenazas que se ciernen sobre las instituciones democráticas: las otras tres son: uno, la corrupción; dos, la violación a los derechos humanos; y tres, el ejercicio autocrático del poder.

            Es incuestionable que la violencia criminal tiene en esencia dos fuentes: la impunidad y la corrupción. Y para reducir las conductas delictivas, en mucho depende que se enfrenten esos problemas y se ataquen sus causas y orígenes de corte social.

            Lo grave de todo es que la violencia criminal, producto de la impunidad y la corrupción, han derrumbado los cimientos de la calidad democrática en nuestra sociedad.

            Y es que, debemos considerar que la calidad de la democracia existe, sólo y sí, ésta se traduce en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Y eso no ha sucedido.

            Este hecho revela que padecemos una democracia corrupta y altamente corruptora, que concentra los privilegios y los beneficios en unas cuantas manos.

            Los comicios del próximo mes de junio tienen, por tanto, la responsabilidad histórica de propiciar cambios profundos en la entidad, que mejoren las condiciones de vida de los zacatecanos. De lo contrario fracasará y no cumplirán su misión.

            Y un desafío que se tiene en perspectiva, es eliminar y reducir los índices de violencia criminal que padece la sociedad zacatecana, porque ésta obstruye y asfixia el desarrollo.

            LEONARDO SCIASCIA Y LA LITERATURA ANTI/CRIMEN.

            Sciascia, quien nació en la comunidad siciliana de Racalmuto, Italia, escritor, novelista, periodista y maestro de profesión, es sin duda el estudioso más importante, en su época, sobre las mafias y la democracia. Su primera novela fue dedicada a la mafia siciliana y se tituló “El Día de La Lechuza”. Luego vinieron muchas otras obras memorables.