Lucía Lagunes Huerta/ Zona de Reflexión
Cimacnoticias
El terrible asesinato de Alma Rosa Barragán, candidata a la presidencia municipal de Moroleón, Guanajuato, deja al descubierto que la disputa por el control político y territorial está a ras de municipio, no sólo de los grupos criminales sino también para los grupos políticos masculinos.
Ya se tenían ejemplos que no se aquilataron en su momento, recordemos a Eufrosina Cruz, quien ganó la presidencia municipal de Santa María Quiegolani y no pudo ejercer el cargo por la oposición masculina, un caso que se volvió un escándalo nacional e internacional pero no se tomaron acciones concretas. El asesinato de la ya electa presidenta municipal de Temixco, Gisela Mota Ocampo en 2016, la agresión contra síndicas y regidoras de San Juan Cancuc, Chiapas, a quienes les impidieron tomar posesión porque eran mujeres, y el presidente municipal electo no las quería.
En estas elecciones el reto no sólo está en las dimensiones por la cantidad cargos y la participación de candidaturas, sino en la violencia que no se destierra de nuestro país y que nos muestra la disputa por el control territorial y político que sigue anidado en México, que no fue considerada para tomar las medidas preventivas necesarias.
Antes de que el gobierno federal presentara la estrategia de protección para esta contienda electoral ya se registraban 238 agresiones contra personas políticas donde 52 fueron mujeres.
Y como se sabe la violencia generalizada alimenta las agresiones contra las mujeres.
Esto se ve reflejado perfectamente en los datos que se han dado a conocer. De acuerdo con la consultora Etelleck en esta contienda electoral se registra un incremento de violencia política de 64 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2018.
De las personas candidatas asesinadas en este proceso electoral 80 por ciento eran aspirantes a poderes municipales y opositores a los gobiernos actuales. Siete de cada 10 candidatas violentadas eran como Alma Rosa Barragán, candidatas a una presidencia municipal.
Y se sigue diciendo que si algún candidato o candidata pide seguridad se le dará, pero esto no necesariamente elimina las condiciones estructurales que generan las violencias que son estos controles territoriales.
Y es precisamente en los municipios donde las mujeres están enfrentando los mayores obstáculos para ejercer sus derechos políticos y donde los cacicazgos machistas sigue siendo uno de los mayores obstáculos para vencer en la democracia.
Pese a que la instancia municipal reconoció 29 años antes que a nivel nacional los derechos políticos de las mujeres la presencia de estas no llega ni al 30 por ciento, sólo 2 de cada 10 instancias municipales están encabezadas por mujeres.
Hay que dimensionar que son los municipios los espacios más cercanos de la ciudadanía y es el primer territorio donde se viven las desigualdades sociales y las disputas políticas.
No es casual que en estos se concentren además de la violencia política, el mayor número de atentados contra periodistas y personas defensoras.
Como estamos viendo en medida que se acerca el día de las votaciones lamentablemente la violencia política se agudiza, por lo que urge que los gobiernos Federal y Estatales redoblen esfuerzos para garantizar que la jornada electoral sea pacífica y segura para todas y todos.
